El entusiasmo de los cómplices
«Lo más sorprendente, surrealista y decepcionante es que de nuevo nos encontremos con la cobardía y la sumisión a Pedro Sánchez de todos sus cargos»
Ilustración de Alejandra Svriz.
La sucesión de decisiones que en los últimos años han mutilado el Estado de derecho, deteriorado la separación de poderes, socavado la independencia del poder judicial y que ahora quieren destrozar la igualdad financiera de las comunidades, es de tal calibre que en los libros de historia se recordarán estos años de gobierno de Pedro Sánchez como los más peligrosos para la supervivencia del estado democrático, de derecho y social, que se dieron los españoles en la Constitución de 1978.
La gravedad de lo que supone la ley de amnistía y, todavía más, el pacto de ERC con el PSOE para la independencia fiscal y financiera de Cataluña rompe cualquier esperanza de que Pedro Sánchez recupere la dignidad política, deje de pagar los chantajes que le imponen los independentistas catalanes y convoque elecciones. El paripé consentido, si no pactado, de la fuga del prófugo Puigdemont tras dar un discurso en Barcelona ante tres mil personas, pone de manifiesto que el Gobierno, por acción o por inacción, es capaz de llegar a la ignominia de incumplir la orden de arresto emitida por el mismísimo Tribunal Supremo. Y todo sin ningún rastro, no ya de responsabilidad política, sino de vergüenza ética.
Lo más sorprendente, surrealista y decepcionante es que de nuevo nos encontremos con la cobardía y la sumisión al líder de todos sus cargos. Entre ellos, los dos ministros magistrados a los que se presuponía, por su carrera judicial previa, que podrían ser los mayores veladores del cumplimiento de la ley. Pronto vimos que la bravuconería chulesca y altanera del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, solo eficaz en el traslado de los presos etarras al País Vasco y en machacar siempre que puede a sus propios policías y guardias civiles, le habían convertido posiblemente en el peor político de la democracia, incapaz de dimitir por los graves errores que ha cometido.
Al lado, la actitud más silenciosa y discreta, pero igual de cómplice y entusiasta, de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Los dos han vivido la transformación del pensamiento jurídico a cambio de la permanencia en el sillón de ministro. Ni una palabra ha salido de Robles desmintiendo las informaciones que aseguraban que se había dado la orden al CNI de no seguir, ni molestar a Puigdemont. Ni una palabra de Marlaska a pesar de que la vigilancia en fronteras, puertos y aeropuertos sigue siendo, por ahora, competencia del ministro de Interior como responsable de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Y es por ahora, porque ya se han cedido las competencias en puertos y aeropuertos en el País Vasco a la Ertzaintza, algo que ningún Estado permite, ya sea democrático o dictadura, porque rompe la propia esencia del control estatal de sus fronteras. Pero España, mes tras mes, tiene un Estado central más cercenado y recortado.
Somos menos Estado porque ni siquiera sus ministros de Interior y Defensa dan orden para hacer efectivos los mandatos de detención de prófugos. Y vamos a ser todavía menos Estado porque el propio Gobierno central, el que tendría que defender la solidaridad y eficacia de la financiación de las comunidades, es el que alardea de un proceso de federalización que, de forma oscura y torpe, intenta sacar adelante sin cumplir ninguno de los pasos legislativos que habría que activar y aprobar para cualquier cambio constitucional. Y eso lo es. Un federalismo que, por cierto, es también mentira porque es asimétrico y favorece en todas las competencias y financiación a dos, pronto a tres, territorios por supuestas singularidades históricas que, al parecer, no tienen ni Castilla ni Andalucía, por poner solo dos referencias de siglos y de peso.
Robles y Marlaska deberán algún día explicar cómo siendo magistrados y ejerciendo como ministros, han tenido la insolidaridad de criticar y acusar gravemente a un juez instructor como el del caso Begoña Gómez y de cómo han callado e incluso defendido la indefendible ley de amnistía. No son los únicos. Siempre superados por ese licenciado en derecho y experto en broncas, pero no en trenes, Óscar Puente, que tiene la soberbia de intentar dar lecciones al Tribunal Supremo acusándole de extralimitarse en la no aplicación de la ley de amnistía en los casos de malversación, e incluso la chulería de avisar que eso lo arreglará el Tribunal Constitucional. La chulería que confirma la terrible certeza de que el papel asignado al cancerbero Conde Pumpido es reconvertir todo lo que le llegue en algo que complazca al líder.
Toda España sabe que a Pedro Sánchez no le da miedo hacer lo que haga falta por seguir en el poder. Su situación de desgobierno, sin una mayoría estable que le permita aprobar sus proyectos en el Congreso, incluso con cinco ministros que le votan a veces en contra, la ha venido sobrellevando de manera sobrecogedora. La imagen de un gobierno arrastrándose en Ginebra hasta con patéticos mediadores internacionales no le va ahora a valer para nada. Puigdemont se siente cómodo en el esperpento político y ahora sus exigencias, una vez perdida toda esperanza de llegar al poder en Cataluña y sin que el Supremo le amnistíe, pueden ser dignas de Calígula.
Y lo hará a un Sánchez que estoy seguro de que espera que sean otros (oposición, socios o incluso los suyos) los que impidan que ese mal llamado concierto económico solidario que ha pactado con ERC para conseguir la presidencia de Illa salga adelante. La duda es si de nuevo los dirigentes socialistas autonómicos (incluidos diputados, senadores, alcaldes, etc.) volverán al mismo librillo de tres actos de los últimos años. Primero, hacen que se enfadan; segundo, pasan a ser más compresivos; y tercero, en la fase final, cuando ven su silla peligrar, culpan al PP del pacto. En especial, atacarán a Isabel Díaz Ayuso, a pesar de que la Comunidad de Madrid es, junto con Baleares, la comunidad más solidaria con el resto.
Todos los cargos socialistas terminan siendo entusiastas cómplices de la tropelía que haya hecho Sánchez y de la que acusarán al PP. No tienen reparos en prologar cualquier mentira de Sánchez cuando intenta confundir el 100% que concede a Cataluña con el 30% que concedió Aznar. La diferencia es que Aznar lo hizo con todas las comunidades, como previamente lo había hecho también Felipe González concediendo el 15. Vendrán otras excusas, supuestamente progresistas, en las que se dará la paradoja de que se ataque más la gestión del 30% de Madrid que la del 100% de Cataluña.
Sabe Sánchez retorcer la mentira para venderla como verdad. Por ejemplo, cuando defiende el inexistente, ni pactado, ni negociado, ni hablado concepto solidario del pacto con ERC. Nadie sabe qué será. Ni cómo se calculará el cupo catalán. Todo en el aire. No lo sabe ni la número dos del PSOE y del Gobierno, la vicepresidenta María Jesús Montero, que hasta hace tres semanas arañaba al que le hablara de este pacto y que ahora dice que está convencida. La que durante sus años de consejera andaluza de la Junta era la más ardorosa y virulenta crítica con cualquier cosa que oliera a privilegios para los catalanes en detrimento de los andaluces y ahora dice que está convencida.
La situación es grave. Tan grave que a nadie le extrañaría que Sánchez para taparla abriera, como en él es habitual, otra crisis más grave de nuevos chantajes. Y ya solo le queda el referéndum de autodeterminación. Esperemos que no tengamos que llegar a eso porque no dudará ni un segundo si eso le supone continuar unas semanas más en la Moncloa. Y, por supuesto, también aparecerán entusiastas y convencidos cómplices con el líder.
