El 'procés' sigue
«El poder de Pedro Sánchez y de Salvador Illa depende de quienes desean que el ‘procés’ desemboque en la tercera y definitiva fase: la independencia»
Ilustración de Alejandra Svriz.
El pasado día 8 de agosto, justo hace una semana, sucedieron dos hechos importantes para la política catalana que tendrán importantes consecuencias en la política española.
Primero, a las nueve horas, compareció el prófugo Puigdemont junto al Arco de Triunfo del Paseo de San Juan de Barcelona y pronunció una arenga de casi diez minutos ante sus 3.000 partidarios allí convocados. Inmediatamente después se confundió con la multitud que se dirigía hacia el Parlamento de Cataluña y regresó sin ser detenido por la policía a su residencia de Bruselas.
Segundo, una hora después se inició en la Cámara catalana la sesión de investidura que concluyó por la tarde, sin sorpresa alguna, con una ajustadísima votación que permitió a Salvador Illa, del PSC, ser elegido como nuevo presidente de la Generalitat.
Distingamos la distinta importancia y significado de ambos hechos.
Puigdemont había prometido formalmente que estaría presente en la sesión parlamentaria y debía cumplir con su palabra. En apariencia lo intentó y no pudo, pero es evidente que todo fue una farsa previamente pactada.
«El PSOE acuerda secretamente en Ginebra con los independentistas catalanes el incumplimiento de las leyes»
En efecto, es imposible escapar de un acto anunciado y de las características descritas sin estar en connivencia con los órganos de seguridad del Estado (policía nacional, guardia civil y servicios de inteligencia), de la Generalitat (Mossos de Esquadra) y del Ayuntamiento de Barcelona (que permitió la instalación de una amplia tarima en la que se pudiera instalar un atril desde el que Puigdemont se dirigiera a la concurrencia con la dignidad debida a un ex-presidente). Además, también es imposible fugarse después, abandonar Barcelona y atravesar la frontera española – tierra, mar y aire, vete a saber – sin ser detenido por ninguna de las fuerzas de seguridad. Si ello fuera posible todavía la situación sería más grave, estaríamos en total inseguridad.
Ahora sabemos algo más de las cuestiones que el PSOE acuerda secretamente en Ginebra con los independentistas catalanes: pacta con ellos el incumplimiento de las leyes y les otorga privilegios vulnerando el principio constitucional de igualdad por razones políticas que nada tienen que ver con los intereses generales sino exclusivamente con los intereses de partido. Algún día el Poder Judicial deberá dar cuenta de las responsabilidades penales de quienes cometen tales actos.
Pero el segundo hecho relevante de aquel jueves 8 de agosto es mucho más importante, sobre todo por sus futuras consecuencias en la política española: el acuerdo con ERC para que Illa fuera investido presidente. El núcleo básico del acuerdo es conceder a la Generalitat un modelo de financiación «singular» al modo del concierto vasco. Una concesión más a quienes incumplen la ley sin pudor alguno y a la vista de todos desde hace unos doce años.
En definitiva, un premio a los forajidos, uno más tras los indultos, la supresión del delito de sedición (anticipo de la amnistía), la rebaja de la pena en el de malversación y la arbitraria amnistía. Todo justificado en la conservación del Gobierno, un bien jurídico a proteger que no aparece en nuestra Constitución ni en ninguna Constitución de nuestro ámbito cultural democrático. Algo claramente prohibido en cualquier Estado de derecho, que también practican gobernantes autócratas como ahora mismo Maduro en Venezuela. En estos niveles de democracia empezamos a movermos.
«Illa es ya una pieza más del mundillo nacionalista catalán, un colaborador necesario»
Puigdemont es un aventurero de la política pero Illa no: hasta ahora se ha comportado como un político serio a pesar de sus errores, ¡quién no comete errores! Pero Illa, seguramente por su sumisión inquebrantable a Pedro Sánchez, está llegando a un punto en que, no sólo ya no es el de antes de ser ministro de Sanidad, sino que es una pieza más del mundillo nacionalista catalán, un colaborador necesario.
Su discurso de investidura, las réplicas a los portavoces de Junts y ERC, las palabras utilizadas en su toma de posesión y en los de sus consejeros, los símbolos que han presidido todo ello, son los propios no solo de un nacionalista sino de un nacionalista duro. Cuando se cambia el lenguaje, también el simbólico, se está cambiando el fondo de lo que se quiere comunicar. Y lo que comunica Illa es que Cataluña es una nación de Europa y no una nacionalidad española, que por ese hecho debe tener un trato financiero distinto a las demás comunidades autónomas y que los jueces, en especial el Tribunal Supremo, no aplican la ley de amnistía, punto crucial del actual debate político.
¿Cómo se puede sostener que el Tribunal Supremo no aplica la amnistía porque no la aplica como desea el Gobierno? En un próximo artículo nos entretendremos en explicar qué significa la aplicación de las leyes y quienes son los órganos encargados de aplicarlas.
En todo caso, avancemos que esa pretendida «voluntad del legislador» que hoy tanto se invoca como único método legítimo de interpretación de la amnistía es una barbaridad jurídica insostenible, sólo cabe leer el art. 3.1 del Código Civil en donde se enumeran los variados métodos de interpretación de las leyes: la voluntad del legislador, la voluntas legislatoris, es uno de ellos pero desde luego ningún jurista respetado lo considera el más importante: la voluntas legis, la voluntad de la ley se averigua mediante otros métodos en una tarea muy compleja.
«Los mismos que piden ser amnistiados siguen cometiendo acciones que pueden constituir nuevos delitos»
¿Por qué Illa dice al comienzo de su discurso, en el que debía exponer su programa político y no lo hizo, que los jueces no aplican la ley de amnistía de forma «ágil, rápida y sin subterfugios»? ¿Sin subterfugios? Esto es una acusación muy dura. ¡Claro que la aplican y razonan su forma de aplicarla, empezando por el Supremo! Cosa distinta es que para aplicarla la interpreten de una manera que no le guste al Gobierno, especialmente grave en Bolaños que es ministro de Justicia y ha sido letrado del Banco de España, algo debe saber de derecho.
La situación es paradójica: por un lado quieren que se aplique la ley de amnistía pero, por otro, los mismos que piden ser amnistiados siguen cometiendo acciones, como es el caso de los que pueden ser acusados en relación con tocata y fuga de Puigdemont, que pueden constituir nuevos delitos. Entre las posibilidades están claramente los de desobediencia, de omisión de perseguir delitos, de encubrimiento, de obstrucción de la justicia… ¿Se necesitará otra ley de amnistía para librarlos también de posibles nuevas acusaciones?
Lo hemos dicho muchas veces: lo esencial del procés es que en un momento dado, a fines de 2012 y principios de 2013, las autoridades de la Generalitat decidieron incumplir las leyes que impedían sus deseos, de facto se declaró a Cataluña un territorio sin ley. En eso consistió el núcleo del golpe de Estado de 2017: entonces se decidió prescindir de la Constitución y separarse de España mediante procedimientos pasmosamente inconstitucionales.
Puigdemont ha dicho estos días que «el procés no se ha acabado, se ha acabado la primera fase (…), el proceso de independencia se acaba con la independencia». Tiene buena parte de razón. La segunda fase es el concierto financiero y fiscal. Lo grave del momento es que en esta segunda fase los protagonistas principales son los socialistas, el Gobierno español y el Gobierno de la Generalitat, Sánchez e Illa: su poder depende de quienes desean que el procés desemboque en la tercera y definitiva fase. Y les interesa más el Poder que el Derecho.
En momentos de desánimo, estos deliciosos instantes que proporciona el vago estío, pienso que quizás lo mejor es que pasemos a esta tercera fase para acabar de una vez. Pero al despertar sobresaltado cambio inmediatamente de opinión. ¿Hasta cuándo? El procés sigue.
