La conciencia de los cargos socialistas
«Nos hemos acostumbrado a que esos cargos socialistas traguen ruedas de molino, sapos y hasta dinosaurios enteros con tal de seguir aferrado a su silla»
Ilustración de Alejandra Svriz
La actual deriva de la política española con un gobierno incapaz legislativamente de sacar adelante nada que no haya sido exigido y chantajeado previamente por alguno de sus socios, pone de manifiesto la falsedad de la efectividad de lo que siguen llamando un gobierno progresista. En estos años de gobierno sanchista el progresismo se ha convertido en una etiqueta usada como un muro contra los que no le apoyan. Y no es el progresismo lo que quedará en el recuerdo de su gobierno con socios como Junts o PNV. Más bien se recordará la capacidad de Sánchez para mentir, para hacer lo contrario de lo que alardea y para pisotear cualquier rastro de sentido jurídico que le moleste en lo que quiera hacer.
Lleva años gobernando a base de decretazos. Una figura legislativa, la del decreto ley, que según la Constitución hay que reservar solo para casos de «extraordinaria y urgente necesidad». Otros presidentes también la usaron antes, pero ninguno en la cantidad, exceso y falta de trasparencia del actual presidente. Sánchez, en su habitual concepción ptolomeica en la que él es el centro del universo, entiende que por «extraordinaria y urgente necesidad» los padres legisladores previeron que se usara para que él pudiera hacer siempre, sin mirar destrozos legales, todo lo necesario para continuar en la Moncloa, por encima de otras nimiedades jurídicas, políticas e incluso humanas.
Desde que llegó al poder en 2018, Sánchez ha gobernado con casi centenar y medio de decretos leyes. Gobernar con decretos leyes implica evitar esos protocolos, tiempos, filtros, lecturas, discusiones e informes consultivos que implican los proyectos de ley. Es decir, se evita la función legislativa, el objetivo principal del legislador, la necesidad de hablar, discutir y presentar enmiendas sobre lo que se quiere aprobar. Cierto es que en el plazo de un mes deben pasar por el Congreso para ser convalidadas o derogadas por mayoría simple. El abuso del procedimiento de urgencia ha reducido la acción legislativa a un mero trámite único de votación y aprobación. Ha anulado la capacidad legislativa de todos, incluidos la de los propios parlamentarios socialistas, que se han convertido en autómatas del botón del voto que se les indique.
En los últimos meses, con Junts de socio estelar, la productividad del gobierno ha ido a peor y solo ha conseguido sacar adelante siete leyes. Sánchez ha volcado toda la energía y fuego de artillería en solo dos: la Ley de Amnistía y el acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (que sacó adelante con los votos del PP). La amnistía exigida por Puigdemont ha monopolizado la acción política del gobierno. Una ley tan chapucera que además de romper la igualdad de los españoles ante la ley y atacar la independencia del Poder Judicial, ni siquiera ha conseguido una redacción que le haya permitido al prófugo de Waterloo poder ser beneficiado totalmente por ella. Intencionado o no, lo cierto es que la Ley de Amnistía no tiene validez en los delitos de malversación para el Tribunal Supremo.
La reciente tocata y fuga de Puigdemont de Barcelona, con la aquiescencia pasiva o activa de mossos, y también de los ministerios de Interior y Defensa, anticipa un otoño movido y muy complicado para Sánchez. A la tortura china, aleatoria y caprichosa de Puigdemont, que de momento sigue dominando los siete votos de Junts en el Congreso, se unirán los celos y exigencias de una ERC que necesita quitarse la imagen de sumisión a Salvador Illa. Eso en Cataluña. En el País Vasco se ven algunos indicios de vuelta del PNV a la realidad de que se ha dado cuenta de que no son progresistas en todo y que necesitan marcar distancias con una Bildu a la que le va de maravilla ser el socio más fiel de Sánchez en España para blanquear su imagen y seguir ganando posiciones en Euskadi. Y luego están los de Sumar, que cada vez sumarán menos. Sus eternas luchas no serán ya contra sus hermanos de Podemos. En cuanto llegue la propuesta de financiación especial para Cataluña veremos lo que hacen Compromís, la Chunta o incluso esos diputados de Más Madrid, siempre entusiastas con Sánchez, para explicar a sus militantes y votantes que la solidaridad de izquierdas progresista es solo para Cataluña y que la tienen que pagar el resto de las comunidades autónomas.
Con este contexto de parálisis legislativa no se gobierna un país. No se consiguen sacar adelante los proyectos políticos por los que han sido votados. Lo único que se busca ya es una patada hacia adelante para que Sánchez se mantenga en el poder. De que no pierda privilegios en situaciones más complicadas como las que llegarán cuando avancen más los casos judiciales que rodean a su esposa y a su hermano. Sánchez ya sabe que por segundo año consecutivo no tendrá Presupuestos Generales. Le da igual. Él busca seguir hasta julio de 2027. Como sea. Ya buscará fórmulas para activar fondos extras para aquellos proyectos que lo necesiten. Tampoco le va a quitar el sueño incumplir otra vez el mandato constitucional, artículo 134, que le indica que «corresponde al Gobierno, la elaboración de los presupuestos generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación». Es decir, tiene la obligación de presentarlos. Gane o pierda. El año pasado no lo hizo. Pero aquí nunca pasa nada.
Sánchez no va a gobernar, pero necesita esos entornos de entusiastas que no cuestionen ni una sola de sus aberrantes decisiones. Esos cargos que a veces parecen zombis ideológicos, que piensen más en sus cargos que en sus ideas y que le siguen siempre sin pensar en las retorcidas consecuencias de sus votos. Los cargos socialistas, tanto en Cortes Generales como en las asambleas autonómicas, tienen una enorme responsabilidad. Están ayudando con su silencio a romper el marco de consenso y estabilidad que nos ha dado la Constitución de 1978. Han permitido que Sánchez convierta en algo sin vida crítica al propio PSOE y ahora van a permitir romper la solidaridad financiera de España.
«Nos hemos acostumbrado a que esos cargos socialistas traguen ruedas de molino, sapos y hasta dinosaurios enteros con tal de seguir aferrados a su silla»
Visto el panorama, ¿para qué le sirve a Sánchez gobernar? ¿Debería disolver las Cortes y convocar elecciones ante la segunda parálisis presupuestaria que viene? O, ¿prefiere seguir chapoteando sobre el marco constitucional con nuevos inventos y chantajes independentistas a los que dará máxima prioridad y valor? ¿Será capaz de saltarse de nuevo el consenso y espíritu constitucional y llevarnos por la puerta de atrás a un falso proceso de federalización? ¿Lo puede hacer sin que se rompan los mecanismos de solidaridad financiera y de igualdad de los españoles ante la ley? ¿Va de nuevo a mentirnos con la idea de un falso e ilegal Estado federal que él mismo pervierte en su idea, al introducir y mantener un modelo foral que favorece y privilegia a tres comunidades a costa de los impuestos del resto de españoles?
Estas son cuestiones que todo dirigente socialista tiene que plantearse de una vez. Han permitido hasta ahora que gigantescas mentiras de Sánchez hayan afectado a cuestiones trascendentales del Estado de derecho en España, a la igualdad de los españoles ante la ley, a la solidaridad financiera de los territorios o a la independencia judicial. No critican sus ataques a jueces y a medios independientes. Nos hemos acostumbrado a que esos cargos socialistas traguen ruedas de molino, sapos y hasta dinosaurios enteros con tal de seguir aferrado a su silla. Esos cargos que en cuestión de dos semanas pasaron como autómatas de negar los indultos o la amnistía a defenderlos.
Pues pronto todos esos cargos socialistas tendrán que mojarse frente a sus ideas, frente a sus votantes y frente a sus conciencias. Tendrán que dar la cara frente a ciudadanos andaluces, castellanos, aragoneses o asturianos y explicarles por qué van a tener que pagar con sus impuestos los caprichos independentistas y forales de tres comunidades más ricas. Y mucho me temo que sólo tendrán una respuesta: es a cambio de que Sánchez siga unos meses más en la Moncloa. Eso les pesará siempre en sus conciencias.
