El desinformador contra la desinformación
«El gobierno hará lo posible para que la interpretación necesaria en toda legislación sobre delitos de odio sea todo lo favorable a su gobierno»
Ilustración de Alejandra Svriz.
En el tema de la regulación de los medios y la desinformación, el Gobierno suele proponer cosas que ya existen. El presidente Sánchez, después de sus cartas a la ciudadanía, prometió que modificaría la ley orgánica sobre el Derecho al Honor y la del Derecho a la Rectificación para acabar con la «impunidad de algunos pseudomedios»; pero son dos leyes efectivas y garantistas que ya funcionan bien (en todo caso, quizá deberían ser más flexibles). También habló de modificar las leyes sobre publicidad institucional; sin embargo, es un gobierno especialmente opaco en su reparto.
Ahora, su fiscal contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar (digo su fiscal porque el presidente ha sido realmente explícito en su defensa de la fiscalía como una herramienta gubernamental), ha defendido acabar con el anonimato en redes para evitar delitos de odio, cuando la policía ya es capaz de identificar a autores anónimos que cometen delitos en redes. Aguilar también propuso cerrar la entrada de «aquellas personas que se han servido de utilizar internet o redes sociales para la comisión de un delito», algo que no quedó muy claro cómo se establecería.
Es posible que, igual que el resto de propuestas/globos sonda del gobierno, estas ideas se queden en nada. El supuesto «paquete democrático» contra la desinformación que anunció Sánchez se quedó en una simple transposición de la Ley Europea de Libertad de Medios de Comunicación. Quizá la figura «Fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación» suena sofisticada; su trabajo, en cambio, no parece muy diferente al del becario que recopilaba los insultos que recibía Óscar Puente. Además, si la solución que se le ha ocurrido al gobierno para evitar el consumo del porno en menores fue una especie de DNI del porno, la solución para acabar con el anonimato en redes quizá implique llevar una fotocopia del DNI a Correos.
Como pasa a menudo con el tema de la regulación de la libertad de expresión, el verdadero problema es quién propone la solución y cómo. La desinformación y los bulos son un problema real. Pero que un gobierno tan proclive a la manipulación informativa y la desinformación sea quien se plantee solucionar esta situación resulta sospechoso. Es aún más preocupante que lo haga a través del Código Penal.
Todo delito es interpretable. Existen infinidad de tipos delictivos, matizables, cuestionables. El rigorismo de muchos defensores del Estado de derecho es a veces muy inflexible: el derecho no es solo la fría interpretación del Código Penal, aplicar la ley no es simplemente poner un molde sobre la realidad. Si esa ambigüedad es estructural a todo el derecho, cuando se entra en la libertad de expresión la cuestión se vuelve aún más complicada.
«Que un gobierno tan proclive a la manipulación informativa y la desinformación sea quien se plantee solucionar esta situación resulta sospechoso»
El juez tiene mucha discrecionalidad. Basta el ejemplo de Anónimo García y el famoso caso de la Ruta de la Manada, una obra explícitamente satírica que fue interpretada por el juez con absoluta solemnidad y estrechez de miras. El resultado fue la privación de la libertad de un individuo inocente. Toda ley sobre delitos de odio va a tener ese tipo de problemas. La nueva ley contra delitos de odio en Escocia, que ha provocado mucha polémica, tiene un punto en el que afirma que es una ofensa comportarse o mostrar material «que una persona razonable podría considerar amenazante o abusivo». ¿Quién es esa persona razonable? Una amenaza es relativamente fácil de identificar. ¿Y algo abusivo? Lo que es abusivo para mí puede no resultar abusivo para ti.
En un tuit reciente, la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (yo tampoco sabía que existía) mostró una gráfica que mostraba la «Distribución de la expresión del discurso de odio según grupo diana al que se dirige». Había tres tipos de comportamientos: agresivo explícito, discriminatorio no agresivo y, lo que me resulta más chocante, ironía o sarcasmo. Es preocupante que los conceptos «ironía o sarcasmo» salgan junto a delitos de odio. Las fronteras son porosas. La ambigüedad es comprensible. Lo que sí resulta claro es que el Gobierno hará lo posible para que la interpretación necesaria en toda legislación sobre delitos de odio sea todo lo favorable a su gobierno.
