Venezuela: dictadura del siglo XXI
«El régimen chavista siempre ha querido mantener una apariencia democrática, pero Maduro lo ha cerrado los resquicios de pluralismo»
Ilustración de Nicolás Maduro. | Alejandra Svriz
Venezuela es una dictadura. El régimen chavista siempre ha querido mantener una apariencia democrática dejando mínimos resquicios de pluralismo, pero Maduro los ha ido cerrando con sus intervenciones despóticas y ha convertido al país del socialismo del S. XXI en la dictadura de esta centuria.
El Tribunal Supremo de Justicia, controlado por Maduro, decidió esta semana validar los resultados de las elecciones sin mostrar las actas y en un proceso totalmente opaco, mientras la Fiscalía General del oficialismo citaba al candidato presidencial opositor, Edmundo González, por su supuesta participación en varios delitos como la publicación de las actas de votación en una web. Maduro dio una vuelta más a la tuerca de represión y control dando un paso más hacia el abismo totalitario en el que ha caído el país sudamericano.
El socialismo del S.XXI de Hugo Chávez, continuado por su sucesor Nicolás Maduro, ha destruido la economía y la sociedad venezolana. Venezuela con una economía basada en el petróleo pasó, por obra y gracia de Chávez, de producir 7 millones de barriles de petróleo diarios a 700.000 en 2022. Todo ello tras el despido de 20.000 personas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en 2002 con el fin de sustituirlos por afines al régimen. La caída de los precios del petróleo afectó a la economía rentista venezolana, que se derrumbó en un 70% entre 2014 y 2021, dando lugar a la miseria, la corrupción y una brutal hiperinflación que sumergió al país en el desabastecimiento y la pobreza. Con un ingreso mínimo de 5 dólares al día, la población necesita de varios trabajos para cubrir sus necesidades mínimas y sitúan al país como uno de los más pobres de América Latina tras Cuba y Haití. Esta situación dio lugar a la salida del país de 8 millones de personas, en su mayor parte universitarios y en edad de trabajar.
El famoso “exprópiese” de Chávez ha ido a más y el derecho de propiedad está en peligro por las confiscaciones ilegales de tierras y la extorsión por parte de grupos armados que desincentivan la actividad empresarial privada. Según la ONU, el grupo terrorista colombiano del Ejército de Liberación Nacional (ELN) opera en el estado venezolano de Bolívar y tiene un acuerdo con el gobierno para controlar la actividad minera ilegal.
«El respeto al Estado de Derecho se ha convertido en un chiste en Venezuela»
La corrupción campa a sus anchas y el control cambiario y de precios por parte del gobierno dan lugar al mercado negro y a la proliferación de redes del crimen organizado, que han convertido al país en unos de los más inseguros de América Latina. Los grupos armados irregulares, fuerzas de seguridad y pandillas organizadas dan lugar a gran número de muertes violentas que llegaron a la cifra de 35,3 por cada 100.000 habitantes en 2022, según el Observatorio Venezolano de Violencia. La ONG venezolana de derechos humanos Provea documentó 9.465 ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por fuerzas policiales y militares entre 2013 y 2023 y las cárceles del país se encuentran entre las peores de la región.
El respeto al Estado de Derecho se ha convertido en un chiste en Venezuela. El partido gobernante, PSUV, domina el poder judicial, y los 20 jueces del Tribunal Superior de Justicia fueron elegidos en 2022 por la Asamblea Nacional controlada por dicho partido. Los opositores son detenidos y procesados de manera rutinaria sin tener en cuenta el debido proceso y en ocasiones son llevados a tribunales militares como denuncia Freedom House en su informe anual sobre las libertades civiles. Según la organización Foro Penal, en diciembre de 2023 había más de 275 presos políticos en Venezuela, y más de 100 habrían estado más de tres años encarcelados y sin juicio. Múltiples grupos de derechos humanos han documentado el uso de la tortura y las desapariciones forzadas para controlar a los disidentes. Tras las protestas por los resultados electorales esos métodos nazis perduran y van a más con la muerte de al menos 24 personas, según la ONG Provea, y la detención de más de 1.500 personas, como ha reconocido el propio Maduro.
Las libertades civiles son cada vez más inexistentes por el control total de las instituciones y de los medios de comunicación. Venezuela ha pasado de tener 121 periódicos impresos en 2013 a 22 en 2021. Durante 2023, seis estaciones de radio fueron cerradas y 60 medios de comunicación digitales fueron bloqueados arbitrariamente. El régimen de Maduro promueve su programa político e ideológico a través de medios controlados por el Estado y los periodistas independientes sufren presiones gubernamentales, arrestos arbitrarios y amenazas a sus familias. Las redes sociales también son censuradas o bloqueadas como el caso de X que lleva más de 10 días sin poder operar en la Venezuela de un Maduro que pide que no se use Whatsapp. El avance totalitario del régimen llega a la libertad de expresión personal, el Gran Hermano Madurista solicitó a la empresa española Movistar más de 800.000 interceptaciones telefónicas en 2021 que afectaron a un millón y medio de números de teléfono.
El pluralismo político es cada vez menor en una Venezuela que ya no funciona como una democracia representativa desde hace años porque a los opositores ni se les deja competir ni llevar a cabo su mandato constitucional como sucedió entre 2015 y 2020, cuando la Asamblea Nacional legítima fue reemplazada por otra dominada por el PSUV. Maduro utiliza instituciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el poder judicial o las fuerzas de seguridad para desbaratar a los partidos o candidatos que le desafían- María Corina Machado fue inhabilitada para postularse a un cargo electivo por motivos espurios, que incluían supuestas irregularidades en una declaración de bienes que hizo en 2015 mientras era legisladora. El régimen venezolano ante su falta de legitimidad depende del Ejército y de fuerzas paramilitares para mantenerse en el poder. Maduro ha alimentado a milicias civiles de millones de personas para apoyar a las fuerzas armadas y los colectivos, grupos armados irregulares afiliados al estado, cometen actos violentos contra la población civil e intimidan a los votantes y hostigan a los opositores. El apoyo de países como Cuba, Rusia, Irán o China permite que la dictadura vaya a más. Tras el fraude electoral, desde la Habana han llegado vuelos a Caracas con tropas de élite cubanas, los Avispas Negras, que patrullan las calles de un país en el que llevan tiempo infiltrados. Zelenski ha denunciado la presencia de mercenarios rusos del grupo Wagner en Venezuela; Irán ofrece asesoramiento militar y suministro de equipos desde la época de Ahmadineyah y China presta su apoyo comercial y económico a la dictadura venezolana.
El panorama económico, político y social no puede ser más desolador en el erial del socialismo del S.XXI. La incertidumbre se ha apoderado de una Venezuela a la que solo le queda resistir mediante la movilización y presión popular para que el régimen sienta falta de legitimidad y debilidad y esta se transmita al Ejército. Unas Fuerzas Armadas, lideradas por un duro de la dictadura como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que cuenta con el apoyo de los militares más jóvenes e ideologizados para sofocar cualquier intento de rebelión, aunque haya malestar en los niveles intermedios del Ejército que ya huelen el sentimiento de la calle, sobre todo, cuando son conminados a militarizar barrios populares en los alrededores de Caracas como el Petare para evitar manifestaciones contra Maduro. Junto al General Padrino hay otros dos personajes del ala dura del régimen, el vicepresidente, Diosdado Cabello, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que son los más influyentes sobre Maduro. La presión internacional no debe cesar y si es posible con sanciones personales hacia los duros de la dictadura y sus acólitos. Además, ante la deriva del régimen chavista y visto el consenso que hay entre 10 gobiernos latinoamericanos y los Estados Unidos a la hora de rechazar la sentencia del Supremo venezolano sobre los resultados electorales, deberían liderar en la Comunidad Internacional el reconocimiento de la victoria de Edmundo González y responsabilizar al régimen criminal de Maduro por la represión desatada, tal y como pide esa libertad guiando al pueblo venezolano en la que se ha convertido María Corina Machado. De la Unión Europea poco se puede esperar con una España, que debería liderar la postura frente a la dictadura y que lo único que hace es ir a rebufo del resto de países, mientras el expresidente Zapatero, portavoz de los observadores del Grupo de Puebla en las elecciones, se ha quedado mudo ante los gritos de criminal y cobarde que Maduro profiere al candidato que le ha vencido. Otros líderes de la izquierda latinoamericana como Pepe Mújica, Gabriel Boric o la hija de Salvador Allende no dudan en calificar al régimen con el adjetivo de dictatorial.
La calles de Venezuela con el liderazgo de una oposición unida pese a las brutales razzias de Maduro y la presión internacional de aquellos a los que aun queda un mínimo de moralidad son las únicas que pueden debilitar al régimen. Su cohesionada élite militar y política debe sentir que puede perder la riqueza y el poder que han acumulado a no ser que den paso a una transición pactada, que quizás deberá consentir algunos de los desmanes que han cometido como precio a pagar para salir de manera pacífica de esa dictadura del S. XXI.
