Por la verdad, contra el Gobierno
«La defensa de la verdad exige, en primer lugar, una actitud de alerta y desconfianza hacia el Gobierno»
Ilustración del Gobierno. | Alejandra Svriz
Permitir que el Gobierno, cualquier Gobierno, actúe y legisle en materia de libertad de expresión y protección de la verdad es dejar al lobo al cargo del gallinero. Como cualquier periodista con cierta experiencia puede atestiguar, no existe mayor amenaza contra el derecho a la información veraz que el poder Ejecutivo, que suele ser también el mayor difusor de bulos y el más interesado en la propagación de mentiras y noticias falsas, en las que con frecuencia se apoya su poder.
Se me vienen a la mente algunos casos paradigmáticos en los últimos años: el engaño sobre las armas de destrucción masiva que justificó la guerra de Irak y la responsabilidad de ETA en el atentado del 11-M con la que el Partido Popular trató de asegurar su victoria electoral. Pero hay muchos más, por supuesto, porque el Gobierno ha sido siempre la mayor maquinaria de difusión de noticias y, por tanto, la mayor fuente de falsedades.
Todo ese orden de cosas, que no es nuevo, se ha visto afectado en los últimos años por algunos fenómenos que modifican de forma significativa el panorama que conocíamos. El más importante de todos es, sin duda, el de las redes sociales, que permite que otros agentes se sumen a la distribución de información -y de mentiras– y que lo hagan de forma muy rápida y masiva. Se nota su impacto cada vez que se produce un acontecimiento de fuerte repercusión social, como fue recientemente el asesinato de un niño en la provincia de Toledo.
A raíz del impacto causado por ese crimen y por la manipulación informativa a su alrededor, algunas voces se alzaron pidiendo al Gobierno actuar contra la desinformación, y el propio Gobierno se precipitó a proclamarse árbitro y anunciar su intervención para velar a fin de que la verdad llegue hasta los ciudadanos.
No podría ocurrir nada más ajeno al combate contra los bulos y al verdadero interés ciudadano. En primer lugar, porque el historial de este Gobierno en particular en cuanto a la defensa de la verdad es realmente funesto. Pedro Sánchez ha gobernado desde el primer día desdiciéndose de sus compromisos anteriores y acomodando sus decisiones a lo que cada momento precisaba para conservar el poder. Con el fin de ocultar una forma tan errática e inmoral de gobernar, se ha ido creando una impenetrable red de mentiras y justificaciones falsas que cada día repiten sus ministros y constituyen el único y reconocible relato que recibe el público. No es que el Gobierno mienta, es que ha convertido la mentira en una práctica tan natural que ya resulta indistinguible de la verdad.
No son esos los mejores argumentos para ponerse ahora al frente de la manifestación contra los bulos. Pero tampoco un Gobierno más honesto estaría mejor capacitado para esa empresa. Los Gobiernos controlan servicios de información, agencias de espionaje y múltiples departamentos oficiales cuya función es ocultar la verdad, camuflarla, dificultar el acceso a ella de los periodistas; en suma, impedir que la población la conozca.
En ocasiones, hasta se puede admitir que el propósito con el que el Gobierno esconde la verdad es legítimo, cuando se trata de asuntos relacionados con la seguridad nacional u otros que requieren máxima discreción. Pero, aún en esos casos, la sociedad civil debe de contar con los instrumentos necesarios para tratar de acceder a la información que el Gobierno oculta, de forma que pueda ser la propia sociedad la que juzgue. Nunca hay que fiarse de la buena fe del Gobierno. Este principio básico de una democracia liberal está muy lejos del propósito de dejar que el Gobierno tenga un papel aún más determinante en esa materia.
Pero es que, en el caso español, ni siquiera es esa la situación. La mayor parte de la información que el Gobierno oculta, desde los viajes en falcon hasta el contenido de los acuerdos con sus socios políticos, no son, desde luego, amenazas a la seguridad nacional sino decisiones que avergüenzan al Gobierno, y por eso intenta esconderlas o convertirlas en verdades alternativas, como inventó Donald Trump, el maestro en el que se inspira La Moncloa.
Especialmente sorprendentes resultan que algunos de esos llamamientos a que el Gobierno actúe contra las mentiras procedan de periodistas y medios de comunicación, que deberían de ser los primeros interesados en una defensa profesional y no política de la libertad de expresión. Eso hace sospechar que lo que se pretende defender no es la verdad, que siempre existe aunque no siempre resplandezca, sino una determinada verdad que favorece a un determinado grupo, lo que, con frecuencia, conduce a defender una mentira.
La defensa de la verdad exige, en primer lugar, una actitud de alerta y desconfianza hacia el Gobierno, y no la complicidad con él. Y no se consigue con leyes impulsadas por la mayoría que gobierna en cada momento, sino con información. Y cuando esta no es suficiente para destruir un bulo, el remedio sólo puede ser más información.
