¿Quién teme a la competencia fiscal?
«Ellos temen hoy la competencia fiscal, igual que ayer los franquistas temían la competencia informativa. En definitiva, unos y otros son contrarios a la libertad»
Ilustración de Alejandra Svriz
No es preciso ser doctor en Economía para saber que la existencia de competencia en cualquier mercado de bienes y servicios provoca dos efectos, ambos positivos. Uno, el demandante o consumidor se verá beneficiado en el precio que ha de pagar por su consumo y en la calidad de lo que consume. Dos, el ofertante que sea capaz de competir mejor obtendrá una ventaja comparativa frente al que lo haga peor. Estas dos consecuencias positivas no existen en un mercado carente de competencia, fuera por la existencia de un monopolio, fuese por tratarse de un mercado intervenido en el que no se permita competir.
Además de ser teóricamente irrebatible, lo expuesto se puede contrastar con múltiples evidencias empíricas nacionales e internacionales. Y por poner ejemplos sencillos y domésticos, nadie puede dudar que si, por ejemplo, en España solo pudieran adquirirse frigoríficos de una marca, a los españoles nos costaría adquirir una nevera mucho más de lo que nos cuesta. El ejemplo puede extenderse a cualquier otro bien o servicio. De modo que al consumidor la competencia le da la oportunidad de elegir, de adquirir o no adquirir, y ésa es un arma potentísima para la reducción del precio y el aumento de la calidad. A ver quién se atreve a preferir la inexistencia de esta competencia
Me interesa detenerme en otro tipo de competencia, la que se refiere al servicio de información audiovisual. En ausencia de competencia, solo existiría una entidad que suministrara el servicio y todos los usuarios vendrían obligados a consumir sus productos. En España vivimos esa situación en el sector audiovisual, en la quien quería informarse audiovisualmente solo podía elegir entre el diario hablado de Radio Nacional o el telediario de RTVE, entonces la mejor televisión de España, porque no había otra. Afortunadamente, hoy cada español puede escuchar las noticias radiofónicas en la emisora que desee y ver las televisivas en el canal que prefiera en función de la valoración que le merezca la acción informativa de las diversas empresas oferentes. Ventajas de la competencia frente al pasado y extinto monopolio que sufrimos en una larga noche. A ver quién se atreve a preferir aquella situación monopolística frente a la multiplicidad de oferta hoy existente.
Y con estos prolegómenos llegamos a la competencia fiscal, instrumento que permite que los territorios, países o regiones, puedan utilizar sus competencias tributarias para modular la contribución fiscal que exigen a sus ciudadanos. Utilizando la exposición precedente, la competencia en los impuestos trae como efecto lógico un descenso en los mismos, cuestión positiva para los ciudadanos. Y junto a ello, la administración que opta por la moderación fiscal ha de esforzarse en la eficiencia de su gestión para evitar que disminuya la calidad de los servicios públicos que presta. En definitiva, la competencia fiscal reduce la merma pública de la renta disponible de los individuos y obliga al Poder, sea estatal, regional o municipal, a una mejor utilización de los recursos detraídos a los administrados. A ver quién se atreve entonces a cuestionar la bondad de la competencia fiscal.
«De manera que, por lo expuesto, socialistas y nacionalistas de izquierda parecen decididos a acabar con la competencia fiscal autonómica -o a mutilarla severamente-»
Pues sí querido lector, hay quien se atreve a hacerlo. Y lo hace por miedo a la competencia, miedo que nace de su incapacidad para gestionar. La evidencia la tenemos ahora en España, donde tanto los socialistas como los nacionalistas de izquierda -fiscofílicos ambos- están dispuestos a prohibir que otras fuerzas políticas compitan libremente con el uso de sus competencias tributarias.
En el sentido expuesto, hace tiempo, ya que el PSOE -partido de ADN fiscofílico por naturaleza- se muestra incómodo con el modelo de éxito que representa la política tributaria de la Comunidad de Madrid que ha evidenciado que detrayendo menores recursos a los contribuyentes se incentiva más la iniciativa empresarial y el emprendimiento y, al final, incluso se recauda más debido al ensanchamiento de las bases tributarias. También muestran su incomodidad los nacionalistas de ERC por sufrir la inevitable comparación de los resultados de su política fiscal con los correspondientes de Madrid. Ellos exigen más a los catalanes y, por ello, recaudan menos, tienen más déficit y acumulan más deuda. En estas dos últimas consecuencias influye también el despilfarro público mediante el que han utilizado una buena parte de los recursos obtenidos para financiar la enloquecida acción exterior de la Generalitat, las medidas de arrinconamiento del español en la educación y en la sociedad catalanas, o el cultivo de las actividades sociales y culturales que recrean la historia y la realidad de Cataluña. Por cierto, despilfarro histórico que ha sido consagrado en el reciente acuerdo nacional-socialista que ha hecho a Salvador Illa presidente de la Generalitat.
De manera que, por lo expuesto, socialistas y nacionalistas de izquierda parecen decididos a acabar con la competencia fiscal autonómica -o a mutilarla severamente- en un ejercicio de recentralización del Estado impropio del espíritu que se alumbró en el Título VIII de la Constitución. Ya dieron un paso grosero con la creación del Impuesto sobre el Patrimonio bis y, por lo que se ve, ahora están dispuestos a mutilar también las competencias autonómicas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o en el IRPF. La lectura del acuerdo nacional-socialista por el que se establece el concierto catalán reitera pistas al respecto. Ellos temen hoy la competencia fiscal, igual que ayer los franquistas temían la competencia informativa. En definitiva, unos y otros son contrarios a la libertad.
