La España que queremos
«Sin un consenso básico sobré qué democracia queremos, estamos en riesgo de perderla por la puerta de atrás»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Ilustración: Alejandra Svriz
Se ha dicho tanto últimamente que la frase ‘la democracia está en peligro en España’ ha dejado de producir alarma o despertar las reacciones lógicas. En ocasiones, se ha utilizado de forma exagerada, como mera herramienta del duelo político, sin más propósito que el de inflar los errores del contrario. Pero se han escuchado también voces de personas independientes que han alertado con fundamento sobre los riesgos a los que nos conduce el actual estado de la política en nuestro país.
El desprestigio de las instituciones que deben de actuar como árbitros del sistema, la acomodación de todo el andamiaje legal y hasta del modelo territorial del país a las necesidades coyunturales del jefe del Ejecutivo, la estrategia de división que este ha patrocinado desde su primer día en la política, todo eso son razones poderosas para preocuparse por el futuro de nuestra democracia. Si saltaron las alarmas este fin de semana, cuando Pedro Sánchez advirtió de que, si era necesario, gobernaría a partir de ahora «sin el concurso del Parlamento», es porque existen precedentes que hacen temer que sea capaz de hacerlo.
Sin embargo, existe un motivo todavía más poderoso, desde mi punto de vista, para presagiar que la democracia está en peligro en España, que es la falta de consenso sobré qué es democracia. No se trata, por supuesto, de que todos nos tengamos que poner siempre de acuerdo en todo. Tampoco se exige que los principales partidos pacten sus políticas y sus principales decisiones. Ni siquiera es necesario recuperar exactamente el consenso de la Transición, justificado por motivos que, afortunadamente, no se nos presentan hoy. Pero sí es imprescindible que una mayoría de los españoles, a derecha e izquierda, estemos de acuerdo en qué hablamos cuando hablamos de democracia. De lo contrario, podemos encontrarnos cualquier día privados de ella sin que la mitad del país lo reconozca; al contrario, podemos descubrir que la mitad lo celebra.
Todos sabemos que no volveremos a ver Tejeros ni unidades militares rodeando el Congreso; si perdemos la democracia será sin que nadie proclame su liquidación. Al contrario, lo hará esgrimiendo la defensa de la democracia. Para detectar al impostor no hay más instrumento que la clara identificación de los principios que definen ese sistema y un consenso social que los reconozca por encima de las divisiones ideológicas.
Sin pisar el terreno de los politólogos, podemos entender que un país es democrático cuando sus gobernantes son elegidos por los ciudadanos y unos y otros están sometidos a un Estado de derecho que regula las libertades y los derechos de todos. Pero dudo que hoy exista consenso sobre ese y otros principios democráticos. Lo hemos visto recientemente con la reforma del Código Penal y la Ley de Amnistía, justificadas por una parte de la sociedad por razones políticas sin la menor consideración del perjuicio que puedan causar al sistema democrático. Lo vemos a diario en múltiples debates. Cuando se habla del «ruido» que impide el diálogo, cada bando se refiere a una cosa. Cuando se denuncian los bulos y la desinformación, algunos se quejan amargamente de X (Twitter), pero no ven reparos en que el Gobierno compare el acuerdo de financiación para Cataluña con los ejemplos de Soria, Cuenca y Teruel. Y, por supuesto, cuando hablamos de salvar la democracia, algunos piensan en recortar la libertad de prensa o ilegalizar los partidos políticos que les molestan, a los que de forma algo precipitada se señala como «la extrema derecha». Ni siquiera en esto hay consenso, porque lo que para unos es extrema derecha en España, no lo es en Cataluña.
En todo caso, la amenaza contra la democracia en España no viene de la extrema derecha ni de la extrema izquierda, viene de la polarización, sufrida especialmente desde que Sánchez gobierna, y del sometimiento de los principios democráticos a los valores ideológicos y las necesidades políticas. Esa combinación ha convertido a los ciudadanos en voluntarios o forzados integrantes de un bando, por lo que cuenta más lo que favorece a cada facción que lo que sirve para la sociedad en su conjunto.
Hemos comprobado estos días que, en las rarísimas ocasiones en las que los dos grandes partidos pactan algo, el resultado es satisfactorio: el acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial ha salvado milagrosamente a esa institución y al Tribunal Supremo de la nube de sospecha que rodea al Tribunal Constitucional, al Banco de España y otros tantos organismos imprescindibles para garantizar la calidad democrática.
«La amenaza contra la democracia en España viene de la polarización, sufrida especialmente desde que Sánchez gobierna, y del sometimiento de los principios democráticos a los valores ideológicos y las necesidades políticas»
Sin embargo, ni siquiera esos pactos entre partidos serían precisos si fuésemos capaces de alcanzar un consenso general que hoy no existe. Bastaría con confiar en que nadie va a romper las normas básicas de convivencia democrática, como había ocurrido hasta ahora en España. De un tiempo a esta parte, en cambio, la polarización ideológica promovida por el Gobierno ha agudizado la desconfianza al contrario y ha destruido los espacios compartidos. Sin ellos, la democracia está en peligro, puesto que la eliminación del rival será cada vez más el móvil fundamental de la sociedad.
