Garamendi: nóminas y el Estado
«Que los trabajadores tomen conciencia de lo que les quita el Estado y que controlen mejor la manera en que este gasta su dinero, aterra a los totalitarios»
Hace unos días el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha intervenido en el Campus FAES, la fundación que fue el think-tank del PP durante los años de Aznar, y de la que tuve el honor de ser, en su momento, vicepresidenta ejecutiva. Allí se analizaban todos los problemas políticos y se proponían soluciones e iniciativas para resolverlos y ahora sigue impulsando actividades, como este Campus anual, en las que se busca profundizar en lo que nos está pasando en la vida política española.
Garamendi tocó un asunto que a mi modo de ver tiene una capital importancia y que creo que no ha tenido la suficiente repercusión en las filas de la derecha, aunque sí en las de la izquierda, como ahora veremos.
En su intervención expresó su convicción de que los trabajadores «deberían recibir el sueldo bruto» y que fueran ellos los que, después, abonaran las cotizaciones sociales.
Se ha referido a esta cuestión en relación con la «impresionante» subida fiscal que ha supuesto para las empresas el alza de las cotizaciones sociales y que ha afectado sobre todo a las pequeñas empresas. Una subida que ha disparado los costes empresariales.
Dijo textualmente: «A mí me gustaría que se haga lo que la Seguridad Social hace con los autónomos, que todos los meses quita la cuota de autónomos de tal manera que yo sé lo que gano y lo que la Seguridad Social me quita o recupera. Nosotros pensamos que los trabajadores de este país deberían recibir el sueldo bruto y luego que el Estado lo recupere».
«No cabe duda de que con la propuesta de Garamendi los asalariados conocerían mejor lo que vale su trabajo»
El presidente de la CEOE insistía en que ese dinero que quita la Seguridad Social es del trabajador, aunque lo pague el empresario. «Cuando preguntas a alguien cuánto gana, solo piensa en lo que ha visto ingresado en el banco y se está olvidando de las pagas dobles, de las retenciones y de la Seguridad Social. Y si viera que casi es el doble diría bueno, ¿pero a dónde va este dinero?», ha dicho Garamendi.
Tengo en mis manos una nómina, que aquí dejo en el anonimato, de un trabajador que percibe 2.021,70 euros líquidos cada mes y en la que queda claro que lo que gana realmente son 2.998,21 euros. Sería muy saludable y justo que el trabajador tuviera en sus manos esos 3.000 euros y viera cómo el Estado se queda con 1.000.
No cabe duda de que con la propuesta de Garamendi los asalariados conocerían mejor lo que vale su trabajo y, además, podrían tomar plena conciencia de que el dinero del Estado es suyo y no de nadie, como dictaminó Carmen Calvo, hoy presidenta nada menos que del Consejo de Estado. Y al ser conscientes de todo lo que están entregando en manos del Estado serían más proclives a pedir explicaciones sobre qué se hace exactamente con ese dinero que se les quita.
No puedo estar más de acuerdo con la propuesta de Garamendi. Primero porque todo lo que sea transparencia me parece imprescindible, y tal y como hoy se hace el pago de las nóminas es evidente que no le queda claro al trabajador por qué no cobra todo lo que realmente vale su trabajo. Y además porque me parece cada vez más necesario que los ciudadanos tomemos conciencia de que el dinero del Estado es nuestro y hagamos todo lo posible por controlarlo para que paren de una vez por todas los infinitos gastos superfluos que hoy hay.
«Para ellos, lo auténticamente progre es que el Estado sea dueño de nuestra forma de vivir y hasta de nuestra forma de pensar»
Las sensatas y justas propuestas de Garamendi han provocado inmediatamente la reacción de la izquierda y sus aliados. Sin duda, que los trabajadores tomen conciencia de lo que les quita el Estado y que controlen mejor la manera que el Estado tiene de gastar su dinero, es algo que aterra a todos los políticos de corte totalitario. Y decir de corte totalitario significa que son políticos que creen que los ciudadanos tienen que estar sometidos al proyecto de sociedad o de país que a ellos se les ha ocurrido. Así han sido siempre los comunistas y los nacionalistas y así son también ahora los sanchistas y los bolivarianos.
Por eso no me ha extrañado la furibunda reacción de algunos de los portavoces mediáticos y periodísticos más señalados que apoyan a Frankenstein y sus proyectos contra las declaraciones de Garamendi.
Resulta ridículo pero muy significativo escuchar cómo alguno de estos voceros llega a gritar iracundo que así lo que Garamendi y los que estamos de acuerdo con él queremos es que los trabajadores se enfrenten con el Estado y lo odien. Acusación que viene acompañada por el insulto que no se les cae de la boca a los miembros de Frankenstein y sus periodistas de cámara, el de «extrema derecha», que han conseguido que sea eso, la descalificación más extrema.
Porque para ellos controlar al Gobierno y exigirle transparencia total es algo de «extrema derecha», ya que, para ellos, lo auténticamente progre es que el Estado sea dueño de nuestra forma de vivir y hasta de nuestra forma de pensar.
«La opción que se nos está presentando a los ciudadanos es o la oprimente presencia del Estado en todas nuestras vidas o la libertad»
Cada vez se hace más evidente que la opción que se nos está presentando a los ciudadanos es o la oprimente presencia del Estado en todas nuestras vidas o la libertad. La propuesta de Garamendi y las reacciones histéricas que ha provocado son otra prueba de que es así.
Explicar esto con claridad a los ciudadanos, con el ejemplo de Garamendi y sus enemigos, puede ser muy eficaz para defender la libertad y luchar contra todos los pasos que hoy se dan en España para hacer a los ciudadanos unos siervos del Estado y no poner al Estado al servicio de los ciudadanos.