Salvemos la libertad de prensa
«Regular la información es peor que abandonarla a la iniciativa privada: el Estado no siempre es benevolente, y en malas manos es temible»
Imagen generada por IA. | Benito Arruñada
Justo cuando hasta The Economist dice de Pedro Sánchez que «se aferra al poder a costa de la democracia de España«, su Gobierno lanza un «Plan de Acción por la Democracia» que propone una batería de medidas de “regeneración”… democrática. La principal de ellas es la que busca aumentar el control por el propio Gobierno de aquellos medios de comunicación que no sólo son críticos con su labor sino que han sacado a la luz diversos indicios de corrupción por parte de miembros del propio Gobierno, y de conducta cuando menos inapropiada por parientes cercanos a su presidente.
Esta iniciativa, que muchos han juzgado como una broma, parece una mera cortina de humo contra esas acusaciones, adjetivadas a menudo como «bulos» o «fango» pero nunca desmentidas en cuanto a los hechos esenciales.
Sirve también para distraer la atención de lo que realmente importa, que es el abuso por el Gobierno de todos los medios a su alcance para manipular a la opinión pública. En cuanto a la producción de información, controla ya totalmente centros otrora independientes, como el INE o el CIS; desde hace pocas semanas, sucede igual con el Banco de España; y los think tanks independientes brillan tanto por su escasez como por los riesgos que les acechan.
En cuanto a la distribución de información, no sólo manipula la radiotelevisión pública sino que, junto con las empresas públicas, es ya el principal anunciante del país. Disfruta así de un poder notable porque la distribución de esa publicidad determina la supervivencia de muchos medios privados, sobre todo la de aquellos con mayores costes fijos. Quizá no sea casualidad que hayan sido medios digitales relativamente pequeños los que han desvelado los indicios que ahora son objeto de investigación judicial y que sean esos mismos digitales los que están ahora en su punto de mira.
El Gobierno estará muy pronto violando la renovada Ley Europea sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. En algún caso, la violación incluso se produce ya respecto a las propias normas españolas: por ejemplo, a diferencia de los de muchas comunidades autónomas, el Gobierno central no informa sobre cómo distribuye su publicidad institucional, evadiendo las reglas e instrucciones de transparencia mediante todo tipo de subterfugios, como usar intermediarios y escudarse en que se trata de información privada de los beneficiarios. En este terreno, su respeto a la privacidad empresarial es exquisito. Curioso que lo exhiba el mismo Gobierno que desde el 2 de diciembre decreta que todo viajero entregue al Ministerio del Interior todo tipo de datos personales, desde quién lo acompaña a cuáles son sus medios de pago.
La ley europea entrará en vigor con carácter general el 8 de agosto de 2025, pero algunas de sus piezas principales regirán ya desde el 8 de febrero de 2025. Por ejemplo, la posibilidad de que un medio de comunicación denuncie al Gobierno ante un nuevo Comité Europeo de Medios por adoptar «medidas reglamentarias o administrativas que puedan afectar de forma significativa su funcionamiento». Estén seguros de que les sobran motivos de denuncia.
La iniciativa del Gobierno no persigue un ataque directo para censurar o cerrar esos medios digitales, lo que tendría notable impacto internacional y resultaría técnicamente difícil. Más bien, pretende inspirar la retórica de sus fieles más adictos y asegurar un cumplimiento formal de la ley europea o —en caso de que los proyectos de ley no lleguen a promulgarse— proporcionarle una excusa formal para incumplirla.
Eso, como complemento añadido, porque el objetivo principal es indirecto: pretende reforzar su control del mercado publicitario. No contento con distribuir a su antojo y con opacidad la publicidad que la ley europea denomina «estatal», orientándola hacia sus medios afines (el gran beneficiario, con diferencia, parece ser el grupo PRISA), intenta que también los anunciantes privados abandonen a los medios más críticos con el Gobierno.
La iniciativa en cuestión daría continuidad y cobertura a esta operación, al conformar un comité de expertos encargado de acreditar a los medios para, en palabras del ministro de Cultura, «hacer más justo el sistema de reparto de la publicidad institucional y evitar que con dinero público se estén financiando seudomedios que promueven la intoxicación mediática y las fake news«». Como los medios que preocupan al Señor ministro apenas reciben publicidad estatal y se financian sobre todo con publicidad privada, debemos pensar que es esta última el verdadero objetivo de ese sistema de descalificación.
«El Gobierno posee paquetes accionariales en grandes anunciantes y su fin es usar esas acreditaciones ‘fake’ para que rindan a los medios más críticos»
Es preocupante, porque el propio Gobierno demostró gran maestría en manejar comités de expertos durante la pandemia. Además, dada la apurada situación de gran parte de la prensa, no escasearán los aspirantes a expertos que estén dispuestos a usar su cargo para dañar a sus competidores.
Todo ello en un país en el que casi todas las grandes empresas privadas dependen del Gobierno porque están muy reguladas y, según el Constitucional, hasta pueden establecerles impuestos ad hoc (bancos, energía) y donde el Gobierno posee paquetes accionariales significativos y crecientes en varias de ellas (Caixa, Telefónica). Desde esta perspectiva, el fin de la operación es claro: usar esas acreditaciones fake para avergonzar a esos anunciantes y que éstos rindan por inanición a los medios más críticos.
Como sucede con muchos otros dilemas de nuestro acelerado hundimiento institucional, el que esta táctica le funcione dependerá de las decisiones individuales que tomen algunos miembros clave de la sociedad civil. Por desgracia, los precedentes no son halagüeños.
