La renovación del concierto para el mutualismo nos afecta a todos
«La actual búsqueda de acuerdo para el convenio de los próximos años es imprescindible para poder seguir brindando este servicio a los mutualistas»
La sede de Muface.
Surge en estos días una ola informativa que emerge de la necesidad de renovación del convenio de Muface para los próximos años y que va, viene, y salpica a toda la actualidad sanitaria con consecuencias que van más allá de ella misma.
Esto es así debido a que, más allá de que esté en juego la renovación de un modelo de colaboración público-privada, el mutualismo administrativo, que afecta de forma directa a 1,5 millones de funcionarios que eligen su asistencia sanitaria, año tras año, en centros de la sanidad privada, puede tambalearse el frágil equilibrio sobre el que se mantiene la oferta sanitaria pública para la atención de los problemas de la población y con ellos, como no puede ser de otra forma, uno de los pilares de nuestro Estado de bienestar.
Así es por todos conocido a estas alturas que los retrasos que existen en la atención a los ciudadanos en forma de listas de espera en nuestro país –ya sea a nivel de consulta, de pruebas diagnósticas o para cirugías- es simplemente inaceptable. Los datos indican que se han multiplicado por dos o por tres, en función del nivel de espera, en los últimos años. Esto hace que actualmente haya unos seis millones de españoles pendientes de algo en nuestro sistema nacional de salud.
Y si esto se mantiene por los pelos, es porque en todos estos años nuestro sistema sanitario privado ha ido mejorando en calidad, prestaciones y complejidad, haciendo que haya más de 12,7 millones de personas que se apuntan a él a través de un seguro sanitario de Salud. Y de esos 12,7 millones, 1,68 millones son funcionarios del Estado, casi el 80% de los que tiene la posibilidad de elegir entre cobertura pública o privada. ¿Podemos imaginar las consecuencias de que esos 1,68 millones se tuvieran que acoger a la cobertura sanitaria pública de golpe? Seguro que algunos se harían un seguro para continuar el seguimiento de sus procesos en el sector sanitario privado, pero del mismo modo, es también seguro que todos aquellos que no lo pudieran hacer irían de forma directa a engrosar las listas de espera del sistema pública, multiplicando de golpe el número de pacientes que estaría pendiente de atención sanitaria.
La Fundación IDIS ha publicado recientemente el informe Impacto de las mutualidades en el sistema sanitario, en el que se explica y analizan las consecuencias en el caso de que no hubiera una renovación del modelo, como consecuencia de su infrafinanciación crónica y la falta de acuerdo entre las aseguradoras y el Gobierno.
«Las aseguradoras que trabajan dentro de este modelo incurren en unas pérdidas cercanas a los 200 millones de euros anuales»
Además, en el mismo informe, se puede ver claramente y sin género de dudas, que esta situación de infrafinanciación del modelo de las mutualidades y las dificultades para renovarlo por parte de las aseguradoras esta basado en datos absolutamente objetivos. Es decir, no es una queja injustificada con la intención de incrementar beneficios si no que como motivación está la solvencia y la propia supervivencia de esta fórmula de asistencia. En los últimos 10 años, mientras que la cantidad de gasto público destinada por parte del Estado a la cápita pública por persona ha crecido un 53%, hasta los 1.736 euros, lo destinado a las mutualidades lo ha hecho solo en un 32%, hasta los 1.013 euros por persona y años.
Esto, sumado al aumento de los precios, de gastos asociados al envejecimiento y la policronicidad y a la innovación, ha hecho que las aseguradoras que trabajan dentro de este modelo incurran en unas pérdidas cercanas a los 200 millones de euros anuales a pesar del esfuerzo por parte de proveedores sanitarios y profesionales de trabajar a condiciones muy por debajo a las del mercado asegurador normal. Y es que además se da la circunstancia especial de que la media de edad de los funcionarios y sus beneficiarios es ligeramente superior a la medida de la población subsidiaria del sistema nacional de Salud incrementando con ello la siniestralidad media del colectivo.
Así, en mi opinión, la actual situación de búsqueda de acuerdo para el convenio de los próximos años es imprescindible para poder seguir brindando este servicio a los mutualistas, que han demostrado históricamente y de manera directa la satisfacción con el uso de estos servicios. Es ahora, una vez publicada por el Gobierno la subida propuesta (17%) para el convenio de los años 2025 y 2026, cuando las compañías aseguradoras han de decidir si, aún siendo insuficiente, es asumible. En cualquier caso, a la espera de lo que decidan las aseguradoras, habrá que ver cómo afecta también esta infrafinanciación a los hospitales y a los profesionales, porque sólo el gasto sanitario crece a ritmos del 10% al año.
Solo queda pues que, cuando la ola informativa deje de salpicar, quede la calma del trabajo bien hecho en un modelo que así lo ha demostrado históricamente como mecanismo de cobertura del régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios del Estado. Y espero de verdad que así sea, porque nuestro sistema sanitario necesita soluciones para atender a sus pacientes, no incrementar sus problemas como consecuencias de derivadas ideológicas.
