Leyes contra la vivienda
«La legislación está dividiendo España entre inquilinos que no pagan renta y propietarios que pagan impuestos por sus pisos pero no reciben ingresos»
Cartel de una vivienda en alquiler. | Carlos Luján (Europa Press)
Dice la Constitución: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna». Pero no gratis. Su artículo 47 atribuye a los poderes públicos la obligación de establecer normas para promover y hacer efectivo ese derecho. Supongo que eso intentaba Pedro Sánchez cuando presentó la Ley por el Derecho a la Vivienda. Un año después, la nueva ley no contenta a nadie y aumentan las manifestaciones contra el precio de los alquileres en un país donde la izquierda gobierna desde 2018, pero en el que la vivienda social es sólo el 2,5% del parque residencial (la media europea es del 10%).
El Gobierno de PSOE y Sumar ha hecho una ley -otra más- a cañonazos, poniendo topes a las rentas, abriendo la puerta a que las autonomías declaren zonas tensionadas y pasando las culpas de la pasividad gubernamental a la propiedad privada, al malvado arrendatario. España es un país de propietarios; el 80% de las familias (de clase media y también pobres) invierte el ahorro familiar en el ladrillo. El 61% de los españoles vive en un piso de propiedad, según Fotocasa.
Los arrendatarios, por más que digan los políticos de Sumar y los sindicalistas podemitas que proponen el impago de las rentas, no son en su mayoría fondos buitres. Los grandes tenedores (lo eres con cinco propiedades) son minoría; representan el 1,08% del total de propietarios. El españolito de clase media, también el de baja, como hicieron antes sus padres y abuelos, considera la vivienda un seguro de vida. El ahorro en España no son los fondos de pensiones ni la bolsa, es el tocho.
Por el momento, sólo la Cataluña de gobierno socialista aplica la norma de las zonas tensionadas. Hay 140. La Generalitat dice que el precio del alquiler ha bajado entre un 3% y un 5%, pero oculta que el número de contratos firmados ha caído el 17% en un año. ¿Qué está pasando? Pues lo contrario que pretende la ley: el propietario no quiere alquilar por un lustro y con tarifas reguladas si no está completamente seguro de la solvencia de quien mete en casa.
Ahora llega otra vuelta de tuerca con la ley del alquiler temporal elaborada por el Sumar de Yolanda Díaz. Si se aprueba tal cual (reducción de 11 a 6 meses) no quedará ni ese recurso utilizado por trabajadores y estudiantes españoles o extranjeros.
«Ada Colau anunció 8.000 viviendas sociales; pero se fue ocho años después y solo hizo 1.500»
«Basta de parches», dijo la vicepresidenta Díaz contra el reciente bono joven del presidente, como si ambos no compartieran el mismo Consejo de Ministros. Vuelve el giro a la izquierda, de los socios de Sánchez. Hay nostalgia del 15-M; no tardarán los nuevos inquilinos indignados en acampar en las plazas. Ya pasó antes. Barcelona, durante los ocho años de Ada Colau, hizo bandera de la vivienda social y de la protección al okupa. Anunció 8.000 viviendas sociales; pero se fue ocho años después y solo hizo 1.500. Eso sí, Cataluña concentra la mitad de todas las okupaciones del país.
Con el covid, empezó a crecer la figura del vulnerable. Los reales decretos de Sánchez protegieron al inquilino y desampararon al propietario. En 2020, el Gobierno de izquierdas suspendió los desahucios para ayudar a quienes estaban temporalmente sin empleo o habían dejado de trabajar por el estado de emergencia decretado. El covid es historia, pero la prohibición (supuestamente temporal) de desalojar a los que impagan se sigue renovando cada año. Y van cuatro.
En el Real Decreto de medidas urgentes ante la pandemia, se decía que iba a establecerse una «línea de ayudas transitorias de financiación, sobre la base de una línea de avales del ICO, que permite cubrir el pago de hasta seis mensualidades de alquiler». Blablablá.
Tenía razón Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, cuando en una interesante conversación con Juan Luis Cebrián en THE OBJECTIVE, manifestaba: «No evaluamos nada. Venga leyes, venga leyes… y nadie mira si han dado resultados». Muchos suponían, añadía la jueza, que, «como es lógico, los arrendadores iban a cobrar directamente del Estado. No tiene sentido que el Estado no tenga viviendas para la gente, que usted no pueda echar al inquilino que no paga y que sea el propietario quien pague». Pues así es.
«Parece que Sánchez, Sumar y Podemos copian la política franquista de intervenir el mercado de la vivienda»
Alrededor de esta fiesta solidaria a costa de los otros, de los bienes privados, algunos barrios han empeorado en seguridad, diversidad y calidad de vida. El Raval de Barcelona, por poner un ejemplo, tiene ya un 50% de residentes inmigrantes. Y, aunque suene feo, la realidad es que, en cuanto llegan los inmigrantes, los locales salen del edificio.
La exagerada preocupación sobre los pisos turísticos sólo tapa el problema mayor, la falta de vivienda social y la baja calidad de los domicilios, que los dueños no restauran por falta de ingresos. Ya pasó en los 60. Las leyes franquistas congelaron las rentas antiguas y aprobaron la prórroga indefinida de contratos. Los cascos antiguos, en los ochenta, se caían a trozos sin que nadie invirtiera un duro hasta que el ministro socialista Miguel Boyer, en 1985, liberalizó el mercado para igualarlo al de los países europeos; los centros se recuperaron. Ahora parece que Sánchez, Sumar y Podemos copian la política franquista (también comunista) de intervenir el mercado de la vivienda.
Se llevan años legislando a favor del derecho a la vivienda, pero sus efectos son los contrarios. La oferta es menor; los alquileres crecen de precio y escasean. Quien debe garantizar el derecho a la vivienda son los gobiernos -con sus actuaciones- y no los españoles que han ahorrado toda su vida para comprarse un pisito o dos. En vivienda -primera preocupación de los ciudadanos-, la legislación está dividiendo España entre personas vulnerables (inquilinos que no pagan renta) y personas vulneradas (propietarios que pagan impuestos por sus pisos pero no reciben ingresos).
