THE OBJECTIVE
Antonio Elorza

Callejón sin salida

«Tenemos un Gobierno con la voluntad de acabar con la separación de poderes y un presidente que ejerce de dictador y ampara un entorno de corrupción»

Opinión
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Callejón sin salida

Ilustración de Alejandra Svriz.

Son otros tiempos y la experiencia del pasado inhibe la propensión a la violencia, pero tanto el nivel de tensiones a que está sometida la vida política como la dosis creciente de odio, nos remite la crisis de los años 30. Aquí y ahora, por obra y gracia de una auténtica reacción desde arriba, el sistema político se encuentra sometido a una erosión y a un grado de conflictividad tales, que han saltado las alarmas de la convivencia democrática.

Tenemos un Gobierno que no duda en enfrentarse a las actuaciones judiciales, con una manifiesta voluntad de acabar con la separación de poderes; un presidente endiosado que ejerce de dictador y ampara un entorno de corrupción, poniendo en marcha una guerra permanente contra los jueces y contra sus adversarios conservadores, cuya satanización acaba siendo el único argumento para justificar su poder. Y como cierre del círculo, la ofensiva contra el ordenamiento constitucional prosigue gracias al apoyo de partidos que por su separatismo o por su orientación antisistema tienen como objetivo la destrucción del «régimen de 1978».

Así las cosas, es inevitable el crecimiento de la frustración en los componentes de un amplio espectro que va desde el centro-izquierda hasta la extrema derecha, dicho con nombres y siglas, de García-Page a Vox, al verse literalmente negados por el gobierno como ciudadanos activos, como miembros reconocidos del sistema político. Ninguna oposición sufre un tratamiento similar en la Europa democrática.

Tal vez deberían resignarse a comprobar, como el dirigente del PP sometido a escuchas en el Senado, que si no llega una catástrofe, Pedro Sánchez será inamovible a medio plazo. No importa que sus proposiciones de ley sean rechazadas una tras otra, que la aprobación de los presupuestos dependa del fugado Puigdemont, que su fiscal General del Estado -y subrayemos lo de su– resulte imputado por entrar a saco en la guerra política, que se descubran en su anterior número dos todo tipo de que trapacerías y que las sospechas de corrupción alcancen a su mujer.

En la España de hoy, coexisten dos realidades y la única que importa al parecer es la suya, aun cuando esté basada sobre la mentira frente a lo existente. En esta sociedad así partida en dos, la esperanza debiera residir en que un gobierno tan inseguro en su base electoral y parlamentaria, sería relevado antes o por otro, de oponentes o de coalición. Pero es una falsa expectativa, porque Sánchez se aferrará para mantenerse, al último clavo ardiendo, sin respetar los usos vigentes en la UE.

«El papel de la oposición no es fácil, porque sufre ‘de facto’ una exclusión del sistema político»

Solo abandonará el poder si es arrojado literalmente del mismo, porque aborrece la idea de un relevo democrático. Para impedirlo, hace vivir al país en un auténtico estado de excepción, en cuanto a las infracciones de la normalidad constitucional y al grado de conflictividad, cuando la situación del país para nada lo autoriza. Todo es fruto de la egolatría, y también de la capacidad de odio de un hombre. La interrogante es entonces saber adónde puede llevar esta insoportable tensión.  

El papel de la oposición no es fácil, porque sufre de facto una exclusión del sistema político. Nunca una información ni una consulta, ni un diálogo. Para Sánchez no debiera existir, como ocurre con el legislativo o el judicial. Todavía Vox puede moverse en el espacio de la enmienda a la totalidad y de competencia con el PP, entregándose a la autoafirmación. Por su parte, el PP se ve atrapado por el constante pressing de Sánchez, en la pinza formada entre la descalificación que recae sobre él, como asociado a Vox en la ultraderecha, polo del Mal, y el resultado contraproducente de todo intento de participación, poniendo por delante el interés colectivo, caso en su día de la reforma del sí es sí, presentado por Sánchez como irrelevante, a pesar de lo que supuso esa colaboración, y todo para ser golpeado de nuevo al día siguiente.

Sánchez enfoca las relaciones políticas con la lógica del patrón de una organización gansteril, implacable y sin la menor concesión al otro, y que además mueve las fichas con la agilidad de un trilero. Naturalmente sin derramamiento de sangre, la lógica de su acción coincide con la del personaje de Al Pacino en Scarface, la vieja película de Brian de Palma. Es ante todo un killer político inmisericorde. Que sale a la luz su corrupción en el entorno familiar y político, pues hay que acabar con el juez y atacar al PP, siempre culpable. Que se hace público el informe de la Guardia Civil sobre la trama Ábalos, le falta tiempo para utilizar la movilización por los alquileres, presentándose como valedor de los pobres contra los ricos. Siempre y para todo, trata de encubrir una trampa con otra, mediante una actuación y un discurso cargados de violencia, buscando el aniquilamiento del otro.

Todo ello puede servir de atenuante, pero no de eximente de la torpeza mostrada recientemente por el PP en su labor opositora. Un error elemental es el de unas portavocías hasta ahora apelmazadas, confundiendo la precisión con el tono áspero, muy poco convincente. Es como si la mujer más inteligente del Gobierno, Margarita Robles, actuara de portavoz, en lugar de la maestra en mentiras habitual. Los populares condenan, nunca explican. Y a Feijóo le faltan imaginación e ironía para poner en su lugar las falsas evidencias de Sánchez. Aunque a la hora de pronunciar condenas, lo hace mucho mejor que sus segundos.

«El apresuramiento y la improvisación han presidido las actuaciones del PP en relación a episodios de gran importancia»

Lo más grave es la reiteración de errores de bulto sobre problemas graves. El más sonoro fue el del voto para acortar las penas efectivas de los asesinos etarras, pero no es el único. El apresuramiento y la improvisación han presidido las actuaciones en relación a episodios de gran importancia. La primera, la acusación lanzada por González Pons contra el Gobierno por su complicidad con el autogolpe de Maduro en Venezuela, demasiado pronto, lógicamente sin los datos posteriores que la hubiesen respaldado. Consecuencia: un efecto bumerán que el Gobierno supo aprovechar a fondo, desautorizando al PP para ahondar en la condena del enlace entre el dictador y la trama venezolana de Sánchez.

La más reciente, la vía de judicialización mediante querella contra el PSOE, elegida para luchar contra la corrupción del Gobierno, por lo descubierto sobre Ábalos. Por una parte, tal vez debilita la actuación en curso de la Audiencia Nacional, dando pie a la inevitable argucia del Gobierno cuando presenta todo acto judicial que le afecte como resultado de la subordinación al PP. Ante todo, la base consiste en informaciones anónimas en un periódico crítico frente al Gobierno. Balance previsible: no admisión a trámite y denuncia desde Moncloa como bulo.

En el tema etarra, fue adecuada la respuesta simbólica del Senado, pero una vez más, amén del clamoroso error al votar la reforma, cabe reseñar la ausencia total de explicación sobre el mismo a la opinión pública y last but not least, de elaboración de un relato alternativo que pusiera en su sitio la intoxicación gubernamental sobre el tema. A modo de colofón, al popular Tellado no se le ocurrió otra cosa que exhibir desde el escaño las fotos de los socialistas -no al menos de socialistas y populares unidos- muertos por ETA, sin tener en cuenta  que es un modo de propaganda usual en los batasunos, vedado por consiguiente para los demócratas. El efecto bumerán fue inmediato. Como para la afirmación de Feijóo de que «la corrupción del PSOE solo ha hecho empezar», prodigio de inconcreción y pie para una réplica fácil, dados los antecedentes de la era Rajoy.

Por hablar en lenguaje informático, urge una actualización en las formas y contenidos de la oposición democrática a Pedro Sánchez. A sabiendas de que el episodio en curso de la imputación del fiscal General del Estado supone un punto de no retorno en la vulneración del Estado de derecho. Casi la continuidad del García Ortiz pasa a ser secundaria, a la vista de la exhibición de prepotencia del Gobierno frente a cualquier circunstancia desfavorable. Ninguna autocrítica que debiera existir por la penosa escena del guardián de la ley infringiéndola, sino elogio y defensa de quien incumple la ley al dictado del Gobierno. Tampoco respeto a una instancia básica del ordenamiento jurídico, como es el Tribunal Supremo, presentado por el coro de papagayos de servicio como autor de una decisión injusta que ellos no dudan en denunciar. Los ministros ejercen de jueces de los jueces cuando no les convienen sus resoluciones. Mejor, cuando desagradan al Amo de la organización de la cual forman parte.

«García Ortiz se mantendrá en el cargo y seguirá siendo pieza clave en este singular estado de excepción impuesto por Sánchez»

Estamos ante una demostración más de la capacidad del presidente para mover a su antojo todas las piezas del tablero político, hasta en los más pequeños detalles. Sin olvidar nunca la exigencia de manipular a fondo la opinión pública. En el caso García Ortiz, sustituyendo en los medios estatales el criterio democrático de información libre y pluralista por la concesión al fiscal del privilegio de una declaración exclusiva y excluyente en TVE (24 Horas). En todos los medios al servicio de Sánchez, rige aquello de que solo digo mi canción a quien conmigo va.

Una vez que el Gobierno de Pedro Sánchez ha proclamado la injusticia de la imputación del Supremo, podemos estar seguros de que García Ortiz se mantendrá en el cargo, con su segunda resolviendo finalmente la acusación en su favor, y que seguirá siendo pieza clave en este singular estado de excepción impuesto por Pedro Sánchez. Estado de excepción, por cuanto resultará posible invalidar o incumplir toda ley, si ésta contraviene la voluntad o los intereses del presidente de Gobierno. Corre a cargo de dos piezas claves del sistema jurídico, el Tribunal Constitucional y el fiscal general del Estado, garantizar su mantenimiento y plena vigencia. Es decir, la vulneración permanente del Estado de derecho.

Nada tiene de extraño que la única resistencia proceda del propio estamento judicial, frente a los intentos de someterlo al dictado de sus intereses con «extravagantes» querellas. Tal es hoy la batalla decisiva. Sería erróneo, en todo caso, suponer que la victoria del cerco judicial por la corrupción traerá la caída del presidente, dado que la lógica de una organización gansteril no atiende a los requerimientos democráticos para abandonar el control de un territorio. Al modo de su fiscal general, el presidente cuenta con datos para hacer mucho daño, seguir enfangando de veras la vida política, y sobre todo la oposición carece de alternativas. Hoy por hoy, la alianza PP-PNV-Puigdemont es solo una pesadilla irrealizable. Lo peor sería en todo caso la pasividad. Llegado el momento, la moción de censura es imprescindible como momento de clarificación ante la opinión pública.

En último término, a diferencia de la constatación pesimista que le hiciera Carrero Blanco a Franco, aludiendo a que por desgracia no sería eterno, el aún joven Pedro Sánchez sueña con ver realizado su propósito de que los españoles le secunden sin remedio en su voluntad de eternizarse en el poder.

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