Eso no se va a hacer
«El acuerdo de concierto económico con Cataluña recoge los trucos y mentiras del independentismo y la operación no se hará de frente, sino por la puerta de atrás»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Desde mayo de 2018, a partir de que Sánchez ganase la moción de censura, en cuanto comenzaron las cesiones a los independentistas, muchos de ellos ya golpistas, se ha venido escuchando y leyendo la misma cantinela de los periodistas, tertulianos y otros figurantes que pretenden defender a Sánchez. El número de creyentes se ha ido incrementando, pero la argumentación en el fondo ha venido siendo casi la misma. Solo iba cambiando el objeto según se modificaban las mercedes. «Eso no lo va a hacer el presidente del Gobierno», afirmaban muy convencidos, pero lo cierto es que Sánchez terminaba haciéndolo.
Y he aquí que el adepto de turno que el día anterior se había mostrado en contra de la medida y se había refugiado en el «eso no lo va a hacer Sánchez» giraba 180 grados y se ponía a defenderla con ahínco, y hasta la próxima. De modo que así fuimos pasando por el relator internacional, por los indultos, por la eliminación del delito de sedición o la rebaja de penas a la malversación o por la ley de amnistía, por citar tan solo los hitos más importantes.
Ahora, a la vista del concierto económico para Cataluña, precio que se ha prometido pagar por la presidencia de la Generalitat, han retornado las voces escépticas, solo que en este caso el ruido es atronador. No hay apenas nadie que, al no poder justificar la medida, no se escude detrás de la negación, y asegure que no se va a llevar a cabo.
Hay que reconocer que en este caso Sánchez cuenta con mayores dificultades y tendrá una contestación más fuerte que la de otras veces, pero eso no quiere decir que no esté dispuesto a intentarlo. Y, como somos ya viejos conocidos, la operación no se realizará de frente, sino por la puerta de atrás. De ahí que nadie quiera concretar nada y que hayan dejado que sea la ministra de Hacienda la que se explique, que es la mejor forma de que no haya explicaciones.
Montero, desde el púlpito y haciendo gala de su gran elocuencia, afirmó que lo que dice el acuerdo es lo que dice y lo que no dice no lo dice. Lo grave es que el acuerdo recoge muchas aseveraciones, que resultan inverosímiles que hayan sido ratificadas por un partido socialista. Todo el documento es obsceno y en realidad recoge el pensamiento más montaraz del independentismo, todos sus trucos y mentiras, su discurso y el mismo lenguaje.
«El acuerdo parte del tópico independentista de que Cataluña está infrafinanciada, lo que de ninguna manera es cierto»
Se deforma de manera radical la realidad. A lo largo de todo el acuerdo se repite hasta la saciedad lo del conflicto político entre el Estado y Cataluña, cuando el único enfrentamiento existente es de orden penal, unos delincuentes que intentaron dar un golpe de Estado y las instituciones de ese Estado reaccionando y aplicando la ley. Se asume una pretendida doble legitimidad, la de un supuesto pueblo de Cataluña y su Parlamento, frente a la del Estado, que chocaron en la aprobación del Estatuto, olvidando conscientemente que la única soberanía y por lo tanto legitimidad radica en el pueblo español y en los poderes que de él dimanan.
Y así se podrían citar otras muchas lindezas más, como la de nominar nación a Cataluña, o todo lo que se refiere a la lengua. Pero en este momento quiero centrarme en el tema económico. El acuerdo parte del tópico independentista de que la comunidad autónoma catalana está infrafinanciada, lo que de ninguna manera es cierto. Lo que ocurre es tan solo que, disfrutando los catalanes de una renta per cápita superior a la que tienen los habitantes de la mayoría de las otras regiones, deben contribuir al erario público en mayor medida y quizás recibir menos prestaciones. No obstante, y a pesar de sus quejas, la Generalitat de Cataluña aporta proporcionalmente a la caja común una cantidad inferior a la que le correspondería, en relación a Madrid y Baleares, que conforman las otras dos comunidades que son contribuyentes netos.
Lo que sí es cierto es que Cataluña se encuentra en desventaja con respecto al País Vasco y a Navarra; pero al igual que todas las otras autonomías del régimen común. Eso es lo que ahora quieren conseguir los independentistas catalanes y parece ser que Sánchez está dispuesto a otorgárselo, que la Generalitat goce también de un concierto económico.
Porque, mal que le pese a la señora ministra, lo que describe el acuerdo es un concierto económico con todas las barbas, o lo que es lo mismo, con todos los inconvenientes: relaciones bilaterales, soberanía fiscal, gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos, por parte de la Generalitat, capacidad normativa, el cupo, es decir, la contribución proporcional que la Generalitat haría con respecto a los gastos estatales; y, por último para endulzar el entuerto, y que la ministra no deja de repetir, lo que llaman solidaridad, en otras palabras, la limosna que graciablemente la Generalitat daría a los otros territorios. Eso sí, con limitaciones, señalando ella los impuestos que para ser acreedoras a la dádiva tendrían que poner las otras comunidades y siempre que se cumpla ese engendro que han inventado y que llaman principio de ordinalidad, que contradice radicalmente la justicia redistributiva.
«El acuerdo determina el traspaso de todos los impuestos y su alusión al IRPF es para decir que el proceso se iniciará por este gravamen»
La señora ministra se ha empeñado en convencernos de que lo único que aparece de forma explícita en el documento es la referencia al IRPF. Mentira. El acuerdo determina el traspaso de todos los impuestos y su alusión al IRPF es tan solo para decirnos que el proceso se iniciará por este gravamen. De igual modo que se indica que habrá que comenzar a estudiarse la manera de que se produzca posteriormente la cesión del IVA de los arrendamientos turísticos y de las Pyme. En este último supuesto añade una anotación muy elocuente, el criterio de sujeción será el domicilio fiscal y no las estadísticas de consumo; o, lo que es lo mismo, que las Pymes catalanas ingresarán en la Generalitat todos los recursos que hayan obtenido por el cobro del IVA, aunque parte de los bienes producidos se hubieran consumido en otros territorios y por lo tanto hubieran sido los habitantes de esas autonomías los que hubieran acabado soportando el gravamen.
Lo que parece evidente es que el tránsito al nuevo sistema se plantea de forma progresiva. No puede hacerse de otra manera. La Generalitat no tiene capacidad para asumir de golpe todas las competencias. Supongo que a eso se agarra el Gobierno para que la sociedad no advierta muy bien la barbaridad que se pretende y espera que los ciudadanos, por lo menos sus fieles, la vayan asimilando poco a poco. Es muy probable que, como es costumbre, desee hacer la reforma por la puerta de atrás y quiere que se entere el menor número de gente posible, y tan tarde como se pueda.
Sánchez es consciente del rechazo tan generalizado que ha producido el anuncio de la medida. Seguramente no se atreverá a llevar al Parlamento una modificación de la LOFCA. Pensará que no va a tener los votos necesarios, aunque nunca se sabe cómo va a reaccionar el personal. Resulta increíble que la Chunta y el BNG afirmen ahora que están dispuestos a aceptar el concierto con Cataluña con la condición de que se aplique lo mismo a Aragón y a Galicia. Ni que decir tiene que tal postura es disparatada. Sería desastroso para estas dos comunidades. Se entiende que en Cataluña aflore el nacionalismo. En el fondo es la clásica actitud de los ricos en contra de toda política redistributiva. Pero en Aragón, en Galicia, en Andalucía, etc., no parece demasiado coherente.
Hay que suponer que la estrategia de Sánchez va a ser la de siempre, balones hacia adelante, solucionar los problemas del día y después ya veremos. En esta ocasión es muy posible que pretenda comenzar dando algunos pasos que no necesiten reformas legales, o en todo caso alguna pequeña modificación que pueda pasar desapercibida en la ley de presupuestos. Haciendo de profeta, se me ocurre que en el 2025 se intente crear un consorcio formado por la Agencia tributaria estatal y la catalana para que comiencen a gestionar el IRPF. Progresivamente, el consorcio irá asumiendo nuevos impuestos al tiempo que se irá retirando la agencia estatal para que todo el protagonismo lo asuma finalmente la Generalitat.
«Todo vale para dar normalidad a lo que no la tiene. Así, los apologistas del sanchismo irán justificando cada paso»
No es por casualidad que la ministra de Hacienda haya dicho que lo único que está sobre la mesa es el IRPF. Tampoco que de pronto se haya desempolvado un estudio del 2014, en el que actual director general del Instituto de Estudios Fiscales se entretiene en hacer una simulación de cuál sería el resultado si se cediese a las autonomías el cien por cien del IRPF (ahora tienen el 50%) a cambio de renunciar al porcentaje del IVA, de los impuestos especiales, sociedades, etc. que en la actualidad mantienen
No es una idea muy brillante, pero no me detendré en analizarla, ni en mostrar los inconvenientes que presentaría. Lo importante es que en estos momentos no viene al caso y no tiene nada que ver con el proyecto de concierto que se ha acordado para Cataluña. Sirve, no obstante, para añadir confusión y disimular la verdadera naturaleza del acuerdo. Es la misma razón por la que se alude a un artículo en Papeles de Economía del actual secretario de Estado de Hacienda en el que trata de los consorcios y de la gestión tributaria compartida de Estado y Autonomías. Todo vale para dar normalidad a lo que no la tiene. Así, los apologistas del sanchismo irán justificando cada paso, sin tener que desdecirse hasta el final de esa manida afirmación de que eso no se va a hacer, que el concierto no se va a implantar.
