Nuestra política privatizada
«La política española está cartelizada, los partidos son cesaristas y están personalizados. Mientras eso no cambie, la responsabilidad es del jefe supremo»
Pedro Sánchez y Carlos Mazón. | Alejandra Svriz
En su brillante biografía del expresidente de la URSS Mijaíl Gorbachov (Gorbachov. Vida y época), que tradujo la editorial Debate en 2018, William Taubman cita una frase del académico ruso Dimitri Furman que cree que define la «cualidad única de Gorbachov»: fue «el único político de la historia de Rusia que, teniendo todo el poder en sus manos, optó voluntariamente por limitarlo y hasta se arriesgó a perderlo en nombre de ciertos valores y principios éticos».
Añadiría que quizá no es una actitud única en la historia de Rusia, sino quizá de la historia política mundial. Dimisiones, renuncias y abandonos sorprendentes ha habido muchos en la política occidental del siglo XX: pienso a menudo en la teatralidad de la dimisión de Richard Nixon, que tras su discurso de renuncia en 1974 se marchó de la Casa Blanca en un helicóptero mientras una multitud lo despedía emocionada. El caso de Gorbachov fue mucho más radical: presidió, lideró y guio al imperio hacia su disolución, el mismo imperio que lo encumbró (no era un outsider sino un apparatchik soviético clásico), y sobre todo, fue gradualmente quitándose a sí mismo el poder, las prebendas y los privilegios que iban aparejados al cargo. Y lo hizo no por un desprecio al poder, un desdén hacia la política, sino porque había ciertos principios y valores a los que no estaba dispuesto a renunciar.
¿Por qué valores estaría dispuesto a dimitir un político español? Es una pregunta ligeramente populista. Y parece un salto enorme: del último secretario general de la URSS a Pedro Sanchez o Carlos Mazón. Pero es importante en esta época de fiscalización sin consecuencias: la correa de transmisión entre la polémica o la crisis y la dimisión está rota.
En política uno no suele dimitir; lo dimiten. Y al que hacen dimitir suele ser el chivo expiatorio, no el verdadero y último responsable. Es lo que ha hecho el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que ha echado balones fuera durante semanas. Debería haber dimitido por su penosa gestión de las riadas; aunque solo sea por higiene democrática, o, por ser más cínicos, como víctima sacrificial: la política es cruel, y a veces es tu responsabilidad responder a una crisis con tu propia cabeza. Sobre todo si pide veladamente tu dimisión hasta tu propio partido.
No siempre es fácil identificar al verdadero culpable. Como han escrito algunos analistas en las últimas semanas al respecto de las riadas en Valencia, el sistema autonómico funciona como chivo expiatorio para los políticos de todas las instancias: el presidente del Gobierno puede culpar al presidente de la comunidad, el de la comunidad puede culpar al presidente del Gobierno. Lo vemos en todas las administraciones. Se estropea el metro de una ciudad grande. La gente se queja del alcalde. El equipo del alcalde responde que el metro lo gestiona la comunidad. Cercanías o Rodalies tienen problemas. La gente se queja a la comunidad autónoma. La comunidad autónoma responde, con un aire de suficiencia, que es competencia del Estado. Lo que en teoría es un sistema de reparto de la gestión acaba siendo un sistema de reparto de la culpa.
«El político contemporáneo tiene asumida esa lógica de la ‘turbopolítica’: las polémicas no duran más de una semana»
¿Quién debería dimitir? ¿Quién es el responsable? Y mientras debatimos esto, se nos va olvidando la polémica. El político contemporáneo tiene asumida esa lógica de la turbopolítica: las polémicas no duran más de una semana. Hay que aguantar, apretar los dientes, mirar hacia adelante y ya se olvidará la gente, ya habrá otra polémica que sepultará a la anterior. Y así muere la fiscalización, no solo atacando a las instituciones neutrales y fiscalizadoras, sino con el cinismo más absoluto.
Esta semana en El País Víctor Lapuente hacía una interesante reflexión sobre las responsabilidades políticas tras la DANA. «Hay responsables nítidos de actuaciones incorrectas. Uno estaba en una comida medio secreta, la otra desconocía que se podían enviar alertas a los móviles. Deberían dimitir. Pero sería un error poner todo el peso en unas personas concretas». Lapuente piensa que el sistema debería haber funcionado con independencia de los políticos. «Yo quiero un país donde las emergencias funcionen de forma automatizada, aunque el cargo electo esté en un restaurante, de viaje en la India o enfermo en casa». Tiene razón. Y es la perspectiva que deberíamos tener a largo plazo.
Pero también quiero un país donde el presidente de una región dimita cuando se descubre que mientras sus ciudadanos morían ahogados, él negociaba el reparto de una televisión pública. Quizá es una cuestión estética. También es de ejemplaridad. Un presidente no es quien realmente gestiona, no es quien baja al barro. Todo debería funcionar sin que pase necesariamente por él. Pero todavía no estamos ahí. La política española está cartelizada, los partidos son cesaristas, están personalizados y privatizados. Mientras eso no cambie, la responsabilidad es del jefe supremo, que es quien se ha dedicado a colonizar las instituciones y administraciones con afines. Son sus minions, y están ahí no para pensar por sí mismos, sino para reproducir el mensaje del líder. En esencia, son el líder de forma vicaría. Como dice Daniel Gascón en una viñeta reciente, «el problema con los partidos cesaristas es que la corrupción enseguida llega al jefe». Se refiere a Sánchez y Aldama. Pero es aplicable a toda nuestra política privatizada.
