El Gobierno contra un ciudadano

Tenía pensado, no lo negaré, escribir algo sobre este embrollo de prime time, convertido en asunto de Estado, entre La revuelta de Broncano y El hormiguero de Motos. Dicen algunos veteranos oyentes de radio que esto se parece a los duelos de pullas, insultos, entre García y De la Morena, pero hay diferencias, una fundamental, que ni El larguero ni SuperGarcía se emitían en una emisora pública. Y por ende que no les pagábamos el sueldo entre todos. Eso cambia la balanza, y hace que mi interés en las guerrillas por los entrevistados parta de una idea básica: que a uno de los dos combatientes le pago yo. Ya luego podríamos hablar de presiones, acuerdos, exclusivas y si me apuran hasta de por qué medios se deja o no entrevistar el presidente del Gobierno.

Pero la gravedad de lo que venimos viendo en estos meses deja apartada la revuelta hormiguera. Vemos, con el aplauso de buena parte de nuestros compañeros de oficio, como el Gobierno, mediante la Fiscalía de Álvaro García Ortiz, tuvo claro que entre sus misiones fundamentales estaba la de perjudicar a un adversario político, a la enemiga Isabel Díaz Ayuso, y si para ello había que atacar la privacidad de un ciudadano anónimo filtrando datos sensibles a su partido o a medios de comunicación, se hacía: «¿De quién depende la fiscalía?». Sigo sin ver, serán mis cortas entendederas, qué hacemos hablando de Alberto González Amador, ciudadano particular, cuyo único interés gubernamental —y por ende mediático—es relacionarlo con Ayuso, pero es que no hay manera decente de hacerlo.

«El presunto fraude de González Amador ya se juzgará; lo que ya es evidente es lo que está dispuesto a hacer Sánchez con una enemiga»

Sí, ya sabemos la profesionalidad del coro periodístico—defensores de la bondad y la verdad—que repiten sin cesar que este caso afecta hasta el tuétano a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que debe dimitir ya, si puede ser ahora mismo mientras leen estas líneas, casi que mejor. Y lo único que pueden intentar conectar entre el presunto fraude fiscal de González Amador y Ayuso es una vivienda, una casa en Madrid de 183 metros cuadrados que se compró la pareja de la presidenta madrileña. Estuvo torpe en el ataque la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hasta el punto de ser demandada por el novio de Ayuso, cuando afirmó en el Senado que Ayuso podría «estar viviendo en un piso que se pagó con un fraude». Como si eso estuviera probado por alguna instancia, quizá estamos hablando de un bulo, pero es raro porque ese mal solo afecta a gentes de la derecha.

Iker Jiménez al menos pidió disculpas

Carlos Padilla

Aquí lo que cabrea, mucho más que no poder emitir una entrevista en tu programa de comedia, es ver cómo se pone en marcha todo el Gobierno central para contrarrestar informaciones perjudiciales. Si sale el caso Koldo y la opinión pública está calentita, se empieza a crear esta operación de derribo para Ayuso. Y uno puede hacer las operaciones que desee, pero no con el apoyo de instituciones que no están—no deberían estarlo—subordinadas al interés de Sánchez. Ha sido tal el denodado esfuerzo de los bienpagados del sanchismo que las costuras se han estirado hasta el esperpento, con Lobato, citado como testigo, hablando de linchamiento por los de su partido, el fiscal general imputado y el Ejecutivo aturullado.

El presunto fraude de González Amador ya se juzgará cuando toque, de lo que hay una evidencia clara es de lo que está dispuesto a hacer Sánchez con una enemiga. Sirva como aviso a opositores y a sus parejas, que sepan que aquí no se perdona un resquicio de duda para entrar a degüello. El Gobierno pondrá toda la carne en el asador, sirviéndose de los poderes del Estado y apoyado por medios de suma obediencia, para intentar achicharrar a quien le pueda servir como balón de oxígeno, y si es un ciudadano desconocido, qué más da. Todo le sirve al Gobierno, a por un día más.