María Jesús Montero se puede quedar manca
«La ministra de Hacienda ha puesto la mano en el fuego por dos de los señalados por Víctor Aldama: Santos Cerdán y Carlos Moreno, su jefe de Gabinete»
Ilustración de Alejandra Svriz.
En su comparecencia de este martes en el Senado en la comisión de investigación Koldo-Ábalos, la peculiar ministra de Hacienda puso la mano en el fuego por dos de los señalados por Víctor Aldama en su reciente declaración autoinculpatoria ante la Justicia. Se trata de Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE y por Carlos Moreno, su jefe de Gabinete. Me resulta más lejano el caso del primero, pero ¡ojo! que MJ Montero se puede quedar sin la mano que ha puesto por su colaborador. Veamos cuál es el escenario actual de la cuestión.
Todo el revuelo se inicia al declarar Aldama que pagó a Carlos Moreno 25.000 euros en compensación por sus gestiones en favor de una empresa que él administraba, Pilot Royal State, que tenía serios problemas con la Agencia Tributaria. Según el declarante, fue Koldo García quien, en su presencia y en un establecimiento público, entregó al jefe de Gabinete de la ministra Montero un sobre que contenía la cantidad reseñada. Cierto es que, de haberse producido la entrega que afirma Aldama, acreditar la realización de un pago así realizado no es sencillo, pues el método elegido no deja rastro documental.
Pero también lo es que en cualquier momento Koldo se puede hacer un Aldama y empezar a colaborar con la Justicia aportando una segunda prueba testifical complementaria a la ya existente, cuestión que tendría un valor considerable. Y también pudiera suceder que Aldama hubiera grabado con su móvil la conversación que se produjo entre los tres antes, durante y después de la hipotética entrega del sobre y que lo conversado resultara comprometedor para Carlos Moreno.
Tampoco puede descartarse que entre los varios móviles ya incautados o entre los que pueda entregar a partir de ahora Aldama, se encuentren mensajes de WhatsApp que refieran la solicitud del presunto trato de favor, la comunicación de las presuntas gestiones realizadas, el presunto éxito alcanzado con ellas, o el agradecimiento por haberlas realizado presuntamente. En cualquiera de los casos se trataría de una prueba demoledora para el jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda.
Pero es que, al margen de las posibles pruebas hasta ahora reseñadas, debe tenerse en cuenta que resulta tremendamente sencillo encontrar el móvil, si es que lo hay, del cohecho. Es decir, probar la existencia del trato de favor a la empresa de Aldama. Corre un run-run en los pasillos de la Agencia Tributaria según el cual la sociedad Pilot Royal State tenía una deuda impagada con la entidad cuyo periodo de pago voluntario había ya finalizado, encontrándose en el periodo ejecutivo, lo que la situaba en la situación de embargo.
«De ser cierto el cobro percibido por el jefe de Gabinete de Montero, conseguir probarlo dista mucho de ser imposible»
Pero hete aquí que de repente, la AEAT le concede un aplazamiento con dispensa absoluta de aportación de cualesquiera garantías, cuestión que nunca hace la entidad para las deudas que se encuentran en periodo ejecutivo, y menos dado el importe de lo adeudado, próximo a los dos millones de euros. Ergo, de ser cierto o confirmarse el run-run que circula en la AEAT, sí habría existido el trato de favor a la empresa de Aldama, y ese podría ser -sería- el móvil del cohecho denunciado por Aldama.
Una vez comprobada la existencia del trato de favor, el interrogatorio al funcionario de la AEAT que concedió un aplazamiento en las condiciones anómalas antes expuestas permitiría detectar quién o quiénes le ordenaron hacerlo salvo, claro está, que el concedente declarase haberlo hecho motu proprio, en cuyo caso se convertiría en un sospechoso más. Todo ello sin perjuicio del posible rastreo de los correos electrónicos y los móviles de los funcionarios y autoridades de la AEAT, de su Departamento de Recaudación y del Ministerio de Hacienda potencialmente implicados en la jugada.
De manera que, de ser cierto el cobro percibido por el jefe de Gabinete de MJ Montero, conseguir probarlo durante el procedimiento de la investigación judicial dista mucho de ser imposible. Por el contrario, si se investiga adecuadamente, resultaría sencillo detectar o descartar la existencia de la, de momento, presunta ilegalidad. De ahí que sea posible que en unos meses podamos tener una ministra de Hacienda manca, todo por no saber reprimir esa incontinencia verbal que le caracteriza.
Por cierto, que esa incontinencia de MJ Montero, sumada a su absoluta ausencia de pudor, le llevó ayer a presumir en el Senado porque fuera la Agencia Tributaria -con el informe elaborado por el inspector de Hacienda Raúl Burillo- la que destapó inicialmente el fraude de las mascarillas. Es verdad que así es, pero también lo es -y eso se le olvidó decirlo a la ministra- que el enfado que ella se agarró por la elaboración y remisión al Juzgado de dicho informe fue de los que hacen época.
Tanto se enfadó MJ Montero que cesó inmediatamente a la delegada especial de la AEAT en Aragón por remitirlo al Departamento de Inspección de la entidad. Y tanto se enfadó que cesó, también inmediatamente, al director de dicho Departamento por trasladarlo al juez. A Raúl Burillo, autor del informe, no pudo cesarle por no estar ocupando un puesto de libre designación. De modo que ¡menos lobos, caperucita!, no presumas ahora de lo que tanto te escoció entonces hasta el punto de cortar la cabeza a dos funcionarios por el mero hecho de cumplir con su obligación legal de colaborar con la Justicia.
