La tentación mimética del gran corruptor
«El caso del fiscal general del Estado es un ejemplo perfecto de la forma de actuar de Sánchez: desnuda su manera de gobernar y su manera de estar en el mundo»
Alejandra Svriz
Lo primero y más obvio: nunca debió conocerse que un ciudadano privado tenía un diferendo con Hacienda. Esta primera filtración a la prensa es la más grave y de la que no se habla. Y el único responsable es el Gobierno. Nadie en desacuerdo con Hacienda, algo relativamente normal para empresarios y autónomos dada la voracidad de la Agencia Tributaria española, quiere que esa información sea pública. Y menos cuando se negocia el monto y los términos de una sanción fiscal. Nadie quiere quedar como evasor fiscal. Y está en su derecho, mientras su caso no pase a los tribunales. Le asiste, además, la doctrina fiscal de España, centrada en la reparación del posible daño a las arcas públicas mucho más que en sus consecuencias punibles. Hacienda no quiere las cárceles llenas de defraudadores sin pagar, sino las cuentas claras. Por cierto, las personas que deciden no hacerlo y van a pleito suelen ganarle sus casos a Hacienda, y hay ejemplos de sobra conocidos. Por el contrario, quien se reconoce «cazado» suele cerrar el trato antes del paso a tribunales. Nada demasiado grave extraño o dramático.
Si los medios publicaron la noticia de que el señor Alberto González Amador tenía una deuda en Hacienda, lo hicieron porque recibieron una filtración ilegal del Gobierno, y lo hicieron solo porque es la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, el rival político más peligroso que enfrenta Pedro Sánchez. Eso, a su vez, demuestra que Ayuso está bajo estricta vigilancia del Gran Hermano gubernamental. Ella y su entorno. El caso coincide en el tiempo, además, con la imputación de Begoña Gómez. La estrategia es clara: la mujer del presidente es perseguida injustamente en los tribunales por ser su condición de pareja mientras que la principal figura de la oposición –que no la líder, por misterios teosóficos– tiene de pareja a un «delincuente confeso».
Esta cacería revela el uso partidista de las instituciones y la lógica maquiavélica de que el fin justifica los medios. También, que el Gobierno patrocina todo un ecosistema mediático que le es favorable y que le sirve de caja de resonancia social, incluidos los medios públicos. Con ello además se relativiza el trabajo de los medios independientes y el mérito enorme de investigar a un Gobierno en activo. Mi corrupción es ‘lawfare’, la tuya es verdadera.
Ante este panorama, la respuesta del equipo de Ayuso fue también maquiavélica, soltando la mentira a los medios de que, en realidad, el presunto defraudador era quien había recibido una propuesta de conciliación de Hacienda. Lo cual de nuevo es ilógico. Hacienda no busca el acuerdo fiscal, sino que amenaza con la multa y el pleito por sistema, y es el ciudadano quien debe ofrecerlo, sobre todo si piensa que lo perdería en un hipotético juicio. La filtración del equipo de Ayuso no es ilegal, ya que no son autoridad, pero es inmoral. Mintieron a sabiendas. También demuestra que hay un universo mediático dispuesto a publicar una noticia sin el contraste periodístico suficiente si esta perjudica al Gobierno, lo que refuerza en el ciudadano de a pie la equivalencia de dos mundos en disputa y le hace más fácil ignorar o aceptar tácitamente las trampas del propio bando. Para desmentir esa noticia falsa, el Gobierno volvió a incurrir en una revelación de secretos. Esta vez, sacando pecho porque les asistía una pálida luz de verdad: desmentían un «bulo».
La ruta de esta segunda revelación de secretos la sabemos sin margen de error: de la Fiscalía a Moncloa. Y de ahí a Juan Lobato, como líder regional del PSOE en Madrid, para que usara esa información en su inminente sesión de control en el parlamento autonómico. Es decir, para presidencia, el partido y el gobierno son lo mismo. Y tampoco hay distinción válida entre legislativo y ejecutivo ni entre gobierno central y autonómicos. Pura espiral autocrática.
«El motivo de la visita al notario de Lobato fue doble: evitar ser el chivo expiatorio del caso judicial y conservar la silla en el liderazgo de Madrid»
Lobato no se negó a usar esa información, sino que pidió que le llegara limpia. Y Moncloa en un santiamén consiguió que un medio afín la publicara. Y entonces Lobato no tuvo escrúpulos en usarla, repitiendo caricaturescamente la información recibida y su argumental. Un partido de marionetas. Cuando estalla el escándalo judicial contra el fiscal por esta revelación (doble) de secretos, Lobato se cura en salud y lleva astutamente ante notario sus conversaciones por WhatsApp con la ‘apparatchik’ de Moncloa. El motivo de su visita al notario fue doble: evitar ser el chivo expiatorio del caso judicial y conservar la silla en el liderazgo de Madrid, pese a sus desavenencias con Pedro Sánchez, ya que tendría a buen resguardo la prueba irrefutable de la comisión de un delito por parte de la presidencia del gobierno. La exclusiva del ABC, que publicó la conversación entre Lobato y Moncloa, y que solo pudo venir de él mismo o de un inverosímil notario filtrador de los documentos que resguarda, le obligaba a dar una batalla política para la que le faltó valentía moral. Sus ambiguas respuestas ante la exclusiva lo convirtieron en presa fácil del partido-gobierno, que en menos de 24 horas lo obligó a dimitir, tras triturar su reputación en los medios y de alinear a sus antiguos partidarios en su contra.
En resumen, el fiscal general filtró –la primera vez, a los medios, la segunda al Gobierno–, de manera ilegal, información verídica de la pareja de un rival político, demostrando que es posible delinquir con la verdad en la mano. Y la oposición tiene razón en sentirse amenazada por el «leviatán» Sánchez, dispuesto a todo con tal de «ganar el relato» y permanecer en el poder, pero no puede combatirlo con mentiras. No solo por el universal ético sino por puro pragmatismo. Por eso este caso es paradigmático. Todos tienen una verdad parcial que vender, aunque la mayor responsabilidad recaiga sobre el gobierno.
A Pedro Sánchez, blindado en Bruselas por la alianza entre populares y socialdemócratas europeos; blindado en una coalición de gobierno en la que todos sus integrantes recelan entre sí pero están unidos por la defensa de sus intereses estratégicos; blindado en un partido que tiene desterrados o arrinconados a sus críticos, como demuestra clamorosamente el congreso de Sevilla, y blindado con un consejo de ministros que hace mucho que se maneja con los códigos de silencio, complicidad y lealtad de la mafia, la oposición solo va a poder derrotarlo en las urnas si mantiene una conducta irreprochable, y huye como de la peste de la tentación mimética a la que invita tramposamente el gran corruptor.
