Del 'lawfare' a la vivienda
«La vivienda se ha convertido para Sánchez en un conejo que saca de la chistera cada vez que está en un aprieto y quiere desviar la atención de otros temas»
Ilustración de Alejandra Svriz
Si teníamos alguna duda, el 41 Congreso nos la ha despejado: el PSOE ha dejado de ser socialista para ser exclusivamente sanchista. Todo estaba preparado para la glorificación del jefe, al más puro estilo caudillista. El individuo no cuenta, solo la organización, y la organización se identifica con el líder. Ya lo dijo Zapatero en referencia a Lobato, lo principal es la lealtad. La fidelidad al partido y al jefe debe primar sobre la verdad y la ética. En esa dinámica, la corrupción no existe, tan solo son bulos e intoxicaciones, una campaña organizada por la derecha, una cacería, un acoso inicuo en el que participa el poder judicial.
El PSOE ha asumido sin el menor rubor la doctrina de los separatistas, acerca de que ellos no dieron ningún golpe de Estado, sino que han sufrido una persecución injusta protagonizada por los jueces. Lawfare. Todos los magistrados son fascistas. El PSOE ha tomado prestada de los soberanistas la consigna de que hay que desjudicializar la política. Idea alarmante donde las haya. Significa anular la división de poderes y crear un ámbito de impunidad para la actividad pública.
El peligro está en el otro extremo. Más bien consiste en la politización de la justicia. De ahí el empeño del PSOE en controlar al Poder Judicial y hacer del fiscal general una prolongación del Gobierno, o la colonización del Tribunal Constitucional que, aunque no es Poder Judicial en sentido estricto, se ha extralimitado actuando como tal, al anular las sentencias de condena pronunciadas por distintas instancias judiciales sobre los ERES de Andalucía.
Desde hace tiempo el sanchismo ha venido metiéndose con jueces concretos, pero esta vez ha generalizado la ofensiva, integrando en la fachosfera a todos los tribunales y haciéndoles protagonistas de la cacería y de la persecución. Hay que reconocer que en la situación actual, y dado que son múltiples los casos de corrupción que se encuentran en los aledaños del líder, resulta difícil ensalzarle sin descalificar genéricamente a la judicatura.
Parece inverosímil que Sánchez no estuviese al tanto de las andanzas de Ábalos cuando era su segundo, su hombre de confianza, y el que le había llevado a la secretaría general del partido por segunda vez. No es creíble que Sánchez desconociese los enjuagues de su mujer y de su hermano. No se puede dudar tampoco de que una mayoría de personas tomasen como deseos del presidente del Gobierno, las simples indicaciones de Ábalos, de Begoña Gómez y de David Sánchez. A su vez, no es mucho suponer que detrás de las actuaciones del fiscal general se encuentra el presidente del Gobierno.
«Una organización despótica no precisa distinguirse por el programa, sino por la lealtad a las siglas y la devoción al líder»
En esta ocasión, los casos de corrupción cercan el jefe por todos los flancos. La única forma de enaltecerle consiste en reducir todo a una campaña de difamación de la derecha política, mediática y judicial. Es por ello por lo que todo el Congreso se convirtió en un órdago a la judicatura. El plenario puesto en pie aplaudió y homenajeó a los condenados en varias instancias judiciales por ser autores de uno de los mayores fraudes, el de los eres de Andalucía, y la entrada triunfal de Begoña Gómez no tuvo nada que envidiar al de una artista de máxima actualidad. El recibimiento se preparó concienzudamente.
Convertir el Congreso en un acto de inflamación patriótica y de cierre de filas alrededor del jefe lleva aparejado el que se diluyan los temas programáticos. Una organización despótica no precisa distinguirse por el programa, se constituye como tal por la lealtad a las siglas, por la devoción al líder y por la oposición al enemigo. Propiamente no tiene esencia. Su entidad se configura más que por lo que es o por lo que defiende, por el antagonismo al adversario. Es más, en determinadas circunstancias los temas programáticos son contraproducentes, porque pueden ser causa de división y discrepancias, lo que resulta contrario a una entidad totalitaria en la que el caudillo siempre tiene razón.
Es por ello por lo que, en este Congreso, la dirección del PSOE ha eludido el tema que parecía que iba a ser fundamental, el de la financiación autonómica. Se suponía además, que una de las razones por las que se adelantaba el Congreso era para conseguir que Sánchez obtuviera carta blanca para llevar a cabo una reforma tan problemática como la acordada entre el PSC y Esquerra, un sistema específico de financiación para Cataluña, similar al concierto del País Vasco.
A Sánchez y a sus adláteres les ha podido el miedo de que se produjera la división, y han optado por evitar el tema empleando una fórmula lo suficientemente ambigua para contentar a todos porque todos pensaban que más adelante ya se plantearía el problema. Igual ha ocurrido sobre la problemática queer. No se sabe si mantienen o no la Q+, tras LGTBI.
«Los poderes públicos deben propiciar la construcción de vivienda nueva, no convertirse en promotores ni en constructores»
El debate sobre el programa se ha sustituido por un anuncio a bombo y platillo de carácter populista que pudiera ser aceptado con júbilo por todos, la creación de una empresa pública de vivienda. Todos en pie se deshicieron en aplausos. Recuerda, como no, a las 170.000 casas prometidas por Sánchez hace más de año y medio y que ha quedado en el baúl de los recuerdos. Este anuncio tiene aún menos contenido e implica un desconocimiento total de lo que es una empresa pública y de su función.
Los poderes públicos deben propiciar la construcción de vivienda nueva, especialmente para alquiler social, pero eso no quiere decir que se tengan que convertir ni en promotores ni en constructores. Pretenderlo sería tan absurdo como si intentásemos crear una empresa estatal para que llevara a cabo todas las obras públicas. El papel de las Administraciones tiene que consistir en dar facilidades a la iniciativa privada y en los casos de construcción de vivienda social para el alquiler, subvencionarla, bien sea directamente o bien a través de la provisión de suelo a precios económicos.
Entre todos los tipos de entidades públicas, las sociedades estatales son las que tienen menor control, ya que están destinadas a competir en igualdad de condiciones con el sector privado. Este no es el caso de la vivienda. Aun cuando se trate de protección oficial, serán las empresas privadas las que tengan que construirlas. La solución no viene de crear chiringuitos nuevos cuando existe el Ministerio de la Vivienda, y todas las comunidades y muchos ayuntamientos tienen ya entidades dedicadas a este cometido.
La creación de una empresa pública solo constituiría un tenderete más para colocar a los afines. Lo que se precisa es una ley del suelo y poner dinero encima de la mesa. Ahora hablan de los fondos europeos de reconstrucción. Un poco tarde. No es creíble. Era evidente que la vivienda, juntamente con la sanidad y la justicia, deberían haber sido objetivos prioritarios a los que dedicar estos recursos.
«Ha sido principalmente en estos seis años de Gobierno sanchista cuando el precio del alquiler se ha disparado»
La segunda vía para incrementar la oferta de viviendas y así bajar el precio consiste en atraer a todos los propietarios que tienen pisos vacíos, especialmente a aquellos a los que las medidas de Sánchez han expulsado del mercado. Ha sido principalmente en estos seis años de Gobierno sanchista cuando el precio del alquiler se ha disparado, y además de forma acelerada. La razón hay que buscarla en las medidas totalmente contraproducentes que se han ido aprobando.
Se ha implementado una legislación excesivamente protectora del arrendatario y punitiva para el arrendador. La tardanza en decretar el desahucio y la llamada vulnerabilidad dejan al propietario casi inerme ante la falta de pago del inquilino. La consecuencia es la huida de muchos propietarios del mercado y una barrera infranqueable para aquellos que estuvieran pensando en entrar.
Los más perjudicados son los realmente vulnerables porque no hay quien les arriende una vivienda. Los propietarios que permanecen en el mercado intentan minimizar el riesgo y rehúsan alquilar a todos aquellos que consideran que tienen una mínima probabilidad de ser declarados vulnerables, que son precisamente los más necesitados de protección y a los que el Gobierno dice querer defender.
Dejémonos de empresas públicas. Parece de nuevo un juego de artificio. La acción del Estado tiene que comenzar, en primer lugar, en retirar las medidas que hasta ahora se han tomado, y en segundo lugar, si se quiere ayudar a los posibles vulnerables, en hacerse cargo del alquiler o facilitar una solución habitacional en caso de impago.
La vivienda hoy por hoy se ha convertido para Sánchez en un fetiche, en un conejo que saca de la chistera cada vez que se encuentra en un aprieto y quiere desviar la atención de otros temas. Así ha ocurrido en este 41 Congreso. Y ocurrirá después de Navidad en la Conferencia de Presidentes. Sánchez querrá dar una apariencia de veracidad y rellenar de alguna forma una reunión que, con toda seguridad, va a carecer de contenido. Nada mejor que la vivienda.
