La nueva torre de Babel
«Habrá que editar ‘guías de uso’ para poder seguir en el Congreso las sesiones en extremeñu, andaluz, bable, la fabla, además de en catalán, vasco y gallego»
Ilustración de Alejandra Svriz
Hay un fantasma que recorre el mundo y que, con gran habilidad, como si de un virus se tratara, extiende el identitarismo divisorio por doquier. Tenemos que potenciar el extremeñu, el andaluz, el bable, la fabla… además de expandir hasta el infinito las lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas que las tengan. Y tenemos que hacerlo porque se está utilizando la lengua, o los modismos lingüísticos para crear identidades que nos mantengan, en cada lugar, cuanto más aislados del resto mejor. Pequeñas nacioncitas, que los más cafeteros pretenden construir con un uso emocional, y por lo tanto no racional, de unas lenguas que, en lugar de ser vehículos de comunicación, de transmisión de conocimiento y de intercambio cultural, quieren ser la columna vertebral de pseudo pequeñitos Estados que sólo existen en la calenturienta imaginación de sus promotores.
Asombra que, ya entrado el siglo XXI, en un mundo globalizado, insertos en Europa y en la era de la denominada inteligencia artificial, propios y ajenos dediquen su tiempo a promocionar tales usos lingüísticos y a tratar de conseguir que la educación de nuestros estudiantes quede cada vez más restringida, no sólo por favorecer o exigir un uso determinado de lo que en el derecho internacional y europeo se denominan lenguas regionales y minoritarias, sino porque a través de tal utilización de las lenguas se imponen, al mismo tiempo, creativas teorías históricas o culturales o se reduce al absurdo el ámbito de referencia bajo el cual se desarrolla cada modelo educativo. Todo ello con un clasismo de manual, puesto que los hijos de las élites no nutren las escuelas y colegios sometidos a tal desaguisado, sino que van a centros de alto nivel, plurilingües y socialmente bien posicionados. No sólo se fagocita la libertad sino que con ello se deriva a la mayor parte de nuestros estudiantes hacia un conocimiento sesgado, cuando no absolutamente falseado, del pasado y, prospectivamente, condicionador del futuro.
No hemos abordado la educación, en España, como un asunto de Estado, merecedor de la mejor de las atenciones, porque con ella se modela lo que ha de ser el ciudadano del futuro. Me gusta recurrir a Bobbio al respecto, cuando aboga por un ciudadano libre, informado y formado, consciente de su valor social, que con su voto es el agente conformador de las instituciones democráticas. Y me imagino la perplejidad que le produciría el poder comprobar, si pudiera hacerlo, que lo que se quiere formar es a individuos condicionados por una pequeña identidad derivada de la lengua o del modismo lingüístico bajo el cual ha sido «educado», no para entender el mundo, sino para ir de excursión alrededor de su terruño.
Algo parecido está sucediendo en el ámbito de la Unión Europea, donde los diputados españoles del grupo socialista están apoyando la petición que, por enésima vez, ha sido realizada por los partidos nacionalistas, para conseguir que el catalán, el vasco y el gallego, sean reconocidos como «lenguas de uso» en el Parlamento Europeo, ya que no pueden tener el estatus de lenguas oficiales de la Unión. El actual conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat catalana, buen conocedor de los intríngulis europeos (ha sido durante muchos años portavoz del Parlamento Europeo) parece que se está esmerando mucho para llevar esta petición a buen puerto.
Nadie tiene en cuenta los preceptos legales que regulan las lenguas. Ni los internacionales ni los internos. Esa tensión entre política y derecho, cuyos postulados más «modernos» pretenden que sea la primera quien prevalezca sobre el segundo, tiene un buen eje de batalla en el tema lingüístico, sin tener en cuenta que no se trata sólo de hablar en una lengua determinada, sino en cómo la instrumentalización de una lengua afecta a un sinnúmero de derechos: en la educación, en la sanidad, en el comercio, en las relaciones con la administración o con los tribunales, en las relaciones sociales…. En prácticamente toda la vida.
«Se pretende desplazar el uso del español en aras de micro construcciones nacionales que favorezcan la ruptura de la cohesión nacional»
Estamos promocionando el no entendernos con la multiplicación de usos lingüísticos no sólo de facto sino que pretendemos que ello se haga de iure, con el correspondiente dispendio del erario público que obliga al uso irrisorio del pinganillo cuando contamos, al menos en España, con una lengua común, el español, que es la oficial en todo el territorio y que todos tenemos reconocido el derecho constitucional a usarla.
Además, estamos también promocionando que, para complementar los complejos identitarios que conlleva el mal uso de las lenguas cooficiales, pretendiendo desplazar el uso del español en aras de micro construcciones nacionales que favorezcan, desde esa perspectiva, la ruptura de la cohesión nacional, irrumpa también en determinados lugares la introducción de modismos lingüísticos dirigidos a ser también un instrumento de instauración de nuevas identidades. Todo ello en contra de lo que la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias dispone, a saber, y esencialmente, que es que la debida protección de tales lenguas no puede comportar el desplazamiento de la lengua nacional oficial del Estado en el que también puedan existir, incluso con rango de cooficialidad, otras modalidades lingüísticas.
También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha abordado, en distintas ocasiones, los problemas que, en relación con el ejercicio de los derechos del Convenio, ha planteado en diversos Estados europeos la imposición de un determinado mal uso de las lenguas, obstaculizando derechos como la libertad de expresión, la educación o el acceso a la justicia, entre otros. Podemos citar los casos Orsus y otros contra Croacia, Catan y otros contra Moldavia y Rusia, Sukran Aydin y otros contra Turquía, Nusret Kaya y otros también contra Turquía o Petropavlovkis contra Letonia.
En ellos y en síntesis, el Tribunal concluye que los poderes públicos deben facilitar el ejercicio de los derechos tanto en las lenguas oficiales como en las minoritarias, que deben respetar el derecho vigente en el lugar, que no es admisible la imposición forzada de una lengua en la enseñanza cuando es legalmente posible impartir en otra, que es esencial el respeto a la lengua materna y familiar garantizando el derecho de los padres a que los hijos reciban la enseñanza de acuerdo con sus convicciones… en esencia, se está garantizando el bilingüismo en las comunidades bilingües.
«La misma Carta de los Derechos Fundamentales de la UE prohíbe la discriminación por razón de lengua»
También la UE ha regulado el uso de las lenguas, a las que entiende en los Tratados como una manifestación de riqueza y diversidad cultural. La misma Carta de los Derechos Fundamentales de la UE prohíbe la discriminación por razón de lengua e impone a la Unión el respeto de la diversidad lingüística. La política de la UE, en proyectos y programas, se asienta sobre bases similares a las de la Carta de las Lenguas Regionales y Minoritarias.
En cuanto al uso de las lenguas en las Instituciones europeas, el Reglamento del Consejo nº 1 fija el régimen lingüístico en el funcionamiento de las mismas. En su artículo 1 dispone que son las lenguas oficiales de los Estados miembros las que son lenguas oficiales y de trabajo en la UE y en el art. 8 se refiere a las que pueden ser cooficiales en los Estados miembros, estableciendo que se estará a lo que dispongan las normas generales de la legislación oficial del estado que cuente con ellas. Habida cuenta de las peticiones formuladas por algunos Estados miembros para que las lenguas cooficiales en el Estado pudieran ser usadas en determinados órganos de la UE, se estableció que se podría acordar un convenio por el que se estableciera tal uso siempre y cuando los gastos que ello generase fueran sufragados por el Estado concernido.
En el caso de España existen algunos acuerdos administrativos con el Comité de las Regiones, el Defensor del Pueblo Europeo, el Comité Económico y Social, la Comisión Europea o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el Parlamento Europeo el acuerdo se ciñe a que las lenguas cooficiales puedan ser utilizadas por los ciudadanos en sus relaciones con la institución, sin que ello comporte que puedan ser utilizadas por los miembros del PE en el desarrollo de sus actividades. España tiene que hacerse cargo de los gastos originados en el caso concreto en el que se pretenda el uso de alguna de las lenguas cooficiales.
Este es el punto en el que ahora estamos. Pero parece ser que tenemos que ir más allá. Tanto en el ámbito interno, donde aparecen como lenguas a introducir en la enseñanza o la administración incluso modismos lingüísticos utilizados en diversas comunidades autónomas que no tienen el estatus de cooficialidad, como en el ámbito europeo e internacional; del mismo modo que algunos gobiernos autonómicos pretenden que la lengua cooficial en su comunidad pueda tener un régimen similar al de las lenguas oficiales reconocidas como tales por la UE, Naciones Unidas, Consejo de Europa y otras organizaciones.
«Estamos construyendo otra Babel, alrededor de nuevas ‘religiones’ lingüístico-identitarias»
Vamos a tener que editar, no lo descarten visto lo visto, «guías de uso» para que, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, podamos seguir las sesiones en extremeñu, andaluz, bable, la fabla, etc. además de en catalán, vasco y gallego; después algunos se quejarán de la falta de recursos económicos en otros ámbitos…. Y quizás también en la UE, si se consigue que el catalán, vasco y gallego sean lenguas de uso en el Parlamento Europeo, o se «oficialicen» en el Consejo y se añadan a la fiesta el bretón, el corso, el bávaro, el feroés, el turco (¿por qué no si lo hablan miles y miles de habitantes de Alemania), o el ruso (¿por qué no si es la lengua de alrededor de un 20% de la población de los países bálticos?)…. Recuerden que en Europa se hablan más de 200 lenguas distintas e imaginen que sólo a la mitad de las comunidades sociales que las tienen como propias les diera por sumarse a tales reivindicaciones.
No es broma. Ya hubo, según dice la Biblia, una enorme confusión lingüística con ocasión de la construcción de la Torre de Babel. Parece que estamos construyendo otra, alrededor de nuevas «religiones» lingüístico-identitarias, que en vez de favorecer que la razón supere a las emociones, magnifica a éstas con el grave peligro de que, al final, además de hacer el ridículo, no lleguemos a entendernos.
