El suplicatorio de Pedro Sánchez
«Al negar al Supremo la autorización para investigar a Sánchez, el Congreso acusaría al Poder Judicial de intentar subvertir la democracia constitucional»
Alejandra Svriz
Ya casi es Navidad, esa mágica época del año en la que los pastorcillos se dirigen al portal para venerar a Jesús recién nacido y muchos periodistas acuden a Moncloa para tomar la tradicional copa de Navidad y adorar al niño Pedro. No importa si no les toca la lotería navideña, porque esta vez el Gordo lo reparte el gobierno: 125 millones en publicidad institucional. Fum, fum, fum.
Pedro atiende solícito a los que acuden a pastorear al pesebre y les prodiga unas confidencias informales: cree que el PP tiene información privilegiada sobre decisiones judiciales y que juega con las «cartas marcadas». Según les dijo, esto es algo que le preocupa. Porque Pedro es un hombre profundamente enamorado y preocupado por la democracia, encarnada en Su Persona.
Cuando los periodistas regresen a sus consejos editoriales tras la peregrinación, es importante que trasladen a la gente, al pueblo soberano, que hay jueces dispuestos a usar su toga para que la derecha consiga en los juzgados lo que no pudo lograr en las urnas. Que no existe ni un solo indicio delictivo en los comportamientos de su entorno, de su gobierno, de su partido o de la Fiscalía General del Estado. Todo son bulos, desinformación y patrañas judicializadas por la ultraderecha con la connivencia de jueces franquistas. Ya saben, si no apoyas incondicionalmente a Pedro, eres enemigo de la democracia.
Suena burdo, cuasi paródico, pero funciona. A los socialistas les funciona. La idea de que existe una componenda judicial para expulsar a Pedro va permeando entre los españoles. Así que, cuando el equipo de opinión sincronizada ponga en marcha el argumentario que justifique el rechazo del suplicatorio para investigar al presidente del Gobierno, la izquierda ya lo habrá deglutido. Porque han renunciado a los escrúpulos, a la dignidad y a la coherencia con tal de que no gobierne la derecha. Ése es su único proyecto de país.
Pero como también me consta que hay no pocos españoles genuinamente preocupados que se preguntan qué es esto del suplicatorio y por qué sería un escándalo que el Congreso rechazase conceder a la justicia la autorización para investigar a Pedro Sánchez, voy a ser yo la que intente explicarlo en las siguientes líneas. Todo ello sin perjuicio de recomendar a quien esté interesado en profundizar en el tema, que escuche un debate organizado por la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial que tuvo lugar el pasado miércoles en X, la red social de Elon Musk, en el que tuve el honor de participar.
«Para poder investigar al presidente, el Supremo tendrá que pedir primero autorización al Congreso de los Diputados»
Pero volvamos al quid de la cuestión. Como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez goza de tres prerrogativas:
- La inmunidad, que supone que no puede ser detenido salvo en caso de delito flagrante.
- La inviolabilidad, que conlleva que no puedan derivarse consecuencias legales de las opiniones vertidas o los votos emitidos en las Cámaras en el ejercicio de su cargo.
- El aforamiento, que implica que la competencia para investigarlo, juzgarlo y, llegado el caso, condenarlo, corresponde a un tribunal distinto al que conocería del asunto de un ciudadano común. En este caso, el tribunal competente es la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo Penal. Eso sí, para poder investigar a Pedro, el Supremo tendrá que pedir primero autorización al Congreso de los Diputados.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, surge la pregunta de si puede el Congreso denegar el suplicatorio y, en su caso, qué sucedería. Pues por poder, claro que puede, dado que es la Constitución, en su art. 71.2, la que ha atribuido a las Cámaras esa función. Incluso existen precedentes: el caso de Juan Hormaechea contra el senador González Bedoya. El primero se querelló contra el segundo por unas declaraciones que consideraba injuriosas, realizadas en un programa de radio y en un artículo. El Supremo se declaró competente para conocer de la querella y formuló el suplicatorio correspondiente, que fue rechazado por el Senado. Hormaechea recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional, que estimó el recurso y anuló el acuerdo de la Cámara Alta por entender que vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva.
En esta sentencia (STC 206/1992, de 27 de noviembre), el Constitucional confirmó la potestad de las Cámaras respectivas para rechazar un suplicatorio siempre que motiven que lo que se pretende con el procesamiento del aforado es alterar INDEBIDAMENTE la composición y funcionamiento de dichas Cámaras, sin olvidar, no obstante, que a ellas también alcanza la interdicción de la arbitrariedad, no pudiendo erigirse en un Tribunal de última instancia que entre a conocer de los pormenores de la acción penal planteada.
«Si España fuese una democracia plena, la investigación al líder del Ejecutivo se percibiría como un síntoma de fortaleza institucional»
Pero volvamos a la España de 2024/2025. La posibilidad de que llegue a la mesa de la Sala Segunda una exposición motivada interesando la imputación de Pedro Sánchez por alguna de las diversas tramas de corrupción que rondan al presidente es cada vez mayor. Si España fuese una democracia plena y consolidada, la investigación al líder del Ejecutivo se percibiría como un síntoma de fortaleza institucional. En España, sin embargo, la izquierda lo convertirá en una intentona golpista que replicarán los periodistas sincronizados y que acabará convalidando el Congreso, bien porque la Mesa deje transcurrir el plazo para tramitar el suplicatorio, bien porque lo someta a votación y la mayoría Frankenstein lo rechace.
Al negarse a conceder al Supremo la autorización para investigar a Sánchez, el Congreso acusaría al poder judicial de intentar subvertir la democracia constitucional e institucionalizaría el lawfare. Dicho de otra forma: un poder del Estado, el Legislativo, acusará a otro, el Judicial, de promover un golpe de Estado. Además, el Tribunal Supremo vendrá obligado a acordar el sobreseimiento libre en virtud de lo dispuesto en una ley de 1912 aún en vigor, lo que implica que a Pedro no se le podrá investigar por los mismos hechos por los que se le pretendía procesar ni mientras siga siendo Presidente, ni después de cesar en el cargo. «Cosa juzgada» es como lo llamamos los juristas.
Y esta es, y no otra, la estrategia del sanchismo para el caso de que la Sala de lo Penal del Supremo solicitase al Congreso la autorización para investigar al Presidente: convertir el trámite del suplicatorio en una amnistía encubierta, en una formalidad que le procure impunidad.
Sé que algunos lectores me plantearan que, llegado el caso, alguna de las acusaciones podría recabar el amparo del Tribunal Constitucional para que, al igual que hizo en el año 1992, revierta la situación. Pero me van a permitir el escepticismo y que responda a esta hipótesis con sólo tres palabras: siete a cinco.
