Al principio, los delincuentes niegan todo
«El Gobierno y el PSOE han adoptado la conducta propia del delincuente pillado. El tiempo dirá si también en esta ocasión acaban muchos condenados»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Es una cuestión básica, de manual, de sentido común, de mero instinto defensivo o de autoprotección. Como primera reacción, todo el que se percibe pillado en la comisión de un delito empieza por negarlo todo. No conozco a ningún delincuente que, a las primeras de cambio, ante la primera posible prueba o indicio probatorio de su actividad delictiva reconozca sumisamente su culpabilidad y confiese su delito.
No lo hizo así Francisco Fernández, ex secretario general de la UGT de Andalucía, ni tampoco otros colegas suyos en la dirección regional del sindicato, cuando fueron acusados de los delitos de falsedad documental y fraude en las subvenciones por los que habrían defraudado a la Junta de Andalucía más de 40 millones de euros. Finalmente, uno y otros fueron condenados por la Audiencia de Sevilla. No lo hizo tampoco el político socialista Julián Sancristóbal, alto cargo del Ministerio de Interior en un Gobierno del PSOE cuando fue acusado por actos delictivos tan graves como secuestro y como malversación en los fondos reservados. Sin embargo, tras ser juzgado resultó finalmente condenado.
También el socialista Luis Roldán optó inicialmente por negarlo todo. El que fuera director de la Guardia Civil, célebre por tantas y tantas circunstancias que rodearon su caso -entre ellas, alguna de carácter anecdótico como salir fotografiado en gayumbos en un medio de comunicación de amplísima tirada- fue uno más de los practicantes de esa regla de conducta común de los delincuentes. Con todo, acabó siendo condenado por estafa, malversación y cohecho. No reconocieron de entrada la comisión de ningún delito ni Carlos Navarro ni Josep María Sala, respectivamente exdiputado y exsenador socialistas, cuando se empezaron a conocer los primeros datos del caso Filesa que apuntaban a un mecanismo fraudulento de financiación ilegal del PSOE. Instruido y juzgado el asunto, ambos acabaron condenados junto a su compañera Aida Álvarez, coordinadora de finanzas del partido.
Tampoco reconoció inicialmente su culpa Carlos Sotos, el que fuera director de la cooperativa de viviendas PSV -Promoción Social de Viviendas- creada por la UGT, cuando con motivo de la quiebra de la entidad aparecieron los primeros indicios de su posible conducta delictiva. Al final, acabó siendo condenado por el Tribunal Supremo. No hubo tampoco reconocimiento de la comisión de delito alguno en el conocidísimo caso de los ERE de Andalucía, asunto que tras una larga instrucción finalizó con la sentencia del Tribunal Supremo -última instancia judicial de nuestro sistema- condenando a un numeroso ramillete de dirigentes socialistas y altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos nada menos que dos de sus expresidentes -Chaves y Griñán- ambos expresidentes también del PSOE.
De modo que con estos antecedentes poco o ningún valor tiene que ministros y exministros de Sánchez, otros altos cargos de su Gobierno o dirigentes de su partido estén negando categóricamente haber cometido los delitos que se desprenden de las declaraciones realizadas por Aldama en sede judicial. También lo negaron todos los socialistas que han sido citados en los párrafos precedentes y ya ha quedado reseñado cuál fue el final de la película en la que eran protagonistas. Aún menos valor tiene que quien niegue la existencia de los posibles delitos sean terceros, fuera Patxi López, fuese Óscar Puente o cualquier otro fino estilista de la política nacional.
«Ábalos y Koldo han negado culpabilidad alguna en sus actos. Pero los dirigentes del Gobierno y del PSOE no les han creído»
Sucede que el desarrollo de la instrucción judicial y las diferentes pruebas obtenidas en la investigación asociada pueden ir conformando la evidencia delictiva en la conducta de aquellos que, de entrada, lo negaron todo. De ahí que las negaciones de todo el universo sanchista al relato proporcionado en sede judicial por Aldama suenan a un déjà vu harto conocido. Bien está invocar el principio de presunción de inocencia, faltaría más, pero de ahí a negarlo todo hay un largo trecho cuyo recurrido está injustificado.
A fin de cuentas, también Ábalos y Koldo han negado en ámbito judicial culpabilidad alguna en sus actos. Y, sin embargo, en sus respectivos casos, los dirigentes del Gobierno y del PSOE no les han creído. Ergo, incluso hasta para los socialistas las negaciones que de partida realiza cualquier posible afectado por una acusación de delito no tienen valor alguno, pues, volvamos al principio, son una cuestión básica, de manual, de sentido común, de mero instinto defensivo o de autoprotección.
Lo que sucede en el caso que estamos considerando es que esta conducta típica del posible delincuente la están adoptando en bloque el Gobierno y el PSOE, que son esta institución y esta organización las que ahora han adoptado -eso sí, con mucha contundencia- la conducta propia y característica del delincuente pillado. El tiempo dirá si también en esta ocasión la instrucción judicial evidencia que su categórica negación responde tan solo a la praxis habitual del que ha delinquido cuando es descubierto. Y el tiempo dirá si también en esta ocasión acaban muchos condenados. De momento, se les nota muy nerviosos.
