Huelga de fiscales
«La Guardia Civil ha informado de que el fiscal general del Estado se encargó personalmente de aumentar sus delitos con uno de destrucción de pruebas»
Alejandra Svriz
La degeneración institucional de un país no es posible solo por la conducta de uno. Pedro Sánchez lidera a toda una organización ¿criminal? en la que cada uno, desde el papel que desempeña, contribuye al desmontaje institucional del Estado con el fin de mantener al líder en el poder. Y de esa forma, cada uno de los miembros de la banda también disfruta de sus beneficios. Como García Ortiz.
Los ciudadanos muestran una creciente preocupación, dado el nivel de deterioro institucional, sobre si será posible la regeneración democrática que necesitará el país. Si Núñez Feijóo, líder de la oposición, será capaz de hacerlo. La reconstrucción democrática e institucional del Estado deberá ser encabezada por el nuevo líder del país acompañado por su grupo parlamentario y los partidos que firmen los pactos de legislatura que establezcan la mayoría parlamentaria correspondiente. Pero hay que tener claro que también tienen responsabilidad en esa regeneración todos aquellos colectivos y estamentos, jueces, militares, periodistas…, que forman parte de los pilares democráticos de la separación de poderes. Por eso cabe denunciar que la regeneración democrática debería haber empezado hace tiempo. En España debemos pasar del postureo de la preocupación a la acción de la regeneración. Todos estos grupos no deben esperar a la derrota electoral y la modificación de acuerdos para actuar. Algunos como THE OBJECTIVE y otros medios —parte de la prensa perseguida— están comprometidos en ello.
Esta semana pasada hemos vivido uno de los mayores escándalos de corrupción del poder por todo lo ocurrido alrededor de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, y Pedro Sánchez. Todo con Álvaro García Ortiz es una barbaridad. ¿Cómo semejante necio pudo llegar a fiscal general del Estado?
Es muy preocupante que hayamos podido conocer las prácticas mafiosas ejecutadas por la fiscalía al utilizar los datos de un empresario particular, en sus relaciones con la hacienda pública, como instrumento político para atacar a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pero es más preocupante saber que esas prácticas mafiosas e ilegales, llevadas a cabo por el fiscal general del Estado, su entorno más cercano en el escalafón y el equipo de presidencia del gobierno junto a varios ministros, fueran para proteger y desviar la atención sobre Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Corrupción.
La Guardia Civil ha informado de que el fiscal general del Estado, una vez que se abrieron diligencias por un presunto delito de revelación de secretos, se encargó personalmente de aumentar sus delitos con uno de destrucción de pruebas, borrando los mensajes de su móvil, y otro de obstrucción a la justicia. Lo que queda por ver, dada la intervención coordinada de terceras personas, es si entre todos ellos no forman una organización criminal. Una banda sí son.
«El borra pruebas es tonto, creyéndose tan listo que va a engañar a los agentes de la UCO y a la sociedad en general»
Lo que es vergonzoso es lo burdo de los hechos y la estupidez de la justificación. Borró todos los mensajes de WhatsApp de su teléfono móvil según un falso protocolo cuya vigencia debió de durar sólo la semana del 8 al 14 de marzo. Si tal protocolo existiera, para intentar poder justificar el borrado del teléfono debería haber eliminado todas las semanas de su vida whatsapera. El borra pruebas es tonto creyéndose tan listo que va a engañar a los agentes de la UCO y a la sociedad en general.
A la inadmisible actuación del fiscal general hay que sumar la inverosímil reacción del presidente del gobierno al ser preguntado en Bruselas sobre el informe de la UCO que recoge la ausencia de mensajes: «Resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho los medios de comunicación y partidos políticos de la oposición, nada más y nada menos que a la reputación del fiscal general y la pregunta es ¿quién va a pedir disculpas? ¿quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado?». El presidente en modo bulo, fango y mentira establece una nueva doctrina jurídica.
La nueva «doctrina Sánchez» supondría que, mediante la desaparición de las pruebas, el delito queda anulado y además se debe pedir perdón al delincuente. No es de extrañar en un presidente que votó a favor de una ley, de su gobierno, que ha rebajado penas y puesto en libertad a agresores sexuales y violadores. Hay que recordar que Sánchez no votó la corrección de la misma.
La «doctrina Sánchez» entiende que si alguien graba un video sexual a terceras personas y lo difunde, sin consentimiento, con tal de que lo borren de su teléfono, además de no existir delito habría que pedir perdón al difundidor. ¿Puede ser un presidente tan cretino?
La pregunta no es quién va a pedir perdón, la pregunta es cuándo Álvaro García Ortiz va a ser apartado de la fiscalía a la que contamina y vuelve tóxica. Con García Ortiz es imposible que se pueda cumplir con el principio de actuación de la fiscalía que enuncia el propio Ministerio de Justicia: «El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. Por el principio de legalidad el Ministerio Fiscal actúa con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico. Por el principio de imparcialidad el Ministerio Fiscal actúa con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le están encomendados».
García Ortiz es todo lo contrario a cumplir las normas del ordenamiento jurídico. El fiscal general del Estado es incompatible genético con la imparcialidad, la objetividad y la independencia. Por ello no entiendo que el cuerpo de fiscales no se subleve y se declaren en huelga total hasta la renuncia del fiscal general del Estado que los contamina a todos.
Los fiscales, por su unidad de acción y dependencia jerárquica, no pueden seguir un segundo más detrás de un personaje que manipula pruebas, intentando eliminarlas, obstruye a la justicia investigado por el gravísimo delito, en su caso, de violación de secretos. Es hora de que cada uno inicie, desde donde le corresponde, la regeneración democrática de España. Les toca a los fiscales. ¿Qué más necesitan para luchar y recuperar ser una institución ejemplar?
