La política ha muerto, vivan los jueces
«Ya no existen las responsabilidades políticas, solo las judiciales. La política ni pincha ni corta; la única rendición de cuentas que existe es la de los tribunales»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Cuando se convirtió en rehén de los votos independentistas, el Gobierno también adoptó el lenguaje de sus socios. Comenzó a hablar de la «desjudicialización» del «conflicto», es decir, la impunidad de los delitos del procés. Como sus delitos habían sido políticos, en nombre de su «pueblo», no debían ser juzgados en los tribunales. «Hemos respetado siempre la labor de la justicia. Pero una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial y en una judicialización», dijo Sánchez en septiembre de 2023. Era el relato oficial y sigue siéndolo.
No era un discurso nuevo. Ya en 2018, en su Diccionario de lugares comunes sobre Cataluña, Juan Claudio de Ramón le dedicaba una entrada al concepto: «Judicializar la política significa […] vivir en un Estado de derecho. Y vivir en un Estado de derecho significa no vivir bajo el arbitrio de nadie. Pretender que la política es una actividad privilegiada, extramuros de la jurisdicción de la justicia, con venia para desplegarse al margen de las leyes, es tanto como liquidar el pluralismo político, que solo puede darse bajo un marco legal común y vinculante para todos. No poder judicializar la política significa que la justicia está politizada y es de parte». Lo novedoso era que el Gobierno central comprara también ese discurso iliberal.
En paralelo a ese relato de la desjudicialización surgió el del lawfare, la guerra legal: al Gobierno le atacaba un contubernio judicial, una conspiración de jueces reaccionarios. La célebre carta de amor de Sánchez en abril, con su conato de huida, y su propaganda contra el juez Peinado, que investiga a su esposa, formaban parte de esa estrategia de trasladar toda la culpa a unos jueces prevaricadores.
Hay una parte del enfoque de la judicialización de la política que es cierta. La única oposición que tiene el Gobierno es judicial. El Partido Popular ha externalizado su oposición y delegado en los jueces. Se limita a levantar el banderín cuando hay algo que considera inaceptable, da igual si es ilegal o no. Lo importante es mandarlo a los tribunales, y que ellos decidan.
«La política se ha convertido en una especie de tecnocracia del derecho. Hay una obsesión con el litigio»
Ya no existen las responsabilidades políticas, solo las judiciales. La política ni pincha ni corta; la única rendición de cuentas que existe es la de los tribunales. Todo se externaliza al derecho. Y es obvio que la política sin ley no puede existir; el Estado de derecho son las reglas del juego. Pero la política se ha convertido en una especie de tecnocracia del derecho. Hay una obsesión con el litigio, que recuerda a la cultura estadounidense del «nos vemos en los tribunales». Pero hay también una actitud perezosa, una falta de imaginación política y una muestra de impotencia. Ya da igual lo que diga la política, lo único que importa es lo que diga la justicia.
El político de turno se querella o «pone en conocimiento de la fiscalía» absolutamente todo, desde un tuit o la peatonalización de una calle hasta casos de corrupción. Es una dejación de responsabilidades del político, que externaliza su decisión y no tiene que realmente posicionarse. El juez, entonces, acaba haciendo el trabajo del político, que solamente es una especie de intermediario que no sabe juzgar nada por su cuenta. La justicia acaba sacralizada y convertida en una especie de oráculo. Uno ya no sabe lo que pensar de nada. Que decidan los tribunales.
