Insólita censura en el Congreso de los Diputados
«La presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, revisa a posteriori el contenido de los debates y ‘retira’ las expresiones que considera insultantes»
Seguramente ustedes no lo sepan aún, pues los medios de comunicación tenemos cosas más importantes de las que ocuparnos a diario, pero en el Congreso de los Diputados está sucediendo de un tiempo a esta parte un hecho insólito que merece ser relatado para conocer hasta qué punto llega el trastorno mental de algunos de nuestros políticos.
Resulta que la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, a la sazón tercera autoridad del Estado, se dedica a revisar a posteriori el contenido de todos los debates y a retirar del diario de sesiones aquellas expresiones que considera insultantes. Lo hace, según argumenta, «de conformidad con el artículo 104.3 del reglamento» del Congreso.
El problema es que el artículo que Armengol menciona no le confiere esa capacidad de censurar a toro pasado lo que le venga en gana. Lo que dice el reglamento es que, si en el transcurso de un debate la Presidencia entiende que se han sobrepasado los límites del decoro, el diputado será llamado al orden, se le pedirá que retire lo dicho y, en su caso, se ordenará que sus palabras no consten en el diario de sesiones, que es el documento escrito donde deben recogerse «íntegramente» y para la posteridad todas las intervenciones realizadas en la Cámara.
Pero Armengol, en lugar de ir llamando al orden sobre la marcha, prefiere hacer una revisión ‘ex post’. Y claro, como a todo buen censor, le ha cogido el gusto al rotulador rojo y se le está yendo la mano. Así, por ejemplo, del pleno celebrado el pasado 20 de noviembre, tachó 22 expresiones. Y la consecuencia es doble:
1.- Como cabría suponer, censura más a la oposición que al Gobierno: ese día eliminó 13 ‘insultos’ del PP, cuatro de Vox, dos de Sumar, dos del Grupo Mixto, uno del PSOE y ninguno de los miembros del Ejecutivo.
2.- Retira la palabra «psicópata», en alusión directa a un político, pero también ha decidido depurar otras muchas que ni para el más puritano de los españoles serían un insulto digno de ser borrado de la historia: «negligente», «mentiroso», «esperpento», «banda», «fraude político», «incompetente», «egoísta»…
Esta curiosa maniobra de Armengol pasaría a los anales como un comportamiento totalitario, al más puro estilo de Stalin borrando de las fotos a Trotski, si no fuera porque en realidad no sirve para nada: las palabras que censura simplemente aparecen entre corchetes en el diario de sesiones con una nota al pie. Afortunadamente, su mente represora aún no ha llegado a eliminarlas por completo del texto, pero dado que se está pasando el reglamento por el forro no se puede descartar que llegue a hacerlo en un futuro.
Teniendo en cuenta lo anterior, casi da pena que Armengol pierda el tiempo llenando de corchetes las actas de los debates, pero el hecho de que ponga especial empeño en ir revisando toda crítica que se vierta contra el Gobierno retrata muy bien el nivel de sectarismo de los políticos que nos gobiernan.
El Partido Popular lleva semanas denunciando sin éxito esta práctica ilegal de la presidenta del Congreso, pero lo hace insistiendo en que al menos ‘borre’ también los insultos y los ataques que algunos diputados y ministros vierten contra la oposición, miembros de la judicatura, medios de comunicación y periodistas.
Sin embargo, que Armengol extienda sus prácticas censoras no parece la mejor solución, sobre todo porque no está claro qué criterio aplica ni cuáles son los límites de lo que considera un insulto. Bastaría con que cumpliese el reglamento y, si algo le parece mal durante un debate, que lo advierta en el acto para dar la posibilidad al diputado afectado de que retire lo dicho. Fuera de ahí, no caben cancelaciones. Basta ya de tratarnos a todos como si fuéramos niños.
Las Cortes Generales son la casa de todos los españoles, y sus representantes tienen el derecho a expresarse allí libremente y como mejor consideren, sin cortapisas de ningún tipo. Precisamente por ello disponen de una especial protección en la Constitución Española (artículo 71): «Los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones». Eso es lo que permite, por ejemplo, que varios ministros se hayan dado recientemente el lujo de difamar a THE OBJECTIVE desde su escaño sin que puedan presentarse por ello demandas judiciales.
Si los diputados pierden su libertad de expresión, estamos acabados. Debemos ser capaces de escuchar en el Parlamento discursos duros e incómodos sin que venga por detrás una señorita Rottenmeier a corregir las palabras empleadas. Y eso no quiere decir que se deban permitir la ordinariez, la vulgaridad o las groserías. Se puede atacar e insultar con elegancia, y ese es precisamente el arte que todo buen diputado debería dominar.
