Si eres leal, roba
«El entramado de la corrupción chavista se ha proyectado sobre el vértice de nuestra democracia, hoy con Pedro Sánchez al frente»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Venezuela, Nicolás Maduro. | Ilustración: Alejandra Svriz
Vivimos un tiempo de corrupción que se ajusta a lo que Anne Applebaum describe en su libro traducido como Autocracia S.A.: la evolución actual de los sistemas políticos hacia gobiernos personales donde el titular del poder lo ejerce con un sentido de omnipotencia, por encima de la división de poderes, dando lugar a la asociación íntima entre autocracia y cleptocracia. Y que además no se encierra entre los límites de un Estado: “Hoy en día, las autocracias no están gobernadas por un único hombre malo, sino por sofisticadas redes que cuentan con estructuras financieras cleptocráticas, un entramado de servicios de seguridad -militares, paramilitares, policiales- y expertos tecnológicos que proporcionan vigilancia, propaganda y desinformación. Los miembros de esas redes no solo están conectados entre sí dentro de una determinada autocracia, sino también con las redes de otros países autocráticos, y a veces, incluso de las democracias”.
El estudio de casos de Applebaum se centra en el de Venezuela, lo cual nos viene como anillo al dedo, usando la expresión popular. Al igual que Pedro Sánchez, Hugo Chávez llega al poder esgrimiendo la bandera de la anticorrupción, pero muy pronto, cuando su jefe de información le advierte de que son precisamente sus colaboradores quienes la están practicando, el líder bolivariano lo ignora y el avisador es cesado. Reinará un principio que los indicios sugieren aquí: “Si eres leal, puedes robar”. Aunque elegido por cauces democráticos, el autócrata piensa que más vale tener mastines que perros inteligentes, fieles sin reservas de ningún tipo, que colaboradores pensantes. Las respectivas personalidades propician esa orientación. Es una corrupción practicada por guardias pretorianas, que además satisface a la vocación de omnipotencia del autócrata. “Con el tiempo, resume la autora, el propio Estado comenzó a actuar como un sindicato del crimen, un parásito que despojaba de recursos a su anfitrión”.
Conocemos ya el descenso a los infiernos en Venezuela. Una vez superada la barrera judicial, la cleptocracia impone su ley sin dificultad sobre unas instituciones democráticas en caída libre hacia la dictadura. La administración deviene corrupción criminal, pero lógicamente es en el entorno del poder donde alcanza mayores dimensiones y puede proyectarse hacia el exterior, de forma natural con otras autocracias y contaminando las democracias al generar en ellas otras redes, inducidas por los beneficios derivados con la corrupción imperante -y nunca mejor empleada la expresión- en Venezuela. Acaba cobrando forma así una interacción, donde cada uno de los polos de corrupción sostiene al otro, y de paso tiene todos sus datos, lo cual refuerza la complicidad, así como la dependencia recíproca, y con ello la supervivencia de ambos dentro de márgenes fabulosos de ganancias.
Lo prueban datos aislados, tales como la posibilidad para el exembajador español en Caracas, Raúl Morodo de pagar una multa de cuatro millones y medio de euros por su exitosa aventura de corrupto al servicio de Venezuela. Ello a su vez sugiere que nos encontramos, no ante un episodio personal sino ante una red de corrupción, que acaba enlazando con el famoso viaje de Delcy y con la colaboración política de nuestro gobierno en el éxito del autogolpe electoral de Maduro. Necesariamente tienen que ser redes enlazadas con el Estado, cuya protección necesitan: un polo exterior solo privado, sería en exceso vulnerable.
Hasta ahora son cabos sueltos -expresión favorita de Raúl y de su maestro Tierno Galván-, pero de contundencia suficiente como para invalidar la absolución hoy al uso. Estamos ante un embajador que al dejar el cargo en 2007, monta un negocio familiar millonario a cuenta de la dictadura de Caracas; un ministro de Exteriores, Moratinos, que sigue hasta 2011 en el cargo y nada sabe del tema; su jefe Zapatero, colega del chavismo y desde 2020 defensor internacional de Maduro, siempre sugiriendo mediaciones, esperas y “reflexión serena” (léase: no a sanciones contra el dictador).
A partir de la formación del gobierno PSOE-Podemos, el proceso se acelera, en especial tras el fracaso de la presidencia Guaidó. Del estrechamiento de relaciones informa el extraño viaje de la emisaria de Maduro, Delcy Rodríguez, recibida en Barajas por el Número Dos, contraviniendo la orden de la UE, más sus maletas. Y todo culmina con la maniobra de cobertura al autogolpe electoral de Maduro, en una rocambolesca peripecia de sobra conocida pero cuyo contenido hay que subrayar: la acogida “humanitaria” al presidente electo le niega tal condición y sobre todo Sánchez se emplea a fondo para que la UE no lo haga. No sigue ni espera a Europa. A excepción de la salida del guion de Margarita Robles en el Ateneo, fruto del azar, denunciando la dictadura, Pedro Sánchez y su gobierno respaldan a Maduro, con cinismo, pero también con eficacia. Los hermanos Rodríguez presionando a Urrutia ante la mirada del embajador español y el paseo paternal de Sánchez con el político venezolano por el jardín de la Moncloa, son escenas inolvidables.
A modo de colofón, cuando la UE reconoce a Urrutia, sin los votos del grupo socialista, por presión suya, llega a exigir y obtener que los ocho eurodiputados socialistas españoles que le votaron, rectifiquen el voto. Por si esto fuera poco, Sánchez no duda en nombrar embajador en Caracas, reconocimiento implícito del triunfo del dictador. Como el voto UE le contraría, no vale. Todo un recital.
«Pedro Sánchez y su gobierno respaldan a Maduro, con cinismo, pero también con eficacia»
De conformarnos con ver en lo anterior una sucesión de actos individuales, resulta imposible entender nada, salvo que se trate de una pieza teatral del absurdo político. De una dictadura forrando de millones a un exembajador y a su familia, sin propósito concreto, a la lucha tenaz de Sánchez por ver reconocido el autogolpe, o a la romántica cruzada progresista y pro-dictadura de Zapatero, las únicas explicaciones posibles nos llevan a suponer en sentido contrario que el enlace con la trama de corrupción exterior del chavismo tiene lugar durante la embajada de Morodo y cobra consistencia al cesar este, verosímilmente con la gestación de una red simétrica en torno al gobierno socialista español de la época.
De su contenido nada sabemos, porque el desenlace judicial, condenando a los Morodo, se ciñe al fraude fiscal y omite las imputaciones iniciales por falseamiento documental, blanqueo de capitales y corrupción internacional. Queda excluida toda averiguación sobre el marco venezolano corrupto en que se movió Morodo. Moratinos y Zapatero, indemnes. De momento, la única víctima del caso, eso sí mortal, fue el dirigente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que contrató con los Morodo. Tras venir a Madrid voluntariamente y hacer una primera declaración, y anunciar revelaciones a lo Víctor Aldama, apareció estrangulado con un cinturón atado al cuello. Lo único claro es que la trama se cerró antes de 2013, cuando cesa al frente de PDVSA el jefe de Márquez.
A partir de 2020, si descontamos la peripecia individual de lealtad conmovedora al chavismo, protagonizada por Juan Carlos Monedero, la novedad del lado español reside en que sabemos quiénes son los componentes de la red alternativa para los tratos con Venezuela. Sean estos de uno u otro carácter, con Sánchez como número Uno, figura a su lado como gestor activo el ministro Ábalos, con Koldo Rodríguez en el papel de colaborador imprescindible, y el comisionista Víctor Aldama en el de invitado especial, “nexo corruptor” para la UCO, nulo o inexistente para el vértice del grupo. Zapatero fuera de escena, con el mando a distancia. La celebración de la visita de Delcy Rodríguez en 2021, también de contenido hasta ahora en blanco, es sin embargo signo inequívoco de la existencia y de la importancia de nuestra Caracas connection. Todo el desarrollo laberíntico del asunto González Urrutia viene a probarlo.
Aun cuando no existiera el móvil económico, sospecha difícil de evitar porque no estamos ante una agrupación de ángeles solidarios, el balance es el mismo. El entramado de la corrupción chavista se ha proyectado sobre el vértice de nuestra democracia, hoy con Pedro Sánchez al frente, con el abandono de las exigencias democráticas por norma y el criterio de la lealtad al jefe por única regla, y aquí no hace falta viajar a Venezuela para comprobar la estrecha vinculación entre autocracia y cleptocracia. La consecuencia última no puede ser otra que la agonía de una democracia, sometida a la erosión permanente desde el poder ejecutivo.
El punto de partida de esta historia no es de ayer. Un Estado débil hizo posible la formación de un nivel intermedio de poder que reguló durante un siglo la vida en un país agrario, recibiendo la afortunada etiqueta de “oligarquía y caciquismo” con el efecto de estabilizar las formas de dominación en la España rural y producir una corrupción electoral endémica. De 1838 a 1923, no se celebran elecciones propiamente dichas, el gobierno hace las elecciones. Consecuencia última: la corrupción puede imponer que un gobierno adopte abiertamente decisiones contra los intereses del país (contrato de la Trasatlántica en 1887; freno al abastecimiento de agua para Madrid de 1905 a 1928).
Importaban más “los modestos ahorros” invertidos por Antonio Maura en el agua de Santillana que satisfacer la sed de los madrileños con agua del Canal. Y en ambos casos, invocación de la lealtad para castigar a quienes defendieron el interés público.
La corrupción resultó en gran medida normalizada y no ha de extrañar que un gran corruptor, el financiero Juan March, ensayara la conquista, siquiera parcial, del Estado. Encontró el obstáculo de Manuel Azaña y pasó a financiar el 18 de julio, muriendo en olor de santidad social e historiográfica como “creador de riqueza”.
Con la transición, la corrupción del PP fue heredera de la anterior, de su concepción patrimonial del gobierno. La novedad residió en el aprovechamiento de la nueva estructura del Estado en unos años de crecimiento económico, sobornando a las autoridades locales y autonómicas. Fue un territorio común para populares y socialistas.
La del PSOE exploró nuevas vías, al cubrir posiciones relevantes de poder con recién llegados (caso Roldán, luego caso Urralburu) y dar con el hallazgo, políticamente muy eficaz, de asociar populismo y corrupción a gran escala (los EREs). Hubo un caso sonoro, aunque marginal, de nepotismo, al favorecer Alfonso Guerra a su hermano, antecedente del actual con los hermanos Sánchez de protagonistas. Y sobre todo, hubo la posibilidad de ascender en la proximidad del partido de gobierno. Alegalidad más cercanía al poder era una fórmula rentable.
Recuerdo la ascensión de un economista brillante, cuidadoso de cumplir las normas, pero que me dio lecciones de inversión en bonos del Estado, sin pagar impuestos, y percibiendo las ganancias en el mismo Banco de España (eso sí, por Marqués de Cubas y no mostrando el DNI). Luego fue innovador en España de los fondos de alto riego, acumulando una fortuna de cuya entidad dio fe el estado de propiedades de su esposa como diputada. Imagino que siempre sin salirse de la legalidad, como seguramente no lo hará Zapatero con su «Onuarte», organización pro-intereses chinos y que amenazaba con un esperpéntico concierto pro-derechos humanos en Pekin, este mismo mes.
Tampoco se saldrá José Blanco en su consultora multipartidaria de proyección internacional “Acento Public Affairs”, a la cual invitó al exministro comunista Garzón para dorar su retiro y reforzar el espectro político de apoyo. En su plana mayor figuran notables procedentes del PSOE, del PP. e incluso un hijo de González Pons. Un boom de intereses económicos ha sido suficiente para derribar el Muro tras el que se refugia Pedro Sánchez. No hace falta que practiquen el tráfico de influencias. Siempre legales, lo llevan en el alma. De momento han asumido la patriótica misión de defender los intereses agrícolas de Marruecos ante la UE.
El ambiente es, pues, favorable para la entente con Venezuela en nombre del progreso. De seguir la trayectoria de sus inicios, solo puede fomentar el enlace entre corrupción y lealtad al líder máximo. Sánchez denunciará este diagnóstico como un bulo más. Tiene el poder para conjurarlo, limpiando la corrupción que le rodea, en vez de obstaculizar y denunciar la acción de los jueces. No lo hará.
