No son 50 años de libertad
«No podemos celebrar cincuenta años de libertad en España cuando no hay independencia judicial. Se ha quebrado el principio de igualdad»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el dictador Francisco Franco. | Ilustración: Alejandra Svriz
A finales de este año, el 20 de noviembre, se cumplirán 50 años de la muerte del dictador. Hoy, casi cincuenta años después del fallecimiento de Franco, bajo la presidencia del Gobierno del autócrata Pedro Sánchez, en España no disfrutamos de legalidad democrática. Es que las iniciativas políticas de Pedro Sánchez y del Partido Socialista Obrero Español representan un ataque directo al Estado de derecho y al régimen de libertades. Como en la dictadura.
El autócrata tiene que proteger a la familia. La suya. No a la institución familiar. Sánchez propone quebrar el Estado de derecho porque, según avanzan los procesos judiciales y se suceden las declaraciones de sus familiares investigados ante los jueces, las evidencias de culpabilidad son mayores y escandalosas. Qué declaración la del hermano. No se puede desafinar más.
El hecho de intentar modificar la ley sobre la acusación popular, con carácter retroactivo, sólo tiene como fin anular los procesos judiciales en marcha, ante las grandes evidencias de culpabilidad de Begoña Gómez y David Sánchez. Si fuera cierto que no iba a haber nada, como tantas veces ha asegurado el mentiroso presidente, no se enfangaría tanto en intentar modificar el proceso judicial para salvar a los suyos, incluido parcialmente el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el destructor y ocultador de pruebas.
Los redactores del atropello judicial han utilizado las fiestas de Navidad para redactar la iniciativa, evitando los informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal. Evitan los informes porque conocen perfectamente el nivel de arbitrariedad e ilegalidad de la propuesta. Es una vergüenza legal y política. Algo repugnante en democracia. Por eso, lleva la firma de Patxi López.
Es una propuesta de reforma legal ad hominem. Con Pedro Sánchez no hay política judicial, hay política nominal. Todas las reformas judiciales del autócrata llevan el nombre a cuya medida se hace la ley. El fin de la reforma jamás es buscar una mejor justicia. No. El objetivo de Sánchez nunca es la legalidad, sólo busca su impunidad y la de los suyos. Así fue con la Ley de Amnistía y Puigdemont. Así es con la reforma legal que busca anular el procedimiento judicial contra su mujer, Begoña, y su hermano David.
Las cuatro asociaciones de jueces —progresistas y conservadoras— han elevado sus críticas contra esta proposición del PSOE que elimina la acción popular, ahora que le afecta a la familia de Pedro Sánchez. Todas las asociaciones denuncian la anticonstitucionalidad de la propuesta. Esta propuesta tiene el silencio tóxico de Margarita Robles y de Grande-Marlaska. Dos pseudojueces que se enfangan con esta propuesta de modificación legal. Su calidad como jueces y como personas queda perfectamente retratada. Todos los que apoyan esta reforma son una banda de trileros cómplices de corrupción.
La disposición transitoria no deja lugar a dudas. El PSOE de Sánchez asume la corrupción dolosa y reconocida como algo propio que no debe someterse a la justicia. El PSOE considera que en la judicatura hay jueces y jueces. Sólo les sirven aquellos jueces sumisos al régimen capaces de cometer ilegalidades, arbitrariedades a favor de Sánchez. Un ejemplo de modelo de funcionario que le sirve a Sánchez y al PSOE es el tipo García Ortiz.
«El objetivo de Sánchez nunca es la legalidad, sino su impunidad y la de los suyos. Así fue con la Ley de Amnistía y Puigdemont. Así es con la reforma legal que busca anular el procedimiento judicial contra su mujer y su hermano»
Con Pedro Sánchez el principio constitucional de igualdad ha desaparecido. El Derecho Penal es un derecho de autor dirigido a la derogación de todo los delitos que afectan a los suyos. Así es su progresismo y el de todos los palmeros —sindicatos, titiriteros, pseudoperiodistas…— que le siguen en sus políticas y en sus actos de división de España y los españoles.
La reforma legal, además de afectar al principio de igualdad, atenta directamente contra la libertad individual de pensamiento, opinión y expresión de los jueces. Se puede recusar a cualquier juez por sus opiniones políticas manifestadas en el ámbito de lo privado. La dictadura sanchista pretende interferir y controlar al ámbito de lo privado e individual de los jueces.
Con el autócrata Sánchez no sólo es que desaparece la separación de poderes, es que se impone el pensamiento único del régimen en todo el ámbito de la justicia. En lo público y en lo privado. Pedro Sánchez y el PSOE están liderando un ataque frontal y total contra los jueces y su independencia.
El modelo de justicia de Sánchez sólo se da en regímenes como los de Corea del Norte, Venezuela, Cuba, Nicaragua y ahora España. En 2025 no pueden celebrarse cincuenta años de libertad en España al no haber separación de poderes. No hay cincuenta años de libertad en España si en 2025 no hay independencia judicial. No podemos celebrar cincuenta años de libertad cuando se ha quebrado el principio de igualdad. En España no podemos conmemorar cincuenta años de libertad si la élite del poder se autoasigna su impunidad.
«El modelo de justicia de Sánchez sólo se da en regímenes como los de Corea del Norte, Venezuela, Cuba, Nicaragua y ahora España»
En este año 2025, el 20 de noviembre se cumplirán 50 años del fallecimiento del dictador en su cama. Antes, en junio, se cumplirán 7 años de que otro dictador ocupara la presidencia del Gobierno en España. Se llama Pedro Sánchez, el autócrata que llegó por una moción de censura basada en una sentencia de una causa, «la Gürtel», originada por la acusación popular. La acusación popular —emana del pueblo— es un instrumento jurídico democrático que permite al pueblo denunciar a los poderosos, sin depender de esa Fiscalía sumisa que, en manos del presidente Sánchez, se ha convertido en un instrumento político —no jurídico— para atacar a la oposición. Pedro Sánchez pretende eliminar, con carácter retroactivo, la acusación popular para dotar de inviolabilidad e impunidad a la familia del autócrata. Con Franco eso no pasó.
Sánchez alertaba a los suyos en su akelarre sobre Franco de que «el pasado puede volver». Es cierto. Todo puede repetirse. Yo confío en que, igual que llegó la libertad en 1977, pronto regrese a España la separación de poderes y la libertad. Ojalá. Cuanto antes mejor.
