¡Quiten sus sucias manos de nuestra democracia!

En un tiempo no tan lejano era fácil identificar a los enemigos de España porque eran aquellos que con más insistencia reclamaban la necesidad de “salvar la patria”. Hoy ese lenguaje ha quedado obsoleto y quienes temen la acción de las instituciones del Estado de derecho intentan recortar su independencia y sus competencias con el pretexto de “salvar la democracia”. Desconfíen de los gobernantes que justifican recurrentemente sus decisiones con el noble propósito de salvar la democracia porque, probablemente, su verdadero propósito es el contrario: maniatarla.

Con esa justificación -salvar la democracia frente al peligro, en este caso, de lo que llaman ultras y extrema derecha- el Partido Socialista presentó la pasada semana una proposición de ley para frenar lo que entiende por “acciones judiciales excesivas”. Se trata de proteger, dicen, a “artistas, intelectuales y partidos políticos” que puedan ser objeto de denuncias por parte de acusaciones populares o basadas en “recortes de prensa”. Me pregunto a qué llama el Partido Socialista “recortes de prensa” y si los recortes del periódico The Washington Post sobre Nixon eran o no “recortes de prensa”, puesto que igual de valiosos que fueron aquellos para avanzar en el Watergate están resultando muchas de las informaciones publicadas aquí en los últimos meses para conocer detalles relevantes de los casos de corrupción que persiguen al Gobierno.

Es fácil maliciarse qué es lo que se pretende con la medida impulsada por el principal partido del Gobierno: detener las investigaciones que le perjudican, y no “salvar la democracia”. Igualmente, si hubiera una intención real de perfeccionar nuestro sistema judicial mejorando la actuación de las acusaciones populares -asunto controvertido y discutible-, se podía haber hecho hace mucho tiempo; en 2012, por ejemplo, cuando Manos Limpias se sumó al caso Nóos y solicitó la imputación de la infanta Cristina, o en 2013, cuando se personó en el caso Bárcenas contra el PP, o en muchas otras ocasiones en que acusaciones populares de diverso signo han servido para reforzar la acción de la fiscalía y hacer justicia.

“Desconfíen de los gobernantes que justifican recurrentemente sus decisiones con el noble propósito de salvar la democracia porque, probablemente, su verdadero propósito es el contrario: maniatarla”

La misma excusa de la defensa de la democracia la ha utilizado el Gobierno para anunciar medidas que atenazan a los medios de comunicación y reducen su independencia, todo ello envuelto en un tan aparatoso como falso Plan por la Democracia. En ese caso se recurrió al manido asunto de los bulos y la desinformación, que empieza a ser un cajón de sastre en el que cabe todo lo que no le gusta al que manda. La desinformación, efectivamente, existe. Rusia y China, especialmente, han desarrollado en los últimos años una poderosa industria de bulos en defensa de sus intereses. Con el desarrollo de las redes sociales, el uso de esa técnica se ha puesto al alcance de casi todos, como sabe muy bien el Gobierno español, que recurre a la desinformación de forma constante, incluso para falsificar la historia, como ocurre con el año franquista. Sin embargo, la existencia de ese riesgo no da derecho a ningún Gobierno a controlar la actuación de los medios de comunicación, que pueden equivocarse, incluso mentir, como ocurre con triste frecuencia, pero tienen que estar protegidos, incluso con las consecuencias adversas que en ocasiones provocan, si queremos seguir siendo una democracia.

Se ha dicho mil veces que la democracia es un sistema imperfecto, tanto que, en ocasiones, es usado como plataforma por sus enemigos para acceder al poder. Pero no le corresponde al Gobierno resolver esas imperfecciones. No necesitamos gobiernos que pretendan moldear la democracia a su gusto con la excusa de querer salvarla. Trump nunca ha dicho que quiera cargarse la democracia americana; al contrario, ha prometido salvarla de sus enemigos, que, en su caso, identifica con la burocracia estatal y las élites políticas y culturales. En España, como decía, el enemigo es, al parecer, la extrema derecha. No la extrema izquierda y el separatismo aliado del Gobierno, que se declara abiertamente a favor de liquidar la Constitución y ha intentado hacerlo, no, esos no, la extrema derecha, un espacio cada vez más confuso y nutrido en la visión del sanchismo.

“El manido asunto de los bulos y la desinformación empieza a ser un cajón de sastre en el que cabe todo lo que no le gusta al que manda”

No se defiende la democracia recortando derechos y libertades. La libertad de prensa es sagrada, como lo es la libertad de expresión, no importa cuántos abusos puedan cometerse en su nombre. Lo mismo puede decirse del recurso de los ciudadanos a la justicia.

Se puede eliminar la acusación popular, si se llega a la conclusión acordada entre expertos y partidos políticos de que estorba más de lo que aporta, pero admitamos que sería la eliminación de un derecho constitucional del que hoy goza la sociedad. Los periódicos pueden mentir, los jueces pueden equivocarse, los procesos legales pueden ser lentos y molestos, las instituciones pueden ser en ocasiones lejanas e improductivas, las normas pueden llegar a ser absurdas. Pero en cada caso una democracia bien armada posee mecanismos de sanción y contrapeso.

En nombre de la defensa de la democracia, el Gobierno está intentando en España un grave retroceso democrático que la sociedad debe impedir. Si nuestra democracia necesita mejoras, son sus instituciones, por medio de las mayorías adecuadas, las que deben proceder a hacerlo. Pero, en ningún caso puede un Gobierno -mucho menos un Gobierno sin mayoría parlamentaria y sometido a la investigación de los tribunales- arrogarse el derecho a salvarnos de un enemigo creado como simple distracción de los problemas reales del país. Más bien es al revés: es la democracia española la que tiene que salvarse cuanto antes de quienes la utilizan para sus fines mezquinos, como nos salvamos ya hace tiempo de quienes pretendían “salvar la patria”.