THE OBJECTIVE
Ibor Fernandes Romero

El decreto ómnibus y la política indecente

«Una vez más, nuestro Gobierno genera conflicto donde no existe para enfrentar a los españoles»

Opinión
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El decreto ómnibus y la política indecente

Ilustración de Alejandra Svriz.

La primera acepción de «decencia» según la RAE es: honesto, justo, y debido. Tres adjetivos que encajan perfectamente en la determinación idílica de los principios de actuación de un representante del pueblo. Desgraciadamente, en general, la sensación sobre la actividad política se adapta con mayor naturalidad a su antónimo, la «indecencia», dada la difícil identificación de esos atributos en la actividad de nuestros representantes. Y, particularmente, en relación con el actual Gobierno central que, al menos una vez al mes (hay meses que repite), plantea una nueva ocurrencia que es digna de superar en excéntrica, despótica o, simplemente, antijurídica a la anterior.

La última polémica consiste en la aprobación de un real decreto-ley que aglutina un conjunto heterogéneo de medidas, algunas de ellas inasumibles por la oposición, respecto de otras, de carácter social, como es el caso de subida de las pensiones, las ayudas al transporte de pasajeros o las dirigidas a mitigar los efectos de la catástrofe de Valencia (entre otras), en las que hay un consenso de prácticamente todas las fuerzas políticas. La estrategia pretendida: generar un conflicto político artificioso para procurar trasladar la sensación a la ciudadanía de que sólo los partidos que integran el Gobierno están a favor de estas medias sociales. Una absoluta indecencia. Jugar con el bolsillo de las personas más necesitadas para lograr rédito político, tergiversando la aplastante realidad: el único responsable de la no convalidación del decreto-ley es el propio Gobierno que aprueba una norma parcialmente inasumible por la oposición. Esta actitud supone considerar que el ciudadano no sólo está desinformado, sino que además carece del más elemental espíritu crítico. En fin, quiero pensar que, en realidad, no tenían intención de convencer al conjunto de la ciudadanía de tan burda posición, sino más bien, alentar o agitar a los Hooligans, palmeros que defenderían con los ojos cerrados a nuestro presidente del Gobierno con un antifaz y pistola en mano atracando un banco.

Para entender el fondo de este asunto, es importante aclarar que la utilización del decreto-ley por parte del Gobierno debería ser la excepción, reservado para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad (presupuesto habilitante), dado que supone la asunción por parte del poder ejecutivo de una función nata de las Cortes Generales, la de elaborar normas con rango de ley. Aunque, eso sí, sometidos posteriormente al Congreso de los Diputados para su convalidación. Sin embargo, desgraciadamente, el abuso en la utilización de esta fuente del derecho viene siendo la tónica general, especialmente con el espurio objetivo de eludir el procedimiento legislativo, que permite la discusión sosegada de las iniciativas por parte de las fuerzas políticas. Adicionalmente, dentro del amplio rango patológico que deriva de esa utilización abusiva del decreto-ley, encontramos la aprobación de los de naturaleza mixta, llamados ómnibus, que incorporan reforma heterogénea de normas. Esta práctica ha sido validada históricamente por el Tribunal Constitucional, dado que no existe ninguna limitación material en ese sentido en nuestra Carta Magna, pero, no obstante, genera serios problemas en su trámite de convalidación dado que, dicho trámite, debe realizarse por el Congreso de los Diputados respecto de la totalidad del texto, esto es, o lo compra o no lo compra, no existiendo posibilidad de medias tintas.

«La responsabilidad de que un decreto-ley no sea convalidado es exclusivamente del Gobierno, dado que significa que al asumir la competencia legislativa no ha tenido en cuenta el sentir del poder legislativo»

Lo cierto es que, históricamente, que no se convalidara un decreto-ley era motivo de una verdadera crisis de gobierno, la pérdida de confianza de la principal cámara representativa. Sin embargo, en la actualidad se ha convertido en la tónica habitual y, lo que resulta más hilarante, se pretende que la culpa no sea del Gobierno sino de los que no pasan por el aro. Un auténtico despropósito. En realidad, la responsabilidad de que un decreto-ley no sea convalidado es exclusivamente del Gobierno, dado que significa que al asumir la competencia legislativa no ha tenido en cuenta el sentir del poder legislativo, circunstancia que irrevocablemente culmina en la desaprobación, expulsando del ordenamiento jurídico la norma aprobada. Y lo que es peor, en este caso sí que se ha tenido en cuenta el sentir de la oposición, pero precisamente se ha procurado utilizar para coaccionarla torticeramente.

Al final, esta desatinada situación ha culminado con un acuerdo entre Junts y el Gobierno. También un auténtico dislate. Una serie de medidas sociales que se habrían aprobado con el conjunto de fuerzas políticas, obteniendo prácticamente la unanimidad, termina en un conflicto y resolviéndose en una negociación, con un partido político que procura la desintegración del Estado tal y como lo conocemos. Sin duda, nuestro Gobierno es adalid de la pacificación. Una vez más, el interés general se doblega al interés particular de las regiones que más levantan la voz. Una vez más, nuestro Gobierno, genera conflicto donde no existe para enfrentar a los españoles (táctica de la que, desgraciadamente, viene sacando extraordinario rédito).

Siendo positivos, para no caer en el más hondo pesimismo, hay dos cuestiones que me dejan buen sabor de boca de esta situación vivida: primero, celebro que la indecente idea que quería trasladar el Gobierno, pese a su esmero, generalmente no haya calado en la sociedad; y, en segundo lugar, han vuelto a engañar a los de Junts (circunstancia que irremediablemente me saca una sonrisa), dado que, a cambio de aprobar el decreto-ley, han aceptado debatir sobre algo respecto de lo que no cabe debate: sólo el presidente del gobierno puede plantear una cuestión de confianza y, obviamente, no la planteará si no la va a ganar.

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