Contra la subida de las pensiones
«El problema del sistema de pensiones es que, mientras estas han aumentado de manera casi ininterrumpida, no lo han hecho los salarios que lo sostienen»
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Un grupo de pensionistas.
Hace una semana decaía el llamado decreto ómnibus y comenzaba una cruenta batalla entre Gobierno y oposición por repartirse la culpa de perjudicar a decenas de millones de ciudadanos. Sin embargo, para algunos fue una gran noticia. Pero, obviando el rechazo a medidas como la cesión de un palacete en París al PNV o la protección de los inquiokupas, ¿quién podría alegrarse de que los pensionistas cobren menos y los usuarios del transporte público paguen más? Pues cualquier ciudadano responsable que entienda que ambas medidas corresponden a una estrategia de compra de votos con el dinero de todos. Gratis solo significa que otro lo paga.
Como ya se ha dicho, cualquier ciudadano podía estar en contra del decreto ómnibus por ser un chantaje con el que el Gobierno pretendía mezclar políticas aparentemente positivas con sus habituales tropelías y cesiones a sus socios más radicales y nacionalistas, y con ese argumento justificó la oposición su voto en contra de manera absolutamente legítima. No obstante, muchos otros, sobre todo los más jóvenes, nos alegramos de que decayese el decreto porque con ello se frenaba también la subida de las pensiones. Les aseguro que no hay un ápice de maldad en esta celebración, sino un alivio temporal por ver que se frenaba una medida profundamente perjudicial a largo plazo para el sostenimiento del actual sistema de la Seguridad Social.
El problema del actual sistema de pensiones es que mientras estas han aumentado de manera casi ininterrumpida no lo han hecho los salarios que lo sostienen. Aunque mucha gente aún cree que las cotizaciones son una porción del salario del trabajador que se va guardando en una huchita hasta su jubilación, momento a partir del cual comienzan a recibir su dinero, la realidad es que las pensiones de hoy se pagan con parte de los salarios de ahora. Eso significa que a más suban las pensiones mayor será la porción que pague un trabajador ya esquilmado a impuestos si su salario no crece en igual proporción. Así, mientras el grueso de la población pierde poder adquisitivo, unos jubilados tradicionalmente favorecidos por descuentos e incluso por la gratuidad de ciertos servicios mantienen o aumentan el suyo.
Esto es así fruto del enorme peso demográfico del grupo social de los mayores de 65 años, votantes habituales de los grandes partidos que, dependientes de su voto, no solo han sido incapaces de reformar un sistema cada vez más quebrado sino que lo han empeorado. El problema se agravará incluso a niveles catastróficos cuando los baby boomers, mucho más numerosos que cualquier otra generación, empiecen a jubilarse. El gasto en pensiones aumentará tanto que será necesario recortar otras partidas para tapar las grietas y evitar un desastre social. Rajoy dejó una reforma polémica que al menos hacía el sistema algo más sostenible, pero la reforma Escrivá, de la cual se derivan incrementos de las pensiones como el temporalmente derogado el otro día, nos lleva directos a la quiebra.
Por otra parte, también las ayudas al transporte son una medida que debía y debe decaer. Su vigencia siempre se planteó como temporal y circunscrita a la crisis inflacionaria provocada por la guerra de Ucrania, como un alivio momentáneo. Sin embargo, estas ayudas al transporte, que no son una reducción del precio sino el pago de parte de este por los Gobiernos nacional y autonómicos, se han ido prorrogando de forma indefinida. De hecho, en principio decaerá en junio si no se aprueba una nueva extensión de la medida. Mantener dopada a la ciudadanía con gasto público —y, por tanto, más impuestos o deuda— es irresponsable e incoherente con la supuesta situación económica privilegiada de la que tanto presume el actual Gobierno. Si los ciudadanos no pueden ni siquiera pagar a su precio habitual un transporte que ya de por sí es deficitario, ¿no deja eso en evidencia la enorme pobreza en la que está sumida España?
«La ciudadanía ya está mayoritariamente acostumbrada a las mentiras y manipulaciones del Gobierno y el relato no caló»
En cualquier caso, la reacción del PSOE a la derogación del decreto fue la esperada. Un burdo y maniqueo argumentario acusando a la oposición de perjudicar a la ciudadanía por no aceptar su trágala. Lo mismo da que Óscar Puente defendiera a finales del año pasado no prorrogar las ayudas al transporte y que fueran las comunidades del PP las que pidieran su prolongación, los socialistas salieron en tromba a sincronizar su opinión para atacar principalmente a los populares por supuestamente perjudicar a los usuarios del transporte público. Posiblemente, la ciudadanía ya está mayoritariamente acostumbrada a las mentiras y manipulaciones de este Gobierno y el relato no caló.
Lo más sorprendente en realidad fue la dignidad con la que la oposición votó en contra, cuando los populares nos tienen acostumbrados a su cobardía frente a lo que les diga el Gobierno y parte de la opinión pública. El PP, con la intervención decisiva de Feijóo, apostó por no ceder al chantaje y decir la Verdad con mayúsculas. Y, como lo moral es lo correcto, acertaron. Claro que no todo podía ser perfecto y, entendiendo que si el PP quiere ganar las próximas elecciones generales es rehén del voto de los pensionistas y de otros votantes que se vieron perjudicados por la derogación del decreto, pronto apoyaron recuperar por separado las medidas sociales.
Hasta cierto punto, sería entendible y tolerable que el PP decidiera primar al grueso de sus votantes antes que a otros más minoritarios pero conscientes del perjuicio que supone el dopaje del gasto público. Lo que resulta absolutamente inexplicable es que ayer decidieran apoyar el nuevo decreto acordado entre PSOE y Junts que, aunque descafeinado y troceado, sigue incluyendo la cesión del palacete al PNV y las medidas de protección a los inquiokupas. Con esta decisión dan el relato al PSOE, que ahora dirá que el PP siempre puso excusas con tal de perjudicar al Gobierno y que siempre pudieron votar a favor desde el principio. También es un insulto a todos sus electores, que verán cómo con sus votos se regala un palacio al PNV, y una vuelta a tratar a los ciudadanos como si no fueran adultos.
Desgraciadamente, no parece que los de Génova vayan a rectificar y cambiar su voto por al menos una abstención. Las medidas se aprobarán, el PP se dejará por el camino un cachito más de su credibilidad, el PNV tendrá su palacete y el perjuicio para los ciudadanos permanecerá. Ojalá algún día alguien tenga el valor en España de tratar a los ciudadanos como adultos y deje de ser cierto aquello que decía Albert Rivera de que no se puede decir la verdad sobre las pensiones mientras se quiera llegar a la Presidencia del Gobierno.