Fiscal general, desecho institucional
«Álvaro García Ortiz nunca ha sido fiscal general del Estado. Es el fiscal de Pedro Sánchez»
Ilustración: Alejandra Svriz.
La obligación de todo funcionario público es dignificar la institución de la que forma parte, lo que supone preservarla y respetarla. Es cierto que muchos funcionarios públicos se presentan por necesidad y por encontrar una solución laboral para su vida. Otros, los vinculados a carreras muy específicas como ejército, policía, judicatura… suelen estar motivados, además, por una vocación de servicio público.
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, nombrado para el cargo por Pedro Sánchez, es la antítesis del respeto a las obligaciones y normas que debe cumplir un funcionario público. Repasar sus actuaciones y conductas sólo produce repugnancia. Su nombre está unido a la indignidad pública para siempre. Es evidente que jamás ha sido un servidor público, sino todo lo contrario. Alguien dedicado a servirse de lo público y que debe su progreso profesional a formar parte de una trama política organizada. Son suficientes los indicios para saber que es el perfecto pelota del jefe. Un necesitado del abrigo del poder porque por su valía no llegaba a ningún sitio. Los indicios acumulados durante la instrucción demuestran que es servil, cobarde y mentiroso.
Álvaro García Ortiz es servil porque antepone las necesidades personales de Pedro Sánchez, para su corrupto entorno familiar, a sus obligaciones públicas y profesionales que la ley establece para la Fiscalía. Está a la orden de Sánchez y no al servicio de la Fiscalía. Sabe de sobra, y no le importa, que su miserable actitud convierte a todo el Ministerio Fiscal en un lodazal sin ningún prestigio. Álvaro García Ortiz, por mucho que fuera nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, nunca ha sido fiscal general del Estado. García Ortiz es el fiscal de Pedro Sánchez. Un miembro más de la banda formada por un grupo de mediocres que ocupan puestos públicos, en ese atentado permanente contra la separación de poderes que protagoniza el autócrata Pedro Sánchez. El nombramiento de García Ortiz retrata a todos los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso que votaron a favor del nombramiento de un violador de leyes y un destructor de pruebas. Ejemplar.
«Los fiscales consideran que Álvaro García Ortiz, hace de mamporrero político de Sánchez. Si no dimite, los fiscales deberían tomar medidas de fuerza, para forzar la situación. La huelga de fiscales debe ser una de las opciones»
Álvaro García Ortiz es un cobarde y mentiroso que, lejos de asumir su responsabilidad y los hechos, actúa como un vulgar delincuente, utilizando su derecho a mentir, destruyendo pruebas, inventándose procedimientos que no existen, para tapar su responsabilidad en el delito. Unos delincuentes se desprenden de las armas blancas o de fuego para eludir su responsabilidad. Álvaro García se desprende de sus teléfonos móviles para intentar eludir la suya. Ante el juez no actúa como el fiscal general que fue nombrado, sino como un vulgar delincuente que se niega a contestar. Es más, pretende que otros carguen con su culpa. ¿Se puede ser más miserable humana y políticamente? Puro desecho institucional.
Por su conducta es lógico que más de un tercio de la cúpula de Ministerio Fiscal, trece de los treinta y cinco miembros de la Junta de Fiscales de Sala, haya pedido la dimisión inmediata del presunto Fiscal General del Estado. Consideran que su renuncia no afectaría a su presunción de inocencia pero, después de negarse a responder a las preguntas del juez, debería renunciar para salvaguardar el prestigio de la Fiscalía. Es todo un problema para los fabricantes de relatos de la trama de Sánchez no poder argumentar, como siempre, que los firmantes son de extrema derecha y emisores de fango. Entre los firmantes están las que fueran fiscales generales Consuelo Madrigal y María José Segarra, pertenecientes a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación vinculada a la izquierda de la que era miembro el presunto fiscal general.
Los fiscales consideran que Álvaro García Ortiz, haciendo de mamporrero político de Sánchez, somete a la Fiscalía a «una tensión insoportable que provoca unos daños tan innecesarios como intolerables al prestigio de la Fiscalía, una merma de la confianza de la ciudadanía en ella y un injusto pero real desánimo en la inmensa mayoría de los fiscales». Si García Ortiz no dimite, los firmantes y las asociaciones de fiscales deberían proceder a tomar medidas de fuerza, para forzar la situación. La huelga de fiscales debe ser una de las opciones, aunque no se haya hecho nunca.
Son demasiadas las cosas que nunca se habían hecho hasta que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. Por eso, los fiscales deben contemplar todas las medidas innovadoras, porque nunca se había dado esta situación, que puedan forzar la salida del presunto Fiscal General del Estado. Deben recuperar su prestigio institucional y profesional.
Ante esa situación, Pedro Sánchez podría nombrar ministro de justicia a Álvaro García Ortiz. Faltan unos cuantos meses hasta que sea condenado. De fiscal general a ministro. El recorrido inverso que hizo Sánchez con Dolores Delgado. Todo un mensaje para Bolaños que, como no le mandan a ningún territorio por su nadería política, ahora se autopercibe como el posible sustituto futuro de Sánchez y no para de hacer el ridículo, en sus intervenciones, porque está crecido y además se cree gracioso. Patético.
La quiebra institucional es la consecuencia lógica de la forma autocrática de gobernar de Sánchez. Con el fiscal al borde del banquillo, como su mujer, su hermano y todo lo que afecta a su entorno, las encuestas reflejan el hundimiento de la izquierda. Más del 43% de los votantes del PSOE es partidario de la dimisión del fiscal general. Pedro Sánchez, como gran autócrata, no escucha a la ciudadanía e intenta imponer su relato. Cree que movilizando a toda su banda por España en congresos y manifestaciones, va a cambiar la desastrosa tendencia que lidera. Habla de ganar y hay que recordarle que ha sido derrotado en las últimas elecciones generales, municipales, autonómicas y europeas. A eso el mentiroso le llama ganar.
Como con Franco, todo lo impone el autócrata. Ha blindado el PSOE colocando a los ministros como líderes territoriales. Ni una primaria. Un bloque compacto, de inútiles, que imposibilitan la crítica interna o cualquier alternativa futura en el partido. Pedro Sánchez en Valencia volvió a ejercer de vocero cobarde. Encerrado entre afines, sin pisar la calle y sin ninguna empatía o cercanía con los damnificados, hablando de pensionistas. Qué vergüenza producen los convocantes y asistentes a la cuarta manifestación contra Mazón. La tendenciosidad política les hace perder toda credibilidad. Que esos presuntos damnificados no hayan rodeado el Congreso del PSOE, con Pedro Sánchez y sus ministros, es la prueba de que es una organización política del aparato de Sánchez, movilizados para tapar la responsabilidad del Gobierno central, que es tanta, o más, que la de Mazón. El autócrata Sánchez, una vez más, no tiene ningún pudor en utilizar la desgracia y el dolor como instrumento político. El bajón de las encuestas le obliga a la máxima tensión y movilización. Por eso, han sacado a la calle a los sindicatos verticales, movilizados contra la oposición, y en Valencia repiten el desfile de camisas pardas de Sánchez contra Mazón. Autocracia pura.
