España sigue intentándolo

Ninguna democracia occidental resistiría por mucho tiempo los continuos puñetazos con la que la política del Gobierno somete al Estado de derecho, a la democracia, a la igualdad ante la ley e incluso a la lógica y al sentido común. Un país que ha trasladado su centro de poder real de Madrid a Waterloo donde un fugitivo de la justicia doblega a la soberanía nacional. Un gobierno que a la vez ha sumido en una humillante esclavitud al poder legislativo para intentar gobernar votación a votación, por procedimientos de urgencia y evitando los informes pertinentes de todo tipo de organismos. Intentar sobrevivir a los continuos chantajes de sus propios amigos de esa supuesta “mayoría progresista” donde Junts y el PNV le dejan a menudo en evidencia. 75 derrotas el año pasado. Y no va mejor en este arranque con la derrota de un decreto ómnibus que dijeron que nunca trocearían, nunca, y que 48 horas después trocearon.

No hace falta ir al Congreso para ver este espectáculo. En el propio Gobierno los socios desconfían de todo lo que hacen y dicen los otros. A veces no se les informa o a veces se llegan a insultar. Venden como negociación lo que acaban siendo chantajes. La vicepresidenta Yolanda Díaz es una maestra en una negociación que según su estilo consiste en que las otras partes acaten sin dudar ni matizar todo lo que a ella se le ocurra. La reina del diálogo social que deja fuera a los empresarios cuando no tragan sus modos y propuestas y que ya califican a Díaz como la reina del “monólogo social”.

Se niega a escuchar sugerencias que limiten o frenen en el tiempo sus proyectos. Y cuando algún ministro esgrime cuestiones técnicas previsibles ella acude a papá Sánchez para amenazar con todo y doblegar al Cuerpo que se le interponga. Sabe, como el resto de los socios de Sánchez, que, si se le amenaza con votos, el presidente cede por su dependencia ya fisiológica de seguir en el poder. Lo cierto es que cede también porque sabe que esos anteproyectos o decretos ley tendrán que ser luego refrendados y muchos se quedarán varados en la orilla de una nueva votación derrotada en el Congreso por sus propios socios. 

El “método Sánchez” consiste en conceder lo que exija el socio de turno para se quede contento. “Una patada a seguir” que puede que luego solo dure unos días hasta que la propuesta es machacada en la Cámara Baja por algún otro socio. Se aprueba en Consejo de Ministros, la vicepresidenta lo califica de “día histórico” y ahora corriendo a Waterloo para que, de rodillas ante el que manda, preguntar cuánto cuesta en esa ocasión el voto. Y si no sale es culpa de Junts, y si el chantaje es rentable, pues se paga.

Con estos chantajes consiguieron indultos, la voladura del delito de sedición y la amputación del de malversación en el Código Penal, también una amnistía que, aunque no es efectiva del todo por chapucera, sí ha significado la demostración de hasta donde está dispuesto el presidente del gobierno a mentir y vulnerar la propia Constitución. Pareciera para los más ingenuos que Sánchez había traspasado todas las líneas rojas. Y no. Quedaba por socavar lo más sagrado en la existencia de una nación. De cualquier nación. Sus fronteras. Sánchez está dispuesto a ceder las fronteras en un nuevo chantaje de Junts al exigirle el control efectivo de la inmigración.

La limadura del Estado de derecho está siendo acompañada por la limadura del concepto de nación. La cesión del control de puertos y aeropuertos a unas policías autonómicas que en su corta trayectoria han demostrado su altanería al impedir la coordinación real y leal con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Un gobierno, sea democrático o no, que descuida el control de sus propias fronteras es una nación en fase de derribo. 

A Sánchez no le importan nada las consecuencias mientras le garanticen unos votos a unos presupuestos generales que le permitirían llegar hasta el 27. Y luego intentar seguir como sea. A nadie sorprende. Prefiere dinamitar instituciones como la Fiscalía General del Estado y convertirla en un ministerio más que esté a su servicio para lo que sea y cómo sea. Ya tiene el control del Tribunal Constitucional donde todo lo que pueda ir perdiendo lo irá salvando. Le da igual lo que venga. Ya fueron condenados por el Supremo los expresidentes andaluces y del PSOE, Chaves y Griñán, en el caso de los ERE, y el TC se convirtió en un tribunal de casación por encima del mismísimo Supremo. Ese daño queda. Pronto veremos cómo echan un capote a Dolores Delgado para su nombramiento también rechazado por el Supremo, y si el caso en el que está inmerso el fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, le va mal le acabará yendo mejor acudiendo al TC. Lo veremos.

Se está dibujando un escenario en el que no existe el más mínimo respeto a jueces y prensa libre. Las denuncias de corrupción de los medios son despreciadas con el insulto de que son bulos. Peor es el respeto a la independencia de un poder judicial al que se acusa de lawfare, de intencionalidad política. La mayoría de los jueces, conservadores y progresistas, se escandalizan por esas falsas acusaciones. No solo no hay disculpas, sino que se les acusa falsamente de casta para justificar un nuevo método de entrada a la carrera judicial en lo que puede ya llamarse “la vía socialista”.

Un gobierno que cede el control de parte de sus fronteras, que insulta a la independencia judicial, que entierra al poder legislativo, que amenaza constantemente por lo civil, por lo criminal y por lo económico a la prensa libre, que no asume responsabilidad ninguna sea cual sea el escándalo, es un gobierno irresponsable y peligroso para la estabilidad democrática y para el futuro del Estado de derecho. Eso sin entrar, fuera de nuestra pertenencia a la UE, en la debilidad en que estamos en el plano internacional, en relaciones tan significativas como Marruecos, Reino Unido con Gibraltar y pronto Estados Unidos.

Hay dos citas históricas sobre España, procedente las dos de Alemania, que siempre han despertado enormes dudas sobre la veracidad de los autores de las mismas. Usando aquello de “si non è vero, è ben trovato“, es decir, si no es cierto, está bien inventado, podríamos acudir a la primera en la que Federico el Grande, conversando con su ministro de la Guerra, le preguntó cuál país de Europa consideraba que era el más difícil de llevar a la ruina. Y el propio Federico, al no tener respuesta, se responde y dice: “Es España; su propio gobierno ha intentado durante muchos años llevarla a la ruina, pero sin resultado alguno”. Cita casi idéntica a la que se atribuye al canciller Otto von Bismarck, el unificador de Alemania, que dijo que “la nación más fuerte del mundo es sin duda España. Siempre ha intentado autodestruirse y nunca lo ha conseguido. El día que dejen de intentarlo, volverán a ser la vanguardia del mundo”.

De momento, mucho me temo que seguimos intentándolo.