The Objective
Francisco Sierra

El fiscal general del Borrado

«Este aprendiz del mítico Señor Lobo de Tarantino borrando posibles evidencias no pasará a la historia como un fiscal general ejemplar»

Opinión
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El fiscal general del Borrado

Ilustración de Alejandra Svriz.

El 30 de diciembre de 1981, meses después del golpe de Estado del 23-F, siendo presidente de gobierno Leopoldo Calvo Sotelo, firmaba el rey Juan Carlos I en la estación de esquí de Baqueira Beret la ley 50/1981 por la que se regulaba el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Un Estatuto que en su capítulo primero decía: “El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante estos la satisfacción del interés social”.

“Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad” no fue precisamente lo que ocurrió en el Tribunal Supremo cuando el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se negó a responder a las preguntas del magistrado de la Sala Segunda, Ángel Hurtado, al que en una altanera muestra del respeto que tiene al poder judicial, acusó de estar actuando de manera “predeterminada”. La situación judicial en estos años de trituradora Sánchez es tan aberrante que García Ortiz, el fiscal general, decidió no contestar al juez y contestar solo a la abogacía del Estado, que era su defensa, y a la Fiscalía, que sumisa a las órdenes del propio investigado, se negó a hacerle preguntas. 

En cualquier país democrático con un Estado de derecho que cumpla los mínimos éticos y morales exigibles, esta situación surrealista nunca se hubiera dado. Hubiera dimitido o hubiera sido cesado. No es el caso de España cuyo pedigrí de transparencia democrática va en picado en los últimos años, y lo dicen los informes de instituciones internacionales independientes. No asusta este viaje a esas brigadas de trompeteros equipos sincronizados de opinión que son capaces de comprender y defender la posibilidad de que se cometan delitos por destacados cargos del estado con tal de contrarrestar los presuntos bulos difundidos por el jefe de gabinete de la novia de un ciudadano acusado de fraude fiscal.

En los últimos años, se están produciendo tales destrozos en el Estado de derecho y tales ataques al poder judicial y a la prensa independiente y crítica, que poco a poco van desapareciendo las agarraderas legales y con ello la esperanza de millones de españoles de que la ingeniería destructiva legalista de Sánchez no siga carcomiendo las esencias de nuestro sistema judicial. Quedan pocas agarraderas. Y si hay una que permanece y con la total confianza de todos los ciudadanos en su correcto funcionamiento lejos de mandatos políticos esa es la de la UCO. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en su papel de policía judicial ha demostrado, y sigue demostrando, una independencia total de los vientos políticos del gobierno de turno. 

Para muchos españoles la “palabra de UCO es palabra de Dios”. No así para el Gobierno que lo defiende u olvida en función del caso de corrupción que sea y de si beneficia o perjudica a sus intereses. En su último atestado asegura la UCO que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, borró hasta dos veces los WhatsApp de su móvil el mismo día, apenas seis horas después, en que fue encausado como investigado por el Supremo. Dos veces. Por si acaso el primer lavado dejaba muestras. Por desconfianza a que quedara algún mensaje de los casi seis mil que borró como si fuera con lejía y amoniaco. No parece que teniendo esa cifra de mensajes en su móvil el borrado fuera una acción que hiciera con frecuencia y regularidad. Probablemente, el borrarlo dos veces solo indica la desconfianza en un proceso que podría no haber hecho previamente nunca.

En ese afán de limpieza y borrado del pasado, por un supuesto imperativo legal de seguridad que nadie sabe dónde está escrito, el limpísimo fiscal general del Estado decidió que era también momento de eliminar su propia cuenta personal de Gmail lo que ha impedido a la UCO comprobar también las copias asociadas en el servicio de Google Drive. “Una eliminación deliberada”, así lo califica la UCO, aunque recuerda que la propia Google no descarta que pueda ser todavía recuperada. Doble borrado de mensajes y eliminación deliberada del correo personal. Todo a las seis horas de que el Tribunal Supremo decidiera abrir causa a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos presuntamente cometido con la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso.

En cualquier thriller o novela policiaca o proceso habitual de la policía, este afán de borrar posibles pistas tanto en el móvil como en el correo dispararía las sospechas de que hay intencionalidad de no colaborar con la justicia. Lo parece. La UCO sí ha podido comprobar que hubo una persona, que “fuera del ámbito de la Fiscalía”, contactó con el fiscal general del Estado la noche del pasado 13 de marzo. Fue un periodista de la Cadena Ser que ya ha declarado como testigo ante el juez Hurtado y que fue justamente el autor del artículo de la web de esa cadena de radio que publicó esa noche los extractos del correo electrónico entre el abogado de la defensa de Alberto Gómez Amador, el novio de Ayuso, y la Fiscalía cuya filtración es justamente la causa de la investigación.

Fue la única llamada. La única de la que haya constancia porque fue una llamada realizada por telefonía tradicional. Todas las posibles llamadas que pudieran haber sido realizadas por WhatsApp también fueron borradas. No quedan rastros de sus llamadas y mensajes, ni en el móvil, ni el correo electrónico. Esto en el diccionario sanchista implicaría que, borrado todo, los españoles malpensados que no hemos comprendido la finura ni elegancia en su afán de eliminar todo, deberíamos pedirle perdón.  

Seguramente, visto lo que queda de pruebas, lo que hizo no fue ni ilegal ni mucho menos inútil para él. Seguramente no se pueda saber más allá de lo que dejó tras su limpieza. Este aprendiz del mítico Señor Lobo de Tarantino borrando posibles evidencias no pasará a la historia como un fiscal general ejemplar. Un puesto siempre complejo y que ha puesto en el disparadero a todos sus titulares. Desde aquel diciembre del 81 han pasado por el sillón José María Gil-Albert, que fue nombrado por Suárez y confirmado luego por Calvo Sotelo.

Con Felipe González, figuras como Luis Antonio Burón Barba, Javier Moscoso, Leopoldo Torres, Eligio Hernández y Carlos Granados. Ya en la presidencia de José María Aznar estuvieron Juan Ortiz Úrculo y Jesús Cardenal. Llegó Zapatero y nos encontramos con los siete años de Cándido Conde-Pumpido (actual presidente del Tribunal Constitucional). El mandato de Rajoy empezó con Eduardo Torres-Dulce y continuó con Consuelo Madrigal, José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar. Y con Pedro Sánchez nos encontramos con María José Segarra, con la exministra de Justicia, Dolores Delgado, y con el ínclito García Ortiz. 

Ninguno como García Ortiz ha desprestigiado, deteriorado y contaminado tanto la institución. Su negativa a dimitir a pesar de estar siendo investigado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, desvirtúa el cargo y el nombre. A lo largo de la historia el cargo tuvo distintos nombres. Hasta la Constitución era el fiscal del Tribunal Supremo. También fueron conocidos como fiscales generales del Reino o, en su caso, de la República. 

García Ortiz pasará a la historia como el fiscal general del Borrado. Nadie podrá borrar la mancha que él deja ya para siempre en la institución por su sumisión y obediencia al Gobierno y sobre todo por su negativa a colaborar con la justicia. Ya de ética, ni hablamos.

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