Tiene razón Yolanda

Por una vez y sin que sirva de precedente voy a dar la razón a la ministra de Trabajo. Y lo hago porque la tiene, al menos en gran medida, en el combate político que mantiene con su colega de Hacienda. No deja de ser curioso que las vicepresidentas primera y segunda de Sánchez estén enzarzadas públicamente en una pelea descarnada en torno a si deben tributar o no en el IRPF los 700 euros anuales. Como muestra de la ausencia de cohesión interna en el Gobierno, el hecho no tiene precio.

Vamos a la cuestión. La existencia de impuestos es una condición consustancial con los Estados modernos pues constituye su principal fuente de financiación y, en un escenario democrático, su exigencia debe someterse a determinados principios éticos que por lo general están recogidos en el ordenamiento jurídico de cada país.

Así sucede en España pues nuestra Constitución impone varios requisitos para que el Estado pueda establecer impuestos a los españoles de los que aquí y ahora interesa destacar dos. Uno, al que nos referiremos después, figura en el artículo 31.3 y exige que su establecimiento sea mediante ley. El otro figura en el apartado 1 del mismo artículo citado y obliga a que en su configuración los impuestos graven una capacidad económica. Expresado de otro modo, si no existe un hecho que revele la existencia en una persona de una determinada capacidad no se puede exigir el pago de un impuesto. Y aquí está una de las cuestiones relevantes de la pelea entre las ministras antes citadas. 

Referido al ejercicio 2024, en las normas reguladoras del IRPF se consideraba que aquel español cuyos ingresos anuales no superasen el importe de 15.876 euros anuales -importe del mínimo exento del impuesto- carecía de una capacidad económica gravable pues esa cifra representaba la cantidad de dinero que resultaba imprescindible para la supervivencia de una persona. Sucede que el importe reseñado coincidía con el salario mínimo interprofesional y, debido a esa coincidencia, sus perceptores estaban exonerados de tributar en el IRPF.

Recién comenzado 2025 se ha incrementado el SMI en 50 euros mensuales -700 al año- y por la negativa de la ministra de Hacienda a aumentar el mínimo exento del IRPF, sus perceptores sí van a tener que pagar el impuesto. Cierto es que el importe será escaso -133 euros/año como máximo- pero parece que la ministra de Trabajo se ha tomado la cuestión como una afrenta y bien que hace pues, como dije al principio, en gran medida tiene razón. La tiene porque los de Hacienda pretender obviar que durante 2024 en España ha existido una inflación del 2,8% y esto supone que de los 50 euros mensuales en los que ha subido el SMI, 32 euros se corresponden matemáticamente con la estricta adecuación del citado salario al ritmo de crecimiento del IPC. Solo equivalen a una subida meramente monetaria -no real- que incorporan al importe del SMI el encarecimiento del coste de la vida. No implican un aumento de la capacidad económica real de su perceptor y, en consecuencia, éticamente no deben ser gravados en el IRPF. 

«En la Hacienda sanchista el requisito de que exista capacidad económica para hacer tributar a alguien es un estorbo»

Pero la ética -en realidad su ausencia- que caracteriza a la Hacienda sanchista que dirige MJ Montero es ciertamente peculiar y en ella el requisito de que exista capacidad económica para hacer tributar a alguien es un estorbo. Como lo es su equivalente de que para aumentar la tributación a alguien debe existir un aumento de su capacidad económico. Y, aunque no lo sepa Yolanda Díaz, aquí está la madre del cordero.

En efecto, pese a su voracidad recaudatoria, poco le importaría a la ministra de Hacienda que solo tributasen en el IRPF los 18 euros de aumento mensual del SMI en términos reales pues su pérdida de recaudación se limitaría a 110 millones de euros más o menos. Incluso tampoco le importaría en exceso exonerar la totalidad del aumento, 50 euros, lo que llevaría la reducción de su botín hasta 300 millones de euros aproximadamente. El problema para MJ Montero consiste en que para evitar la tributación del importe en el que aumenta el SMI debiera aumentar el mínimo exento del IRPF, cuestión que afectaría a los 22 millones de contribuyentes del impuesto y tendría un efecto recaudatorio para el fisco del orden de 2.500 millones de euros, importe que dejaría de ingresarse en el IRPF.

Bien es verdad que este no ingreso sería lo lógico y lo ético porque lo contrario sería -será- aumentar la exigencia fiscal a 22 millones de contribuyentes sin que haya aumentado su capacidad económica real. O lo que es igual, incrementar su tributación por el mero aumento monetario -no real- de sus ingresos y hacerlo, además, sin intervención alguna del Parlamento, dado que la inflación resulta ser un impuesto que escapa a la obligación constitucional de ser aprobado por ley. Pero eso es lo que viene haciendo el Gobierno al negarse a deflactar el IRPF cuando lo ético, lo justo, lo equitativo y lo respetuoso con los principios constitucionales sería la deflactación anual del impuesto para evitar gravar aumentos de ingresos solo monetarios.

Pero eso es demasiado para el afán recaudatorio de la ministra de Hacienda por mucho que sea lo que éticamente procede hacer pues la inflación ha golpeado a todos y el coste de la supervivencia se ha elevado para la totalidad de los contribuyentes. Pero ya ha quedado expuesto que la ética y la Hacienda sanchista son conceptos antónimos. De ahí que en el combate singular que mantiene con su colega de Trabajo, la de Hacienda se niegue categóricamente a acceder a la pretensión de Yolanda Díaz.

En definitiva, el combate entre las dos vicepresidentas del Gobierno de Sánchez no es sino una suerte de representación de la disputa entre la ética con menos recaudación y la recaudación sin ética alguna. De momento y salvo que, contra la voluntad de Sánchez y MJ Montero, prospere alguna de las iniciativas legislativas presentadas por diversos grupos parlamentarios parece que el partido lo va ganando la segunda de las opciones en disputa -la recaudación sin ética alguna-. No podía esperarse otra cosa de un Gobierno que preside Sánchez y de una Hacienda Pública que dirige MJ Montero.