The Objective
Juan Francisco Martín Seco

La ministra de Hacienda en Andalucía

«El fin de colocar a ministros como líderes regionales es minimizar la crítica dentro del partido por el trato de favor que se da a la Generalitat y al País Vasco»

Opinión
La ministra de Hacienda en Andalucía

Ilustración de Alejandra Svriz.

En mi artículo titulado Los barones tienen la culpa y publicado en este diario digital el 24 de diciembre pasado, al analizar la ofensiva acometida por Sánchez para colonizar aún más la estructura regional de su partido, me referí de forma especial a la Comunidad de Madrid y a la sustitución de Lobato por Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. Me preguntaba en concreto si este último iba a optar por alguno de los dos puestos o más bien intentaría, lo que parecía más probable, compaginar ambos. Mantener los dos cargos no vaticinaba nada bueno para el desempeño de ninguno de ellos.

Ha pasado tan solo dos meses, cuando el procedimiento se ha replicado en otras federaciones. Parece que son ya cinco los ministros que Sánchez ha logrado colocar sin contestación como líderes regionales. El presidente del Gobierno presenta esta operación como una ofensiva del PSOE para reconquistar el poder autonómico y municipal, pero en el sanchismo nada es lo que parece o, mejor dicho, nada es como Sánchez lo cuenta. La verdadera finalidad que está detrás de esta ofensiva es minimizar la crítica dentro del partido por el trato de favor que se está dando a la Generalitat y al País Vasco a efectos de mantener el Gobierno central.

Temas como la condonación de la deuda o el prometido concierto catalán van, lógicamente, a despertar animadversión en los ciudadanos de otros lugares. Ese miedo es el que ha provocado que no solo los líderes regionales más críticos como García-Page o Lambán, sino otros hasta ahora más cercanos a Sánchez como Luis Tudanca, Espadas o Lobato pusiesen objeciones y mostrasen su lógica preocupación acerca de cómo iban a caer estos hechos entre los respectivos votantes de Castilla y León, Andalucía o Madrid. La política de Sánchez les dejaba desnudos ante la oposición en sus respectivas regiones.

Ha sido la política aplicada a nivel nacional de continuas cesiones a vascos y catalanes, en perjuicio de las otras comunidades, lo que se castiga electoralmente en estos territorios. La decisión tomada por Sánchez de cambiar a muchos de los líderes regionales y colocar en su lugar a personas más dóciles al sanchismo difícilmente va a provocar mejores resultados en las elecciones autonómicas y locales. Ahora más que nunca se identificarán estas candidaturas con Sánchez y con su política. La oposición lo va a tener más fácil.

Resulta absurdo el planteamiento de ciertos medios y periodistas afirmando que la táctica de poner de candidato a un ministro (Illa) había funcionado en Cataluña y por eso Sánchez intentaba extrapolar la jugada a otras regiones. Parece que no tienen en cuenta que la situación en Cataluña es la inversa de la del resto de las autonomías. La primera es la beneficiada por la política del Gobierno, mientras que el resto son las perjudicadas. Una vez más, la finalidad de Sánchez no es la que pregona, ganar las elecciones periféricas, sino controlar la organización interna de manera que no le pongan dificultades tanto en la condonación de deuda como en el concierto catalán, medidas que necesita para continuar gobernando en el Estado y en Cataluña.

«El Ministerio de Hacienda es lo suficientemente importante para que su titular se dedique exclusivamente a esa tarea»

La situación tiene especial gravedad en el caso de María Jesús Montero y Andalucía. El Ministerio de Hacienda es lo suficientemente importante para que el titular del departamento se dedique exclusivamente a esa tarea. Bien es verdad que la actual ministra no ha ejercido nunca como tal. Se ha limitado a poner al servicio de su facción política el poder inmenso de ese departamento. Presiento que la mayoría de los funcionarios de Hacienda sentirán vergüenza ajena (y también propia) al constatar hasta qué nivel ha degenerado el cargo. Ministra de charanga y pandereta. No sabemos si tiene o no tiene conocimientos de medicina, pero, desde luego, carece totalmente de los de economía y hacienda. Lo más grave es que se trajo de Andalucía un equipo con menos preparación que ella.

Ciertamente, Sánchez no la nombró ministra por su sapiencia. Tan es así que siendo la responsable de la SEPI y por lo tanto de la participación del Estado en Telefónica se enteró por la prensa del cese de Pallete. Quiere de ella otras cualidades: perro de presa, animadora de béisbol, agitadora social, arrabalera, sumisa a la causa y, sobre todo, sin escrúpulo alguno en utilizar los recursos públicos y los conocimientos y el poder que concede el cargo en favor de su partido y de Sánchez.

Resulta sin duda escandaloso contemplar a una ministra de Hacienda hablando con la prensa del expediente de un contribuyente y descubriendo datos y aspectos que ni ella misma debía conocer. Según parece, el Ministerio de Hacienda es una de las instituciones que se pretende colonizar y utilizar, como otras muchas, con fines políticos y partidistas. Todo indica que, juntamente con la Fiscalía, se ha usado para crear una trampa con la que desacreditar a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La utilización sectaria del Ministerio de Hacienda se ha manifestado también en el tratamiento dado al caso del hermano de Pedro Sánchez. El informe fiscal realizado a instancia de la jueza era tan bochornoso que ningún funcionario estaba dispuesto a reconocerse como autor y firmarlo.

«La gravedad resulta mucho mayor cuando la malversación se dirige a financiar un partido»

La malversación y el cohecho se están malinterpretando. Este Gobierno ha pretendido minimizar su contenido, reduciéndolo exclusivamente a que exista beneficio personal, entendiendo este de manera muy restrictiva, porque en realidad siempre existe un interés propio. De una o de otra forma, se espera que redunde en provecho de uno mismo. Conviene recordar que la mayoría de las veces los casos de corrupción comenzaron por la financiación ilegal de los partidos y solo más tarde los que desviaban los fondos públicos terminaron pensando que por qué no extraviar algo más para el propio bolsillo.

Siempre he pensado que la gravedad resulta mucho mayor cuando la malversación se dirige a financiar un partido porque, además de ser un robo al erario común, constituye una forma de alterar las reglas del juego democrático. Y no digamos si de lo que se trata es de la financiación de un golpe de Estado como el de Cataluña.

Tendríamos que estar dispuestos a aceptar nuevas formas de malversación, que transcendieran la estricta desviación de numerario. La publicidad contratada por un gobierno cuando tiene como única finalidad la propaganda y las alabanzas acerca de lo bien que lo está haciendo, tiene el mismo resultado que si se distrajese del erario público una cantidad de fondos equivalente al coste de la campaña, y se orientase a engordar las arcas del partido en el gobierno.

Los presupuestos públicos pueden y deben financiar ciertas campañas publicitarias, aquellas que o bien van dirigidas a informar a los ciudadanos, por ejemplo recordar el momento en el que deben cumplir con sus obligaciones tributarias, o bien a promover determinadas conductas útiles y necesarias para la sociedad, como las de tráfico o las de prevención de incendios. Pero cuando la publicidad va orientada simplemente a cantar las excelencias del Gobierno, esta se transforma en propaganda, propaganda del partido en el poder. Hay que preguntarse si en el fondo no estamos en un caso de malversación, o de cohecho.

«No parece que sea Jaén la única plaza que piensa comprar María Jesús Montero»

Algo parecido habría que predicar de aquellos casos en los que se dedican medios materiales y personales públicos a fines privados, sean propios o de un tercero. Al margen de lo que digan los tribunales, no es disparatado suponer que colocar a una amiga en un puesto público financiado con el dinero de todos para que se dedique a los asuntos privados y personales de la mujer del presidente del Gobierno constituye un caso de malversación.

Tampoco parece que nos equivoquemos mucho si consideramos que no está lejos de este delito crear un puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz -gobernada por el Partido Socialista- y lógicamente financiado con recursos públicos, cargo fantasma sin competencias ni tareas, ni siquiera sitio en el que localizarlo, con la única finalidad de regalar un sueldo durante varios años al hermano del secretario general del PSOE.

La gravedad asciende bastantes niveles, si lo que consideramos son las actuaciones que la ministra de Hacienda piensa hacer en Andalucía y cuyo primer acto ha consistido en comprar los votos de la formación política Jaén Merece Más en el Ayuntamiento de Jaén para hacerse con la alcaldía a cambio de condonar la deuda de 600 millones de euros que ese municipio tiene con el Estado. Lo llamemos o no malversación, lo cierto es que se usan recursos de todos los españoles con la única finalidad de que la formación política de la ministra de Hacienda se haga con el consistorio. No parece que sea Jaén la única plaza que piensa comprar María Jesús Montero. Hablan de que ahora anda detrás de la Diputación de Cádiz.

Ciertamente no nos puede extrañar mucho la actuación de la ministra de Hacienda. Ella ya está acostumbrada a cumplir sumisamente desde 2018 las directivas de Pedro Sánchez en esa larga gira de continuos actos de simonía laica que este viene realizando y con los que se mantiene en el Gobierno. Quizás las cesiones en las que aparece de forma más explícita la malversación sean la condonación de la deuda a Cataluña por importe de 15.000 millones de euros y, sobre todo, el proyecto de conceder a esta comunidad un régimen fiscal parecido al del País Vasco.

«Lo que encontramos tras la financiación singular de la Generalitat es el cohecho más insólito cometido por un gobierno»

Si prescindimos una vez más de la representación y de toda la farfolla creada para ocultar la verdadera realidad, lo que encontramos tras la financiación singular de la Generalitat es algo muy simple, pero al mismo tiempo bastante grave: el cohecho más insólito cometido por un gobierno. ¿No hablaríamos de cohecho frente a un funcionario que recibiese un notable patrimonio, por ejemplo, un chalet o algo similar, de una empresa a la que hubiera concedido una importante adjudicación o concesión administrativa?

No parece que exista mucha diferencia conceptual. Solo en la cuantía y en la importancia del fraude. Mucho mayor en el caso de la compra del Gobierno de España. Desconozco si desde la estricta calificación penal podrá en algún momento considerarse como delito, y conllevar penas de cárcel. El derecho puede hacer distinciones. La escolástica siempre las hace. Pero, sin embargo, las conclusiones desde el sentido común y desde la lógica parecen claras.

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