Deudas autonómicas y hombres inferiores

Fue Confucio el que hace muchos años dijo: «El hombre superior entiende lo justo. El inferior solo entiende lo que ha de vender o comprar». Bien parece que estuviera adivinando lo que tiempo después proyectaban realizar Pedro Sánchez y los nacionalistas de ERC con las deudas de las comunidades autónomas de España.

Lo primero que debe hacerse cuando se trata de valorar una decisión es analizar por quién, por qué y para qué se adoptó. En esta dirección, la llamada quita de la deuda autonómica que es ahora noticia trae su origen en un acuerdo suscrito entre dos partidos, la Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista de Cataluña, dos partidos de ámbito local y ambos nacionalistas catalanes. Esa es la primera de las críticas que debe hacerse a lo que ahora se ha comunicado por el Gobierno de Sánchez: que dos partidos de carácter regional y de una misma Comunidad Autónoma sean los que han motivado una decisión que afecta a casi todas las comunidades autónomas, excepción del País Vasco y Navarra, y al propio Estado.

La razón que explica aquel acuerdo es el proceso postelectoral que se vivía en Cataluña en aquellos momentos, en el que se dirimía quien iba a presidir la Generalitat de Cataluña. De nuevo es una cuestión local, la gobernanza de una región, la que condicionó una decisión hoy adoptada que tiene proyección nacional. Ahí radica la segunda crítica. Finalmente, es obvio que, con la adopción de aquel acuerdo, el PSC perseguía y logró comprar, y ERC vender, la investidura de Salvador Illa como nuevo presidente del Gobierno catalán. Esa es la tercera crítica, que para lograr que su dirigente consiguiera el poder en Cataluña, los socialistas aceptaran pagar como precio la obligación de adoptar una decisión que afecta a todos los españoles.

Por si carecieran de relevancia las tres cuestiones expuestas hasta ahora, debe añadirse también que los españoles hemos tenido que contemplar que quien ha hecho público esta decisión del comprador, el Gobierno de España, haya sido el vendedor, Junqueras, un político regional, nacionalista, delincuente condenado por graves delitos contra el Estado y posteriormente indultado por Sánchez a cambio de los votos de su partido en el Congreso de los Diputados. Convengamos que antes de entrar en el fondo del asunto, todo lo que le rodea huele mal, francamente mal.

Y ahora vamos al contenido de la decisión adoptada por el Gobierno de Sánchez. El rechazo frontal y general que provocó el conocimiento del compromiso asumido por los socialistas consistente en condonar 15.000 millones de euros de deuda de la Generalitat -gran injusticia- obligó al Gobierno a prometer casi inmediatamente que la condonación se generalizaría para todas las comunidades autónomas del régimen fiscal común. Desde entonces, y han pasado varios meses, los cerebros grises -y sectarios- del Ministerio de Hacienda llevan trabajando para estudiar el modo en el que con la prometida generalización se beneficiara a Cataluña y se perjudicara a Madrid, los dos objetivos que Sánchez lleva marcados a sangre en su política territorial. Uno para poder seguir en La Moncloa, otro para castigar a una dirigente autonómica que con el éxito económico de la Comunidad de Madrid ha dejado al desnudo el fracaso en la economía catalana de los políticos independentistas y está mostrando las costuras de la política económica de Sánchez, sobre todo en su vertiente fiscal.

«La denominada quita o condonación no es más que un juego de malabar en el que parte de las deudas autonómicas cambian de deudor»

Y ahora, cuando por fin ha parido la montaña, se percibe de manera evidente hasta qué punto son esos dos los objetivos que iluminan la decisión del Gobierno. Como se ha dicho con frecuencia en estas últimas 48 horas, la denominada quita o condonación no es más que un juego de malabar en el que parte de las deudas autonómicas cambian de deudor. Con su aplicación sucederá que una parte de la deuda que corresponde respectivamente a los residentes en cada comunidad pasará a corresponder al conjunto de los españoles. No hay más. Lo que dejen de deber las autonomías aumentará el endeudamiento neto de la Administración central, por lo que debiendo globalmente los españoles -en términos netos- lo mismo que antes, el único cambio será el desplazamiento de la deuda neta que corresponde a los españoles residentes en un territorio hacia los que viven en otro. Ese y no otro es el cambio que producirá lo anunciado.

Y es ahí donde cobran relevancia los injustos criterios utilizados por el Gobierno para determinar los importes de las condonaciones que ofrece como precio de la compraventa de la investidura de Illa. Y es ahí donde se ve la espuria intencionalidad del Gobierno Sánchez. Primero porque, con mucho, el elemento básico utilizado para hacerlo es el volumen de deuda preexistente, parámetro que favorece a Cataluña, pues la mala gestión de los dirigentes catalanes ha provocado que la Generalitat deba prácticamente dos veces y media lo que debe la Comunidad de Madrid -90.000 millones de euros frente a 37.000-. Y ahora, en una irresponsable muestra de lo que es premiar injustamente la irresponsabilidad en la gestión, por deber más se libera a los catalanes de más deuda. Y, por si fuera poco, como criterio adicional se utilizan las respectivas decisiones de cada comunidad en la tarifa autonómica del IRPF, premiando con mayor liberación de deuda a la que haya castigado más a sus contribuyentes -Cataluña- y castigando en sentido contrario a la comunidad que haya moderado la exigencia fiscal a los suyos -Madrid-.

El resultado final es que teniendo ambas comunidades autónomas un volumen de población próximo entre sí, 8.1 millones de residentes Cataluña y 7,1 millones Madrid, la deuda liberada a la Generalitat más que duplica a la que se libera a la CAM, 17.104 y 8.644 millones de euros respectivamente. Tamaña injusticia. Posiblemente se perciba mejor la injusta desigualdad si se expone en términos de deuda per cápita liberada, 2.111 euros por residente en Cataluña, solo 1.217 euros por residente en Madrid. La injusticia es obvia y flagrante.

«Sobre cada madrileño recaerán 353 euros de la deuda liberada a Cataluña pero de la que se libere a Madrid a cada catalán le tocarán 178»

Pero hay más, porque de la deuda que se libere a cada comunidad autónoma responderán el conjunto de los españoles. Quiere decirse que, junto a las cifras expuestas en el párrafo presente, sobre cada madrileño recaerán 353 euros de la deuda liberada a Cataluña mientras que de la que se libere a Madrid a cada catalán le corresponderán solo 178 euros. En definitiva, considerando exclusivamente las dos Comunidades a las que nos estamos refiriendo, en el cambio que se operará en la respectiva posición deudora de cada cual, los residentes en Cataluña mejorarán su posición en 1.933 euros -2.111 de deuda propia liberada menos 178 de la liberada a Madrid- en tanto que la mejora correspondiente a los madrileños se limitará a 864 euros -1.217 de deuda propia liberada menos 353 de la liberada a Cataluña-. 1.933 frente a 864, más del doble, esa es la cuántica que refleja el diferente e injusto trato que Sánchez da a cada una de las dos Comunidades.

Reflejada la síntesis de su decisión, resulta evidente que consiste en privilegiar injusta e infundadamente a unos españoles frente a otros. Es así, por seguir en el Gobierno a toda costa y al precio que sea, Sánchez está dispuesto a cometer de nuevo una gran injusticia. No es factible que en su reflexión Confucio estuviera adivinando antaño lo que Sánchez y sus socios de ERC han acabado haciendo hogaño. Pero sí queda claro que él ya supo diferenciar a los hombres superiores de los inferiores.