México y el fin de los «abrazos» al crimen organizado

La presidencia de Claudia Sheinbaum, que comenzó el primero de octubre del año pasado, en realidad acaba de iniciar, la semana pasada, con la entrega de 29 peligrosos capos de la droga a Estados Unidos. Esta entrega no se realizó siguiendo las reglas del tratado de extradición firmado por ambos países, que entraña un proceso judicial lento y garantista para el inculpado. Se optó por una fórmula que establece la Ley de Seguridad Nacional de 2005, que, apelando justamente a esa razón, autoriza al jefe del Ejecutivo a hacer entregas veloces a terceros países. 

La clave es si esta entrega se hizo cubriendo la cláusula legal que establece que ningún mexicano, extraditado o «expulsado» por las autoridades nacionales, puede ser juzgado en el extranjero con leyes más severas que las que establece la constitución. Así, si estos criminales –presuntos en algunos casos, pero en otros ya juzgados y condenados– son condenados a muerte o a cadena perpetua no revisable en Estados Unidos, Sheinbaum habría cometido una terrible y peligrosa ilegalidad.

Tampoco ayuda como justificación que su equipo legal haya argumentado que la entrega es producto de las dudas que genera el sistema judicial y la posible salida en libertad sin cargos de algunos de los acusados por la corrupción que impera en los juzgados. Esta visión se contrapone, además, con la captura del poder judicial por el Ejecutivo con la «contrarreforma» judicial que hizo Andrés Manuel López Obrador como último regalo envenenado a Sheinbaum, y que esta no solo aceptó, sino que hizo suyo de manera irresponsable y falaz. El sistema judicial mexicano requiere independencia y recursos, no subordinación y avasallamiento.

“La medida es extraordinaria. Implica romper públicamente con la política de ‘abrazos, no balazos’ del presidente López Obrador, que en la práctica significó una convivencia y un pacto con el crimen organizado en México”

Dudosamente legal, la medida es extraordinaria. Implica romper públicamente con la política de «abrazos, no balazos» del presidente López Obrador, que en la práctica significó una convivencia y un pacto con el crimen organizado en México. Esta estrategia no solo entregó el poder político al crimen organizado en el país a nivel municipal, estatal y federal, sino que tampoco garantizó una mayor seguridad para los mexicanos. De hecho, el Gobierno de López Obrador fue el más sangriento de la historia moderna de México, con cifras comparables a un país en guerra o a un desastre natural, sumadas a la impotencia de la impunidad decretada desde arriba. El daño, además, no se limita al poder sobre la vida y la muerte, sino también versa sobre la hacienda y la propiedad, sobre el tránsito de personas y mercancías y sobre la libertad de expresión. Es decir, afecta todas las libertades de un sistema democrático. Son crímenes que han enlutado al país, lo han enajenado y lo han condenado a una vergonzosa claudicación respecto a la razón de ser de todo Estado: garantizar el monopolio legal de la violencia.

Esa venenosa estrategia heredada ha sido finalmente interrumpida por la presidenta, que ha roto los hilos que la unían al «titiritero de Macuspana» (el municipio de Tabasco de donde es originario López Obrador). Eso no quiere decir que este sexenio esté bien enfocado en términos de política económica (por ejemplo, el desastre de la inversión en energía desde una óptica estatista y nacionalista le cuesta cada año al país varios puntos del PIB). Tampoco implica que sus prioridades en seguridad social estén bien establecidas (el caos en salud es colosal), ni que rompa con la lógica de los pequeños pagos o subsidios a distintos grupos y colectivos sociales para mantenerlos adscritos al partido en el poder y al gobierno. Esto tampoco implica una verdadera apuesta por la cultura, la ciencia o el deporte. Asimismo, no significa una rectificación del modelo educativo, reformado de manera exprés e ideológica por el Gobierno anterior, lo cual condena a las clases más desfavorecidas –que utilizan el sistema educativo público por carecer de recursos para acceder al privado– a una formación deficitaria e ideológica que solo perpetuará su círculo de pobreza y dependencia. Sin embargo, sí implica un cambio central en el tema que más preocupa a los mexicanos: el tema de la seguridad.

La medida es producto de las amenazas de Donald Trump al Gobierno de México de cancelar el tratado de libre comercio o de desvirtuarlo con aranceles. Un lujo que México no puede permitirse. Toda su economía depende de formar parte de la cadena de producción de América del Norte, única y fundamental diferencia con el resto de las economías de América Latina. Las cuatro fuentes de divisas que mantienen el peso y los parámetros macroeconómicos estables tienen este origen común: turismo, inversión extranjera, remesas y comercio están atadas a Estados Unidos, lo que garantiza una economía privada en auge, ajena al poder. Los dos Méxicos de Morena: el atado al subsidio público y el emprendedor, atado al dólar.  

Donald Trump, que esta semana ha dado una muestra planetaria de su alineamiento con Putin, para horror de Ucrania y de Europa, y que todos los días socava la democracia que le permitió regresar al poder, tiene razón en este tema. México se había convertido en un narcoestado. Sus métodos de matón de barrio son aborrecibles, pero en esencia ha logrado algo que parecía imposible: que el Gobierno mexicano rompa con su «entente» cordial con el crimen. 

La claudicación de Claudia incluye la entrega de Rafael Caro Quintero, un regalo de alto valor simbólico. Caro Quintero, líder fundador del poderoso cártel de Sinaloa, según cuenta Guillermo Valdés, jefe del servicio de inteligencia del gobierno de Felipe Calderón y autor del indispensable Historia del narcotráfico en México, no solo fue quien ordenó el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, sino que se dice que participó personalmente en su tortura. Su entrega cierra una herida de casi cuarenta años (con un macabro simbolismo: se hizo con las esposas que llevaba Camarena cuando fue encontrado su cuerpo).

La segunda derivada del caso es en clave de política interna. Morena, el partido en el poder, rinde pleitesía ciega a López Obrador, quien además impuso a su hijo como líder del movimiento, pero no puede romper con la Presidencia de México. Veremos cómo maneja esta doble obediencia. Recordemos que el secretario (ministro) de Seguridad Nacional es Omar García Harfuch, brazo derecho de Claudia Sheinbaum, a quien quiso hacer candidato a la poderosa alcaldía de la Ciudad, pero fue vetado por López Obrador. Además, sobrevivió a un atentado del crimen organizado. Doble motivo personal para ir con todo contra la delincuencia. El chiste que recorre México es que solo falta la entrega de «El 30» y un póster con el rostro cariacontecido de López Obrador.

La tercera deriva implica a España. El populismo necesita enemigos internos y externos: chivos expiatorios. En la misma semana en que Sheinbaum entregó a los 29, también organizó un funeral de Estado por el quinto centenario de la muerte de Cuauhtémoc, último tlatoani mexica asesinado por Cortés. La ceremonia no era para hacer un sereno balance de nuestra historia ni para reconciliar las dos raíces que le dan origen: la indígena y la española, sino para denunciar a la pérfida España y su legado colonial. Pura demagogia compensatoria que en España ha pasado desapercibida incluso para alguien con la vista aguda del halcón Albares.