Prostituir las empresas públicas

El avance de la investigación del caso Koldo-Ábalos-Sánchez está proporcionando el conocimiento de nuevos datos, a cada cual más relevante. Entre ellos destacan, por lo llamativos que resultan, los referidos a la contratación en varias empresas públicas de varias mujeres conocidas del exministro y exsecretario general del PSOE con las que éste mantenía una determinada relación especial.

Y no es solo que fueran contratadas por orden, indicación o deseo de Ábalos incumpliendo todos los requisitos formales y éticos que deben regir la incorporación de nuevos empleados a una empresa estatal. Es que, además, una vez contratadas, fueron liberadas de cumplir cualquier función, responsabilidad o tarea en la empresa contratante, incluso del deber de asistencia al puesto de trabajo. En esta última cuestión se observa una coincidencia con lo sucedido en la Diputación de Badajoz en el caso David Sánchez.

Será la Justicia la que determina las responsabilidades legales, penales o no, en las que han podido incurrir los directivos de las empresas públicas afectadas que han contribuido a que sucediera lo que ha sucedido. Tanto los responsables de las respectivas contrataciones como los que han propiciado o consentido el absentismo laboral posterior de manera que presidentes, consejeros delegados, directores generales, directores de recursos humanos y jefes de las unidades a las que fueron asignadas las contratadas tendrán que responder ante el órgano judicial correspondiente por el perjuicio económico ocasionado a la Hacienda Pública por su acción o por su omisión. Que caiga sobre ellos todo el peso de la justicia con la intensidad a la que se que han hecho merecedores.

Qué decir de la dimensión ética del asunto. Que unos responsables políticos recurran a las empresas públicas para favorecer indebidamente el bolsillo de sus acompañantes o el de las acompañantes de su jefe es una auténtica inmoralidad. Pero no es menor la de los gestores públicos que, puestos al frente de una empresa titularidad del Estado, utilicen a ésta para hacer favores a un ministro desviando indebidamente los recursos que deben administrar hacia el bolsillo de las que acompañan al político poderoso. En uno y otro caso, la miseria moral no puede ser mayor. Que perciban de por vida el desprecio de los que creen en la ética pública.

Constatada la existencia de sus posibles responsabilidades legales y confirmada la absoluta ausencia de ética en todos los intervinientes que han sido reseñados, concurre en el caso una tercera dimensión que no quiero ni puedo obviar. Me refiero al alcance político de la cuestión pues es imposible no relacionar los hechos que estoy tratando con el sarpullido que a los socialistas españoles les provocaron las privatizaciones de empresas públicas. Visto para qué y cómo las utilizan se comprende por qué no querían -no quieren- que se reduzca su número. Y aún más, su voluntad y sus decisiones de aumentar el tamaño del sector público empresarial.

«El ‘modus operandi’ de los socialistas constituye una escandalosa prostitución de lo que debe ser una empresa pública»

El asunto está meridianamente claro: cuantas más empresas públicas existan, mayor es el terreno que se puede utilizar para dar rienda suelta a contrataciones como las que se han llevado a cabo en el caso que estamos tratando. Cuantos más gestores empresariales públicos puedan llevarlas a cabo, mayor es el número de enchufados/as que se pueden enchufar. Y ¡ojo! porque en el caso analizado las contratadas han sido solo un ramillete y la causa originaria de las contrataciones tiene carácter sentimental, vamos a llamarlo así. Pero cuenta y no para la hemeroteca las múltiples contrataciones en empresas y organismos públicos cuyo motivo no es otro que proporcionar un sueldo a militantes socialistas y a sus familiares. Recuérdese el escandaloso asunto de los ERE de Andalucía acaecido en la etapa de los gobiernos regionales del PSOE. Los politólogos le llaman a esto clientelismo político. En las barras de bares y cafeterías se le denomina pesebrismo.

Y luego está la otra vertiente, la de invadir grandes empresas privadas mediante el aterrizaje de recursos públicos en su capital, hacerse con su control, enviar paracaidistas para gestionarlas y utilizarlas como instrumento de intervención gubernamental en el mundo empresarial. Basta preguntar en Indra o en Telefónica, constatar lo allí sucedido y comprobar el modus operandi de esta segunda faceta del intervencionismo empresarial socialista.

De modo que está claro. La vocación de sobredimensionar el sector público empresarial está en el ADN de los socialistas españoles pues, con carácter general, el grado de su dimensión está directamente correlacionado con el tamaño de su potencial corrupción y con carácter especial en el caso de las grandes empresas aumenta la potencialidad de dar rienda suelta al intervencionismo que tanto les agrada.

Son las causas expuestas, no hay que buscar otras, las que explican la alergia socialista a las privatizaciones de empresas públicas y su decidida vocación tanto a la constitución de otras nuevas como a la renacionalización de las antes privatizadas. Todo para aplicar en ellas el modus operandi antes descrito lo que constituye, sin más, una auténtica y escandalosa prostitución de lo que debe ser una empresa pública, de lo que es su razón de ser –cuando así sucede– y de como debe ser la gestión en aquellas que existen. Sí es cierto –que lo es– que a mayor Estado, mayor puede ser la corrupción, no puede negarse que a más empresas públicas más posibilidades de prostitución. Entendido este término con el sentido en el que ha sido utilizado, como desviada perversión de lo que debiera ser su gestión.