The Objective
Francesc de Carreras

La niña mimada del Régimen

«La forma de pacificar supuestamente a los nacionalistas catalanes ha sido concederles todo lo que pedían a cambio de que apoyaran en el Congreso a Sánchez»

Opinión
La niña mimada del Régimen

Puigdemont. | Ilustración de Alejandra Svriz

Nada más conocerse la noticia de que retornaban a Cataluña las sedes sociales de la Fundación La Caixa y el grupo Criteria, tras la huida de 2017, el Ministerio de Economía hizo pública una nota en la que destacaba “el impacto positivo de la normalización de la situación política y económica en Cataluña”. La interpretación inmediata de todos los periódicos, especialmente los más vinculados al Gobierno, era que la política de Pedro Sánchez había resultado efectiva para terminar con el procés. ¿Es esto así? 

No, más bien es todo contrario. El procés sigue y en este período, desde que en 2021 se concedieron los indultos a los condenados por el Tribunal Supremo como principales responsables  del golpe de Estado de 2017, el goteo de cesiones a los partidos nacionalistas catalanes ha sido constante hoy. Cuando un niño llora, los padres sabemos que deja de hacerlo si le das lo que pide. Solucionas el momentáneo problema pero, si lo haces a menudo, si le mimas demasiado, educas mal a tu hijo. Esta es la forma en que trata el Gobierno del Estado a Cataluña en colaboración con los socialistas catalanes: no sólo es un trato discriminatorio respecto al resto de comunidades sino que perjudica a la misma Cataluña, la niña mimada del Régimen. 

En efecto, la forma de pacificar supuestamente a los nacionalistas catalanes – ojo, no a todos los catalanes – ha sido concederles todo lo que pedían a cambio de que apoyaran en el  Congreso a Pedro Sánchez, a su partido y a su gobierno. Ciertamente todo ello a un alto coste para el Estado de derecho regulado en la Constitución y las leyes y, además, en ciertos casos, contra los intereses mismo del resto de españoles e, incluso, con un grave peligro para la existencia del Estado mismo. 

Un breve repaso a las principales concesiones, sin agotarlas. 

En primer lugar, repetimos, los indultos en 2021, contra el criterio del Tribunal Supremo que dictó las penas y de los cuatro fiscales que actuaron como acusación pública. Después la supresión del delito de sedición y la rebaja de las penas del de malversación. En el entretanto, el castellano dejó de tener la consideración de lengua vehicular en la enseñanza para que lo fuera solo el catalán, contra toda la jurisprudencia constitucional desde 1985 y el más puro sentido común. 

Más recientemente, la amnistía a estos mismos delitos, una confesión de que el error era del Estado y no de los delincuentes, contrario a la igualdad entre españoles e incurriendo en clara arbitrariedad por no alegar justificación jurídica alguna más allá de la conveniencia política del Gobierno. Y en estos últimos meses, el acuerdo de financiación singular para Cataluña al modo de los fueros vascos, sin  ninguna base constitucional que los sustentara y la creación de una agencia tributaria catalana separada de la caja única de la agencia estatal, discriminatoria respecto a las demás comunidades de régimen común. 

Por último, en los últimos días, el control de la inmigración, competencia exclusiva del Estado según el art. 149.1 de la Constitución que pretende ser trasferida aunque por su naturaleza, claramente, no lo sea, el control de fronteras, puertos y aeropuertos, además de la progresiva retirada de Cataluña de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Al fin se conseguirá una Cataluña sin la presencia del Estado para que pueda cómodamente convertirse, precisamente, en Estado, la gran aspiración del actual nacionalismo. 

Todo ello, además, se está negociando en Ginebra con un líder político que no puede entrar en España por estar perseguido por la Justicia pero que recientemente entró y llegó a pronunciar un discurso a la vista de todos, en el centro de Barcelona, retrasmitido por televisión, huyendo a continuación sin que las fuerzas de seguridad lo detuvieran. El premio a tan descarada burla han sido estas medidas que facilitarán de ahora en adelante su entrada y salida. 

Estamos asistiendo a la destrucción progresiva de las instituciones democráticas desde hace años mediante medidas que vulneran la igualdad entre españoles  y la solidaridad de sus territorios. El gobierno se excede en sus competencias, el Congreso incumple las reglas que rigen su funcionamiento, los jueces están asediados en sus decisiones aunque se mantienen firmemente en su posición y los órganos e instituciones independientes de control, empezando por las Administraciones Públicas, están siendo sometidos a un creciente y constante proceso de abordaje. 

«Estamos asistiendo a la destrucción progresiva de las instituciones democráticas desde hace años mediante medidas que vulneran la igualdad entre españoles  y la solidaridad de sus territorios»

Pues bien, en este negro panorama, La Caixa, según el comunicado en que justifica su decisión de volver a Cataluña, considera que “ya no se dan las circunstancias que causaron su traslado temporal” a Palma de Mallorca en 2017 y Salvador Illa declara que “vamos por el buen camino” y que “la estabilidad institucional, el rigor y la seguridad jurídica son positivos y ayudan a tomar estas decisiones”.

Palabras tanto de la Caixa como de Illa que no pueden quedar en el aire. Por todo lo dicho anteriormente creo todo lo contrario: vamos por el mal camino, la inestabilidad institucional es cada vez mayor, el rigor hace años que dejó de existir y ahora es menor de lo que nunca ha sido, y la seguridad jurídica que debe significar confianza en el cumplimiento de las leyes y en el buen funcionamiento de las instituciones, es literalmente inexistente. 

La Caixa es una entidad privada y puede hacer lo que quiera siempre que respete la ley. Pero los que hasta hoy hemos sido sus fieles clientes también podemos tomar nuestras propias decisiones y abandonar esta condición por el mal ejemplo que está dando al actuar – como ya hizo hace unas semanas al secundar la decisión de exigir la dimisión del presidente de Telefónica en la mismísima Moncloa – por criterios políticos partidistas contra las evidencias que están a la vista de todos. 

Cataluña no está normalizada, España tampoco y, por otros cauces, el procés sigue.  

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