¿Dónde mira la SEPI?

Mira que por razones evidentes tengo un especial cariño a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), no en balde pasé allí casi tres años de mi vida laboral. Pero, ciertamente, no resulta fácil entender la ruta que de un tiempo a esta parte vine recorriendo la entidad si bien es cierto que en dicho recorrido difícilmente comprensible algo o mucho tiene que ver la ministra de Hacienda, pues es a su ministerio al que está adscrita.

Todo empezó en octubre de 2019. En ese momento presidía la SEPI Vicente Fernández, antiguo alto cargo de la Junta de Andalucía que, a consecuencia de su imputación en el caso Aznalcollar, presentó su dimisión inmediatamente. Si no me equivoco, es el primer presidente de la entidad -y de su antecesor, el INI- que resulta imputado. Contra toda costumbre y contra toda lógica, MJ Montero no sustituyó al presidente dimitido hasta marzo de 2021, ¡17 meses después!  Es un caso inédito en la historia de la SEPI, institución heredera del INI, y probablemente en la historia del sector público español. Que la presidencia la entidad accionista de las más importantes empresas públicas, con decenas de miles de empleados directos e indirectos y con las relevantes funciones que tiene, permanezca año y medio vacante es una excentricidad que solo puede suceder con MJ Montero al frente del Ministerio de Hacienda. 

Sucede también además, sea o no casualidad, que fue en ese inusualmente prolongado periodo de presidencia vacante cuando la SEPI procedió a aprobar los rescates a las empresas afectadas por la crisis del Covid de los que, como se sabe, alguno puede resultar fracasado -el caso de Duro Felguera– y varios de ellos han resultado significativamente controvertidos. Uno de estos fue el de Air Europa por 475 millones de euros y hoy de nuevo actualidad por razones judiciales. Otro fue el de Plus Ultra, nunca bien justificado, pues se concedieron 50 millones de euros a una compañía aérea quebrada, sin apenas aviones y casi sin actividad, pues disponía una sola línea aérea en funcionamiento y con escasísimos vuelos. Este último rescate se aprobó el 10 de marzo de 2021, todavía SEPI sin presidente y, casualmente o no, solo dos semanas después fue nombrada para dicho puesto Belén Guala, con antecedentes también en la Junta de Andalucía como su predecesor. 

Queda para la duda preguntarse por qué MJ Montero mantuvo descabezada a la SEPI durante año y medio y por qué el fin del descabezamiento tuvo lugar cuando tuvo lugar. Algunos pueden pensar, y así lo dijeron, que durante el periodo citado la dirigía de hecho el presidente dimitido y que la nueva presidenta no quiso ser nombrada antes de que fuera aprobada la operación Plus Ultra. No nos engañemos, a fin de cuentas el ser precavido -precavida en este caso-  es de inteligentes.

El caso es que la SEPI ha vuelto ahora a estar de actualidad y tampoco para bien. Desde hace semanas se conoce por el sumario del caso Koldo-Ábalos-Sánchez que una empleada del grupo Tragsatec, propiedad de la SEPI, obtuvo su empleo por el exclusivo motivo de ser pareja del entonces ministro de Fomento. Y que, por si fuera poco lo anterior, durante casi tres años no fue jamás a su puesto de trabajo ni realizó tarea alguna para la empresa pública de la que cobraba. Así lo publicó THE OBJECTIVE en su día y así lo ha corroborado después la afectada en su declaración ante el juez.

«Es su responsabilidad que en sus compañías existan sistemas de control para detectar los casos de absoluto absentismo laboral»

Nadie puede pedir a la matriz de un grupo empresarial que controle todas las contrataciones de empleados que puedan realizarse en las compañías que lo conforman. Por ello, no seré yo quien culpe a la SEPI por la contratación de Jésica. Sin embargo, sí es su responsabilidad que en las compañías de su grupo empresarial existan los sistemas de control adecuados para detectar los casos de extremado o absoluto absentismo laboral. Y es evidente que en Tragsatec estos sistemas no existen, no funcionan, o han sido defraudados por algún o algunos directivos de la empresa. Solo así resulta explicable que la flagrante irregularidad laboral se haya podido prolongar tanto tiempo.

Y luego está la falta de reacción ante lo sucedido. El detalle de las circunstancias que rodean al caso Jésica son públicas desde hace semanas y en ese tiempo la SEPI no ha tenido a bien comunicar a la sociedad ninguna actuación tendente ni a la investigación del caso, ni a la búsqueda del responsable o responsables dentro de la empresa, ni al refuerzo de los sistemas de control que se han manifestado insuficientes en el caso. Todavía peor, ha consentido o ha promovido que el presidente de Tragsatec -Jesús Casas- envíe una increíble carta a los empleados del subgrupo afirmando -con toda desvergüenza- que la contratación laboral de Jésica se hizo siguiendo criterios de «igualdad, mérito y capacidad» ¡Hay que tener cuajo! Digo que la SEPI lo ha consentido o lo ha promovido porque de no ser así, tendría que haberlo cesado inmediatamente después de circular semejante carta. Y digo más, por lo que yo recuerdo de la SEPI que conocí, ningún presidente de una empresa participada se atrevería a lanzar semejante carta sin la aprobación o la orden de la más alta dirección de la entidad. 

No obstante, puedo estar equivocado y, aunque no sea probable, sí hay que admitir como posible que el presidente de Tragsa haya actuado motu proprio y con desconocimiento de la SEPI. Si así fuera, mucho está tardando ésta en cesarle. De modo que será el cese o la continuidad de Jesús Casas al frente de la empresa que todavía preside lo que demuestre si la desfachatez de la carta enviada es idea y responsabilidad suya o, por el contrario, es idea y responsabilidad de las altas instancias de la SEPI.