El franquismo revive en RTVE

La semana pasada se ha producido un escándalo monumental provocado por la emisión por RTVE de un documental acerca de los efectos que la pandemia provocó hace cinco años en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid.

Un documental lleno de falsedades, de juicios de valor siempre negativos hacia la gestión del Gobierno de la Comunidad y de manipulaciones de cifras y datos para descalificar esa gestión. Y, sobre todo, un documental que, sin complejos ni reservas, utiliza el dolor de las víctimas y sus familiares para cargar contra el Gobierno de la Comunidad y, en primer y principal lugar, contra su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que todo el mundo sabe ya que es la bestia negra del inquilino –aunque él se cree propietario– de La Moncloa. Pasando por alto, por supuesto, que el vicepresidente Pablo Iglesias era, según declararon el 19 de marzo de 2020 tanto él como el presidente Sánchez, el responsable de las residencias de mayores de toda España.

Después de la pandemia la señora Ayuso ha ganado por aplastante mayoría dos elecciones a la Comunidad de Madrid, señal más que inequívoca de que los madrileños, no sólo no se creen lo que cuenta el panfleto televisado de RTVE, sino todo lo contrario, que aprecian enormemente la gestión y la actitud de su presidenta.

Y todo este aquelarre contra un adversario político, desde la televisión pública, la que dice que está para servir al conjunto de los ciudadanos españoles, la que pagamos todos los españoles para que Sánchez y su clan contraten y paguen opíparamente –insisto, con nuestro dinero– a aquellos periodistas que más le hacen la pelota.

Este escándalo ha coincidido con el artículo que este lunes el empresario francés con raíces armenias y libanesas Joseph Marie Oughourlian, tras tomar posesión como nuevo presidente de El País, publicaba en su periódico en el que decía: «Sería inaceptable que alguien del poder quisiera adueñarse de un medio a los 50 años de la muerte de Franco».

«Oughourlian, en ese artículo, considera franquista cualquier intromisión del poder político en una empresa privada»

Con esta frase resumía su posición de resistencia ante las maniobras que el sanchismo está llevando a cabo para hacerse todavía más con el control del Grupo Prisa. Y para reivindicar el derecho a mantenerse independiente o, al menos, un poco independiente, con respecto al poder político, utilizaba el argumento de que ahora ese poder político no puede comportarse como Franco hace más de 50 años.

Es decir, este empresario amenazaba con acusar de franquista a Sánchez si sigue con sus tejemanejes para convertir al Grupo Prisa en un simple y dócil portavoz del autócrata que nos gobierna. Y ya se sabe que, para los que apoyan al gobierno social-comunista actual, «franquista» es el peor y más descalificador insulto que existe.

Oughourlian, en este artículo, considera franquista cualquier intromisión del poder político en una empresa privada como se supone que es la suya. Entonces ¿cómo considera la intervención de Sánchez expulsando a Pallete de la presidencia de Telefónica y colocando en su lugar a un esbirro suyo? ¿Y que envíe al nuevo presidente de Telefónica con el ministro Óscar López a París para amenazar a Vivendi (propietario del 10% de las acciones de Telefónica) con quitarle el sustancioso contrato que Telefónica tiene con Havas si no vende su participación a algún amigo del Gobierno?

Y aún más, según el ajustado criterio del nuevo presidente de El País, ¿cómo podemos calificar el uso y abuso que Sánchez hace de RTVE? Está meridianamente claro que la respuesta a esta pregunta es inequívoca: se trata de un comportamiento franquista, igual que los otros aquí mencionados, o sea, propios de un autócrata, que actúa como si todo el poder residiera en su voluntad.

«No existe ninguna justificación para que el Gobierno de la nación y los de las comunidades autónomas tengan medios de comunicación»

No es la primera vez que expreso mi opinión de que el Estado debe quitar sus manos de las televisiones públicas, porque no existe ninguna justificación para que el Gobierno de la nación y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas tengan unos medios de comunicación que, en la práctica, está más que demostrado que siempre están al servicio de esos Gobiernos que son los que los pagan.

Sobre esto, dos argumentos se esgrimirán contra mí. El primero, que por qué no privaticé yo Telemadrid cuando fui presidenta de la Comunidad. Tendrán razón, debía haberlo hecho, pero me disuadió el dato de que tuviera más personal fijo que Tele5 y Antena3 juntos y sumados, por eso hicimos un ERE. Y el segundo argumento será que en una democracia liberal tan impecable como el Reino Unido, sigue existiendo la BBC como televisión pública nacional. Ahí no tienen razón porque la BBC no se paga con dinero público, sino con la tasa que paga cada ciudadano que quiere tener acceso a ella.

Pero ahora, ante el escándalo de una utilización tan sectaria y bochornosa como la que acaba de hacer la RTVE sanchista, esa petición tengo que hacerla con más fuerza: es imprescindible que se privaticen todas las televisiones públicas, igual que, cuando se recuperó la democracia, se privatizaron todos los periódicos que venían del franquismo.

Porque, para los que aún no se han dado cuenta, el último resto de franquismo que queda en España es RTVE, y bien que lo sabe y se aprovecha de ello el que presume de ser el más antifranquista.