Democracia parlamentaria sin Parlamento
«Es muy difícil que una democracia parlamentaria, pueda seguir siendo democracia si se elimina el papel fundamental y obligado del Parlamento»
Ilustración: Alejandra Svriz.
Vivimos desde hace años las lamentables consecuencias que nos ha traído las ambiciones de un político que intenta gobernar por encima de algo tan elemental, matemático y ético, como es tener una mayoría estable y continua que le permita sacar adelante sus propuestas de gobierno en el Parlamento. La ya habitual derrota de muchos de sus proyectos en el Congreso lleva el sello de que vienen firmadas con numerosas combinaciones del resto de grupos. Ya solo Bildu le es fiel a Pedro Sánchez y no siempre.
Hasta sus socios de gobierno de Sumar, que venían votando siempre con los socialistas, ya no les apoyan todo. Antes criticaban mucho, pero luego bajaban la cabeza y votaban lo que les imponían porque siempre les pudo más el sillón. Ahora las perspectivas electorales son tan negras, y amenazan tanto su permanencia en esos sillones, que necesitan marcar terreno frente al PSOE y sobre todo frente al creciente Podemos. La ley del Suelo, la exención fiscal para los salarios mínimos y sobre todo la crisis de Ucrania ha llevado a Yolanda Díaz a una escalada de visibilizar al máximo el enfrentamiento con algunas decisiones de Pedro Sánchez. La petición de salida de la OTAN y el rechazo al aumento del gasto en defensa tanto de España como la creación del fondo de 800.000 millones de euros propuesto por la Comisión Europea, han llevado al máximo el sinsentido de un Gobierno en el que una parte de sus propios miembros disparan contra las propuestas de ese mismo Gobierno.
Este sinsentido de gobernar sin apoyo nos ha llevado a una nueva inconstitucionalidad. La segunda consecutiva en la que el Gobierno incumple la obligación que marca el artículo 134.3 de la Constitución de presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado antes del 1 de octubre para que puedan ser examinados y aprobados por las Cortes Generales antes del primer día del primer día del ejercicio económico siguiente. Es decir, antes del 1 de enero del 2025. De nuevo no se ha hecho y estamos con unos Presupuestos prorrogados.
«El papel del poder legislativo, donde reside la soberanía nacional, se sustituye por mesas en Suiza con prófugos y observadores internacionales»
Sánchez y su Gobierno son buenos en mentir. Lo hacen por activa y por pasiva. Mienten porque no reconocen que lo que hacen otra vez es de nuevo inconstitucional. Mintieron en otoño cuando dijeron que antes de negociarlos preferían que se celebraran los congresos de ERC y de Junts, para poder cerrarlos mejor. Mintieron cuando acabó el año y anunciaron que los presentarían en el primer trimestre. Mienten ahora porque termina el plazo y ni siquiera lo están negociando. Saben que no solo ERC y Junts se los tirarán abajo, sino también es probable que Podemos y que incluso desde dentro de Sumar haya gente que tampoco los apoye.
Y si todas estas mentiras eran pocas, las explicaciones desde el Gobierno sobre las cuentas prorrogadas del 23 son cínicas y escandalosas, por lo que supone de desprecio a un régimen democrático parlamentario. Ahora resulta que para el triministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con Las Cortes, Félix Bolaños, los presupuestos prorrogados son «muy buenos, expansivos y progresistas». Pues nada, que se prorroguen un par de años más. El propio Pedro Sánchez dice que no es un problema prorrogarlos porque generan «estabilidad». Inaudito.
Lo que les genera es miedo. Miedo de volver a ser humillados por esa terca realidad que una y otra vez les enseña con derrotas que no tienen mayoría parlamentaria. Le duele a este Gobierno el sistema parlamentario. Desde hace años viene realizando una cuidada y continua demolición de los protocolos y obligaciones que marca nuestro sistema parlamentario. Exhiben sin pudor un desprecio máximo al Senado, una de las dos cámaras de nuestras Cortes, a la que Sánchez ningunea desde hace un año porque su ego no aguanta una mayoría popular en la Cámara Alta. Intentan bloquear su operatividad legislativa con todo tipo de artimañas que han llevado ya a varios conflictos de atribuciones. La tensión política con la tramitación de la Ley de Amnistía, inconstitucional para una de las dos cámaras de nuestro poder legislativo, ha continuado con otros proyectos del Gobierno, exigidos por sus socios independentistas. La reforma de la ley de intercambio de antecedentes penales que permite a presos etarras ver rebajada sus penas por los años cumplidos en prisiones de otros países, fue otra desavenencia que acabó en un nuevo conflicto de atribuciones. Varios van en los últimos meses. Esa figura de nuestro ordenamiento que permite el recurso de instituciones como el Gobierno, el Congreso, el Senado o el CGPJ cuando consideran que otro de ellos está invadiendo sus competencias y que terminan resolviéndose en el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido.
Vendrán más. La bochornosa decisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, secundada por la Mesa con los votos socialistas y de Sumar, de eliminar las enmiendas del Senado al Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, sin pasar por su votación en el Congreso ha superado todo lo impensable en una supuesta democracia parlamentaria. Nunca en los 45 años de democracia la Mesa del Congreso se había apropiado de la soberanía nacional y había evitado que esas enmiendas se votaran por el pleno del Congreso. Su propio letrado mayor, muy cercano al PSOE y al que pusieron en su día a martillazos en su cargo para que controlara la ley de Amnistía, censuraba esta maniobra del Gobierno de Sánchez, al manifestar en la reunión de la Mesa que lo que se hacía era ilegal por atentar contra el artículo 90 de la Constitución. Nada les importó.
Este atropello a la legalidad parlamentaria no es un hecho aislado. El incumplimiento de los procedimientos legales es ya un hábito en el que se incurre o al que se recurre con demasiada frecuencia. Hace poco sabíamos que el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, la número dos del PSOE, la vicepresidenta del Gobierno y la también líder socialista en Andalucía, había decidido prorrogar los módulos de los autónomos en el año 2025 sin que se hubieran aprobado en el Congreso de los Diputados. Otra más. Les da igual que podrían haber tenido el lógico apoyo de la mayoría. Es más fácil pasar del Parlamento.
Se repiten de forma peligrosa acciones políticas de gobierno que evitan el control parlamentario. Los daños se suceden. El Senado aislado y desactivado. Y en el Congreso se evitan los procedimientos legislativos que impliquen informes pertinentes de los órganos consultivos o se multiplican los procedimientos de urgencia para cuestiones que no lo son y de esa forma recortar los tiempos de análisis por el resto de grupos parlamentarios. El papel del poder legislativo, donde reside la soberanía nacional, se sustituye por mesas en Suiza con prófugos y observadores internacionales. Desde Moncloa se desprecia cualquier gesto de acercamiento, diálogo o acuerdo con el principal partido de la oposición. Y sin la más mínima vergüenza se exige luego a ese mismo partido ninguneado que vote en las cuestiones de Estado que solo Sánchez ha decidido y que ni siquiera ha comunicado.
Los caminos democráticos de este Gobierno se están cerrando día sí y día también por la falta de apoyos de sus socios de gobierno y de legislatura. Sería un gravísimo error que desde Moncloa se pensara que el Parlamento no es importante y que se eligieran atajos que dañaran nuestras sendas constitucionales. Es muy difícil que una democracia parlamentaria, pueda seguir siendo democracia si se elimina el papel fundamental y obligado del Parlamento. Hace falta un rearme parlamentario, un rearme democrático de urgencia.
