Ahora ya la conocen muchos

Durante la larga etapa que MJ Montero lleva al frente del Ministerio de Hacienda se han acumulado un rosario de decisiones a cada cual más tremenda, pues la que no es un flagrante error constituye un atropello al Estado de derecho y la que no es una agresión a los contribuyentes supone un incumplimiento a las normas aplicables. Pero todas unidas conforman un paradigma inigualable de lo fatídica que puede llegar a ser la conjunción de la insensatez, el desconocimiento y la ausencia de ética. Un somero repaso de su trayectoria como ministra así lo evidencia.

Así, entre otras hazañas de MJ Montero se encuentran: que se niega a deflactar la tarifa del IRPF, así como otros parámetros del impuesto, pese a que desde que gobierna Sánchez la inflación acumulada supera ya el 20%; que cesó fulminantemente al director del Departamento de Inspección y a la delegada en Aragón de la Agencia Tributaria cuando ambos tramitaron hacia un juzgado el informe de un inspector de Hacienda que destapaba el cúmulo de contrataciones irregulares de mascarillas realizadas por Ministerios y Comunidades Autónomas gestionadas por el PSOE; que calificó a los impuestos sobre beneficios extraordinarios de la banca y de las eléctricas como gravámenes patrimoniales para evitar los requisitos legales exigidos en la creación de un impuesto; Que estableció la cuota de dichos impuestos con base en los ingresos y/o márgenes de los afectados pese a que, supuestamente, gravaban beneficios.

Sigo: que comunicó en directo a varias cámaras de televisión datos reservados de un contribuyente incumpliendo así los deberes de sigilo y secreto a los que está obligada; que hizo o permitió que la Agencia Tributaria mirase por la ventana ante la expatriación fiscal ficticia del hermano de Pedro Sánchez; que hizo o permitió que, sobre el citado tema, la citada entidad enviase un informe anónimo a la jueza que lo requirió, circunstancia anómala e inédita en la historia de la Agencia Tributaria; que ha adverado la concesión del sistema fiscal de cupo a la Generalitat de Cataluña que pactaron el Partido Socialista de Cataluña –PSC– y la Esquerra Republicana –ERC–; que ha calificado pública y reiteradamente el contenido de dicho pacto como una «nueva mirada» para negar la realidad de lo pactado; que ha proyectado una quita de las deudas autonómicas diseñada según órdenes de la reseñada ERC; que lleva dos años consecutivos incumpliendo, junto a sus compañeros de gabinete, la obligación constitucional de remitir al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Presupuestos… En fin, todo un conjunto de lindezas coincidente, además, con ser la ministra de Hacienda que más ha subido la presión fiscal a los españoles.

Sin embargo, hasta bien poco la esencia de todo lo anterior era conocida en detalle exclusivamente por los que siguen los temas tributarios y económicos. Por este motivo, solo una parte de los que siguen la actualidad política conocían en detalle la auténtica dimensión política y ética de MJ Montero. Pero Sánchez, él sabrá por qué, decidió que fuera la próxima candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía y ahí ha empezado a cambiar todo. Trabajándose su futura candidatura, MJ Montero viaja ahora con frecuencia a tierras andaluzas y de mitin en mitin va soltando desenfrenadamente perlas sobre cuestiones de ámbito general. Como consecuencia inevitable, son ya multitud los que la conocen y los que están asombrados por lo que la escuchan decir.

Su penúltima declaración, calificando como «vergüenza» una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resulta más que preocupante. Es cierto que cualquiera, también una vicepresidenta del Gobierno, puede criticar la sentencia de un tribunal, faltaría más. Pero el calificativo de «vergüenza» es inadmisible proviniendo de quien vicepreside el Consejo de Ministros. Es una gran irresponsabilidad y es, sin más, de todo punto inadmisible.

«La presunción de inocencia es un principio jurídico que ilumina el sistema judicial de cualquier Estado democrático»

Pero no fue lo peor porque, impulsada por los aplausos que recibía, MJ Montero se creció y arremetió entonces contra la presunción de inocencia, derecho reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución, precepto que forma parte de su Título I, Capítulo I, Sección 1ª: «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas». La presunción de inocencia es además un principio jurídico –con clara proyección política– que ilumina el sistema judicial de cualquier Estado democrático, cuestión que parece ignorar MJ Montero o, alternativamente, con el que no está de acuerdo.

Ambas opciones son de extrema gravedad. Tan grave es que la vicepresidenta primera del Gobierno desconozca el rango constitucional que tiene en España el derecho a la presunción de inocencia como que se encuentre en desacuerdo con este principio fundamental de toda democracia. La práctica unanimidad de la opinión de todas las personas y asociaciones que se han manifestado al respecto, también y por unanimidad el Consejo General del Poder Judicial, así lo evidencia. Como lo evidencia también la absoluta ausencia de manifestación alguna en apoyo de lo declarado por MJ Montero, ni siquiera entre los suyos. En condiciones normales, lo manifestado por MJ Montero provocaría que dejase inmediatamente de formar parte del Gobierno, fuera por su dimisión o fuese por cese decretado por su presidente. Pero he dicho en condiciones normales, algo que desgraciadamente no sucede en la España gobernada por Sánchez.

En fin, acabando por donde se inicia esta pieza con su título, vamos a tener que agradecer a Sánchez que haya enviado a MJ Montero a disputar la Junta de Andalucía porque, merced a ello, ahora muchos conocen de la ministra de Hacienda lo que antes solo conocían unos cuantos. Y tras haberla conocido, estoy seguro de ello, estarán sobrecogidos al comprobar en manos de quien está desde hace casi siete años la Hacienda Pública española.