¡Montero dimisión!

A gritos, en un mitin, pero a gritos muy fuertes para que se oyera bien, la vicepresidenta primera del Gobierno del Reino de España soltó: “¡Qué vergüenza que se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de las mujeres!» y se quedó tan ancha.

En España, desde hace siete años, son tantas las barbaridades en contra del Estado de derecho que se escuchan de labios de ministros y altos cargos del Gobierno social-comunista que ya es muy difícil escandalizar a nadie. Pero esos gritos de María Jesús Montero lo han conseguido. Todos los demócratas, todos los que creemos en el Estado de derecho, todos los que defendemos la libertad frente a los que tienen objetivos totalitarios, copiados y cobrados de Nicolás Maduro, nos hemos quedado con la boca abierta al escuchar a la segunda autoridad del Gobierno de un Estado presuntamente demócrata y europeo decir una barbaridad como esa.

No sólo eso, sino que se quedó tan pancha ante las ovaciones de sus seguidores. Y a continuación pudimos ver cómo la apoyaban todos los que, de una u otra forma, deben su sueldo a su adscripción incondicional al sanchismo, empezando por la ministra de la llamada Igualdad, que presuntamente es jurista, a la que le faltó tiempo para insistir en la barbaridad que su superior había proferido.

Pero el exabrupto salvaje de la Montero ha servido para dejar aún más claras algunas cosas que están en el origen y en el núcleo de la ideología social-comunista que, para desgracia nuestra, nos gobierna desde hace ya mucho tiempo.

La presunción de inocencia está en nuestra Constitución (art. 24-2) como un derecho que tenemos todos y también está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11). Pero es que ya en el Derecho Romano encontramos la conocida frase in dubio pro reo, que es un principio fundamental del Derecho Penal, que deja claro que, si no se puede demostrar la comisión de un delito, nadie puede ser condenado por él.

“Esa alta autoridad del Estado mantiene, a voz en grito, que los hombres no son iguales en derechos a las mujeres”

Pero lo que la vicepresidenta del Gobierno predica es que los hombres no tienen ese derecho si quien les acusa es una mujer. O sea, que esa alta autoridad del Estado mantiene, a voz en grito, que los hombres no son iguales en derechos a las mujeres. ¿Y por qué no son iguales? Pues muy fácil: porque lo dice ella, que para eso es la segunda del Gobierno y del Partido Socialista y cuenta con el apoyo de todo Frankenstein y sus filósofos e ideólogos wokistas.

Lo malo es que no sólo lo dice ella, sino que en estos siete siniestros años de Gobierno de Sánchez se han ido cambiando tantas leyes y normas que, en la práctica, es verdad que ya no somos iguales. Y la presunción de inocencia de un hombre sólo prevalecerá si cae en manos de jueces que aún están dispuestos a defender la ley tal y como la conocieron en las Facultades de Derecho.

Otra de las consecuencias inmediatas de los gritos de la Montero es una invitación a las mujeres a acusar a los hombres porque, si los jueces hacen caso a esta señora, basta con que una mujer diga algo contra un hombre para que a este se le caiga el pelo, en forma de meterle en el calabozo en ese mismo momento.

En la práctica, cuando una mujer es verdaderamente agredida su caso puede ser tratado como el de aquellas que aprovechan la actual legislación, con ese bodrio legal que es la ley del sólo sí es sí, para denunciar sin pruebas a hombres, y, lo que es mucho más grave, sin motivos.

“La vicepresidenta va a pasar a la historia como la agresora más descarada contra el Estado de derecho del sanchismo”

Esta aberración, defendida con entusiasmo por la que, además de vicepresidenta primera del Gobierno, es ministra de Hacienda, vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE de Andalucía, tiene su origen en uno de los dogmas que el wokismo se ha empeñado en introducir en nuestra vida política y no sólo en la política. Ese dogma es que, como las mujeres han carecido de igualdad de derechos en otras épocas, ahora se las puede considerar como una minoría oprimida por el opresor, que, por supuesto, es el varón heterosexual, al que se le acusa de ejercer el heteropatriarcado, que vaya usted a saber qué es eso. Y, por lo tanto, ahora tienen derecho a quitarles a los hombres la presunción de inocencia.

La agresión al Estado de derecho, a la tradición jurídica occidental, a la propia justicia y al sentido común contenida dentro de las palabras de la vicepresidenta es tan flagrante y tan violenta que un ciudadano normal, que ama la Justicia y que quiere vivir protegido por unas leyes justas y lógicas, sólo puede tener una reacción, que es la de exigir la dimisión inmediata de este personaje, que, después de estos gritos, va a pasar a la historia como la agresora más descarada contra el Estado de derecho en un periodo como el sanchismo, y mira que en este periodo esas agresiones no cesan.

Y lo que también pone en evidencia este episodio es que la derecha ya puede ir acumulando juristas para preparar un sólido y muy grande paquete de reformas de leyes para cuando los españoles le den la oportunidad de llegar al poder.