Presidente 'Bukake'

No es arriesgado conjeturar el tipo de imagen mental que asaltó a un entusiasmado congresista californiano de nombre Jack Kimble cuando se refirió al presidente de El Salvador como “Bukake”. Aludía en modo celebratorio al encuentro que mantuvo con Trump hace unos días: “[El presidente de El Salvador] es uno de nuestros más firmes aliados en la lucha por el debido proceso”, decía en X el pasado 13 de abril. ¿Debido proceso? ¿El de las enmiendas 5 y 14 que establecen que nadie debe ser privado de su vida, libertad o propiedad sin un debido proceso? ¿En serio?

A finales de mayo de 1942 un ciudadano de nombre Fred Toyosaburo Korematsu fue detenido cuando caminaba con su novia por las calles de San Leandro (California). ¿Su delito? Ser estadounidense, pero de origen japonés, e incumplir la normativa promulgada por Roosevelt que expulsaba a los japonés-americanos de la Costa Oeste confinándoles en campos de concentración para prevenir los actos de sabotaje o espionaje en pleno esfuerzo bélico de los Estados Unidos (más de 100.000 fueron así confinados). Previamente, el 7 de diciembre de 1941, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, el presidente Roosevelt había declarado a los japoneses mayores de 14 años como enemigos y, por ello, susceptibles de ser detenidos, confinados o expulsados del país.

Fred Korematsu llevó su caso ante la Corte Suprema alegando la violación, precisamente, del debido proceso (así como del resto de garantías judiciales también establecidas en la quinta enmienda). Por apretada mayoría la Corte Suprema decidió en 1944 (Korematsu v. United States) que la orden ejecutiva de Roosevelt ordenando el confinamiento no vulneraba la Constitución, una sentencia a la que muchos años después (en 2018) el actual presidente de la Corte, el juez Roberts, ha aludido como “gravemente errónea”; que ha sido “derogada por el tribunal de la historia”, y que “no forma parte del ordenamiento jurídico-constitucional de los Estados Unidos”. Fue a propósito de una decisión de Trump en su primer mandato prohibiendo la entrada en Estados Unidos de los nacionales de ciertos países y que la Corte consideró por muy escaso margen como constitucional (Trump v. Hawaii).

No es exagerado afirmar que, junto con Dred Scott (1857), negando a los africano-americanos esclavizados que puedan siquiera acudir a los tribunales en defensa de sus derechos, Korematsu, al hacer de una circunstancia involuntaria como el origen nacional condición de posibilidad de ser recluidos sin haber cometido ilícito alguno, es una de las más ignominiosas sentencias en la historia constitucional de los Estados Unidos. Y parece que volvemos a las andadas.

Las medidas del presidente Roosevelt se ampararon en la Alien Enemies Act, una ley promulgada en 1798 cuando Estados Unidos se encontraba al borde de la guerra con Francia. En 1918 fue enmendada para incluir a las mujeres como posibles destinatarias de las medidas restrictivas y se utilizó durante la Primera Guerra Mundial contra los ciudadanos austrohúngaros, búlgaros, otomanos y alemanes (más de 6.000 de ellos fueron recluidos en campos de concentración, permaneciendo en esa condición hasta dos años después de la finalización de la contienda).

“Entre los deportados figura uno que el propio Gobierno estadounidense ha reconocido que fue detenido y deportado por error”

A mediados de octubre de 2024, en la recta final de su campaña, Trump anunció en un mitin en Colorado su intención de deportar a millones de inmigrantes irregulares con el expediente de esa viejísima ley. Dicho y hecho: el pasado 15 de marzo fueron enviados a una cárcel de confinamiento de terroristas en El Salvador un grupo de más de 260 venezolanos y salvadoreños, presuntos miembros de “bandas” que actuaban en territorio estadounidense. Más allá del exceso que supone considerar que sea una ley aplicable al contexto de la lucha contra la delincuencia de esos grupos y que los pandilleros sean equiparables a “terroristas”, soldados de la Wehrmacht, a kamikazes japoneses, o a contendientes otomanos, entre los deportados figura alguien que el propio Gobierno estadounidense ha reconocido que fue detenido y deportado debido a un “error administrativo”.

Su nombre es Kilmar Abrego García, un salvadoreño que huyó de las bandas en su país natal en 2011 y recaló en Estados Unidos. Abrego, trabajador de la construcción, está casado con una ciudadana estadounidense con la que tiene un hijo de corta edad y aunque fue detenido en 2019, contaba, para más inri, con una orden judicial de no ser deportado a El Salvador precisamente por el riesgo que corría. El Gobierno alega que tiene vínculos con el grupo pandillero MS-13. ¿La prueba? El tipo de ropa que viste. Otras pruebas aducidas han sido refutadas o no tienen consistencia. Pero no ha dado tiempo a que nada de eso se ventilara, con las debidas garantías, en el procedimiento judicial que es propio de Estados civilizados. 

La juez Paula Xinin, encargada del caso, instó a la Administración a la devolución de Abrego, pero cumplido el plazo y no habiendo sido obedecida la orden: ¿qué es lo debido si se quiere, por un lado, no renunciar al control de la actividad gubernamental presuntamente contraria a Derecho sin, al tiempo, arrogarse la competencia de dirigir la política exterior del país? Moviéndose en ese delicado equilibrio, la Corte Suprema ha exigido a la Administración a que “facilite” la vuelta de Abrego, y, en el ínterin, a proveerle de las garantías procesales que le habrían sido dispensadas de no haberse producido su deportación ilegal.

Nada de esto ha ocurrido y no tiene visos de ocurrir. La jueza Paula Xinin insinúa ya que el Ejecutivo está al borde del desacato (¿se acuerdan de los responsables de la Generalitat catalana y de su desobediencia reiterada allá por 2017 a las órdenes del Tribunal Constitucional?), y un tribunal de apelaciones al que ha recurrido el Gobierno sostiene que con su comportamiento la Administración “reduce el imperio de la ley a la ausencia de legalidad y empaña los valores a los que los estadounidenses de opiniones y creencias diversas siempre han mostrado adhesión”.  

“Preguntado el presidente Bukele si ‘facilitaría’ la vuelta de Abrego a EE UU respondió que no era nadie para devolver terroristas a ese país”

La juez Sotomayor lo indicó sin ambages en la templada resolución adoptada el pasado 10 de abril por parte de la Corte Suprema: la legitimación ex post, por la vía de hecho, de una ilegalidad como la que se ha cometido con Abrego es una puerta abierta para que el Gobierno de los Estados Unidos “limpie” de su territorio a cualquier individuo que considere “enemigo”–también a sus propios ciudadanos- mediante su detención ilegal y su posterior traslado a otra jurisdicción. Le basta con ser suficientemente expeditivo como para evitar que un juez llegue a tiempo. Así de simple, así de crudo, así de perturbador.

De hecho, preguntado el presidente Bukele tras su reunión con Trump si efectivamente “facilitaría” la vuelta de Abrego a los Estados Unidos tal y como los jueces conminan a hacer, Bukele respondía guasón que él no era nadie como para mandar a terroristas a Estados Unidos (los acepta encantados a 20.000 dólares la pieza, eso sí). Preguntado Trump si, llegado el caso, deportaría a terceros países a ciudadanos estadounidenses, no lo descartó.

Así que, a fin de cuentas, quizá el lapsus del congresista Kimble era más bien la vívida descripción de lo que ya empieza a tomar cuerpo: todo un bukake al Estado de derecho, a los derechos fundamentales, a la separación de poderes, una muesca, un “visto” más en la lista de requisitos que permitirá a los Estados Unidos de América ingresar con todos los honores en el Olimpo de los regímenes dictatoriales.