El gasto en Defensa, una necesidad y no una imposición

El panorama de seguridad mundial ha experimentado una transformación sustancial en los últimos años, precipitando un replanteamiento profundo de las políticas de defensa, especialmente en el entorno europeo.

La defensa nacional es un bien público, por no ser divisible entre los ciudadanos y su coste marginal es cero, por lo que tiene que ser financiado necesariamente por el sector público. La mayoría de los análisis estiman que es necesario invertir defensa al menos el 2,5% del PIB, para poder disponer de un ejército auténticamente operativo que garantice la soberanía nacional

El gasto militar refleja disparidades sustanciales entre las potencias mundiales y evidencia una tendencia alcista generalizada, desde 2022, con el inicio de la guerra de Ucrania. Según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), el gasto militar global alcanzó en 2023 la cifra de 2,29 billones de euros, lo que ya represento un incremento del 6,8% respecto al año anterior, constituyendo el mayor aumento desde 2009. Este proceso responde directamente al deterioro global de las condiciones de paz y seguridad. 

En términos absolutos Estados Unidos es el mayor inversor mundial en Defensa, con un presupuesto militar de aproximadamente 916.000 millones de dólares, triplicando la inversión de China, 296.000 millones, y multiplicando por nueve la de Rusia, 109.000 millones. India y Arabia Saudí completan el grupo de las naciones con mayor inversión en capacidades militares.

Esta hegemonía norteamericana se traduce en que su gasto militar representa el 68% del total de los países de la OTAN, cuyo conjunto alcanza 1,26 billones de euros. En términos relativos de PIB, Polonia lidera el gasto militar de los países de la OTAN, con un 4,12% del PIB, seguido de Estonia 3,43% y EEUU un 3,34 de su PIB; mientras que España ocupa el último lugar con el 1,29% del PIB.  La razón fundamental es que en España hemos tenido garantizada nuestra propia Defensa por nuestra pertenencia a la OTAN, si bien se producía el denominado efecto parasito, nos aprovechábamos del poder militar de EEUU, sin apenas contribuir a la misma.

“En España el gasto en defensa se situó en 2024 en 19.723 millones de euros, equivalente al 1,29% del PIB, según la OTAN”

Con el retorno de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos, se ha impuesto la necesidad de incrementar el gasto en Defensa en la mayoría de los países miembros. Se estableció en principio el objetivo de que sus miembros superen el 2% del PIB en gasto militar para 2029, compromiso que ya fue ratificado en la cumbre de Madrid de 2022. Sin embargo, existen voces que consideran esta meta insuficiente. El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha reclamado un 3,5%, mientras que el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha llegado a proponer un 5% del PIB como respuesta a la amenaza rusa y que en cualquier caso el 2% hay que cumplirlo durante este ejercicio.

En 2025, la Unión Europea ha adoptado un enfoque radicalmente nuevo respecto a su política de Defensa Común, impulsando un programa de rearme sin precedentes, con el objetivo de crear un Ejército europeo. Sería mucho más adecuado potenciar la eficacia de los ejércitos nacionales y de la propia OTAN. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado el plan ReArm Europe, que contempla una inversión de hasta 800.000 millones de euros en un plazo de cuatro años. Esta iniciativa surge fundamentalmente como una sobrerreacción política directa a la percepción de amenaza proveniente de Rusia.

En España el gasto en defensa se sitúo en 2024 en 19.723 millones de euros, equivalente al 1,29% del PIB según criterio contable de la OTAN. Esta cifra representa un incremento respecto a años anteriores, pero permanece significativamente por debajo del compromiso del 2% adquirido; sin embargo, el pasado 22 de abril, el presidente del Gobierno anunció un sorprendente incremento de los gastos en defensa de 10.471 millones de euros, con lo que se alcanzaría este mismo año 2025 el 2% del PIB. Este aumento se financiaría supuestamente con partidas procedentes de los fondos Next Generation y de extraños “ahorros” de los presupuestos de 2023, los últimos aprobados. El 35% de los mismos se destinarían a mejorar las condiciones laborales de la tropa y la marinería y 3.260 millones a modernizar las telecomunicaciones cifradas de las Fuerzas Armadas, así como a la adquisición de material militar.

Además, este nuevo gasto lo tiene que implementar Pedro Sánchez frente a una parte de su Gobierno manifestándose claramente antimilitarista, sin unos Presupuestos Generales del Estado coherentes con este reto y sin someterlo a la aprobación del Parlamento. Hay que recordar que él mismo defendió, hace unos años, la eliminación del Ministerio de Defensa. Se trata claramente de una operación cosmética, una más, de cara a la reunión de la OTAN el próximo mes de junio, que difícilmente será aceptada conceptualmente en su totalidad por la Organización y que además no permitirá mejorar significativamente la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas. Hemos visto muchas declaraciones cosméticas como el plan de vivienda, o el escudo frente al plan de aranceles de Donald Trump o las ayudas para los efectos de la dana en Valencia

“El sector de Defensa puede funcionar como un importante motor de crecimiento”

Hay que tener presente que el rearme no debe plantearse como una imposición, sino como una necesidad que representa múltiples beneficios potenciales tanto en el ámbito estratégico como económico. Desde la perspectiva de seguridad, fortalece la capacidad de respuesta ante amenazas externas en un entorno internacional cada vez más volátil. En términos económicos, el sector de defensa puede funcionar como un importante motor de crecimiento, especialmente en industrias de alto valor añadido y contenido tecnológico.

Inversiones en este ámbito generan efectos multiplicadores que benefician tanto al tejido industrial como a la investigación y desarrollo, con potenciales aplicaciones duales, civil-militar, que maximizan su rentabilidad social. Hay que recordar que la mayor parte de los avances tecnológicos de los que nos beneficiamos todos los ciudadanos actualmente se han desarrollado en el campo militar como internet, telecomunicaciones, transporte, sanidad, etc.

Adicionalmente, el incremento del gasto en Defensa demuestra solidaridad, cumplimiento de compromisos internacionales y unidad de acción con los aliados, fortaleciendo la posición geopolítica española. La integración en la estrategia común europea de defensa permite, además, aprovechar economías de escala y sinergias en la adquisición y desarrollo de capacidades militares. Sin embargo, la posición dividida del Gobierno español nos convierte en un socio poco fiable desde hace años.

El incremento del gasto en Defensa debe acompañarse de una reflexión estratégica sobre su asignación óptima. Es la nueva naturaleza de la guerra, lo que obliga a revisar los programas de armamento en marcha para adaptarlos a necesidades emergentes como tecnología de drones, ciberseguridad e inteligencia artificial.

“El gasto en Defensa representa tanto una necesidad estratégica como un desafío económico”

Sin embargo, no se debería aprovechar esta necesidad de aumento de gasto, para flexibilizar las normas fiscales europeas ni como ha planteado la Comisión Europea, que quiere que las inversiones en Defensa queden fuera del techo de gasto y no computen hasta el 1,5% anual en el déficit público, además de contemplar la emisión de eurobonos específicos para este fin. Este incremento de gasto en Defensa se debe realizar con una reducción en otras partidas presupuestarias, para no ahondar los déficits públicos. Según el IEE en España se pueden ahorrar unos 60.000 millones de gasto público.

En conclusión, el incremento del gasto en Defensa representa, tanto una necesidad estratégica, en gran medida por ser España una “frontera caliente” con Marruecos por el diferencial de rentas; así como un desafío económico considerable. Su implementación exitosa requerirá un equilibrio complejo entre seguridad nacional y sostenibilidad fiscal, en un contexto geopolítico que exige adaptación, pero también prudencia ante los riesgos de una nueva carrera armamentística global, puesto que las sobrerreacciones políticas siempre son muy peligrosas.