Trabajar menos para producir menos

Un país cuyo primer y más angustioso problema existencial reside en poder pagar cada primero de mes la nómina de las pensiones a una población crecientemente envejecida, verbigracia España, dispone solo de dos alternativas, por cierto obvias, para tratar de alcanzar ese objetivo. La primera consiste en trabajar más horas. La segunda remite a trabajar las mismas horas, pero haciendo las cosas mucho mejor, o sea, aumentando de algún modo la productividad. Y no hay más.

Bien, así las cosas, el Gobierno se esfuerza estos días para encontrar una mayoría suficiente en el Congreso que le permita reducir el periodo legal de trabajo a 37,5 horas semanales. La idea del Ejecutivo, pues, consiste en que trabajemos todos menos, pero manteniendo inalterada, constante e igual a sí misma la productividad. Por lo demás, late en el argumentario de los partidos que avalan el proyecto la vaga idea de que nos encontraríamos ante otro caso práctico de esas situaciones reales que los matemáticos llaman juegos de suma cero. O sea, un escenario en el que nadie saldría perdiendo. 

Sin embargo, resulta de muy elemental sentido común que alguien tendrá que salir perjudicado de esa alteración sustancial del tiempo empleado en trabajar por los españoles a lo largo de un año. O pierden los trabajadores, vía una reducción salarial equivalente en dinero a media hora diaria. O pierden los empresarios, vía una disminución de sus beneficios equivalente en dinero también a media hora diaria. O pierde el Estado, ese mismo Estado que afronta con zozobra creciente la factura de las pensiones, vía subvenciones a fondo perdido a fin de compensar a las empresas pequeñas y medianas que pudieran toparse con una dificultad excesiva para soportar ese quebranto en su facturación. Al respecto, desde el ministerio de Yolanda Díaz ya se insinúa la voluntad de recuperar su oferta inicial a la CEOE, la de premiar con hasta 6.000 euros a fondo perdido a las microempresas, concesión que ahora iría destinada a los negociadores de Junts. 

La idea vuelve a antojarse sencilla: se trataría de que los sectores más eficientes y competitivos de nuestra economía, que coinciden con las empresas de mayor tamaño y volumen de producción, transfieran dinero de modo gratuito – vía impuestos- a los menos competitivos y más ineficientes. Porque, sea quien sea, alguien tiene que perder de modo inevitable.

«La productividad española a lo largo de estas tres últimas décadas figura a años luz de la portuguesa»

Huelga decir que la situación resultaría muy distinta si España, la tan celebrada y cacareada cuarta economía de la Unión Europea, hubiese presentado durante los últimos 30 años un incremento de su eficiencia productiva, o sea de lo que comúnmente se llama productividad, no ya cercano al propio de lugares como Alemania, Francia o el Reino Unido, sino más o menos similar al de Portugal, nuestro modesto vecino peninsular. Pero resulta que la evolución de la productividad española a lo largo de estas tres últimas décadas no sólo ha estado muy lejos de los países líderes del continente, sino que figura a años luz de la portuguesa.

En concreto, y desde el año 1995 hasta hoy mismo, ese indicador ha aumentado un 33% en el país luso frente al muy raquítico y alarmante 6% de España. Cada año que pasa, ellos son un poco más productivos que el anterior; en nuestro caso, ocurre justo al revés. Y estamos hablando de Portugal, no de China o Singapur. Algo, esa disparidad de tendencias tan sorprendente y contraintuitiva, que solo se explica por el explosivo crecimiento en nuestro país de un sector, el del turismo de masas, caracterizado por los bajos salarios ligados a la inmigración, por un lado, y por su intrínseca naturaleza estacional, por otro. Por cierto, en Estados Unidos, cuyo pretendido declive económico tanto preocupa en estas latitudes, la productividad ha subido durante el mismo periodo de tiempo en un 55%, nueve veces más que en España. Repito: nueve veces más. Pero el Gobierno ha encontrado la solución al problema: trabajar menos.