El proyecto ideológico de Sánchez: la erosión del sentido común
«Bajo el manto del progresismo, impone una agenda que sacrifica el bienestar, la seguridad y la libertad en nombre de un relato políticamente correcto»
Ilustración de Alejandra Svriz.
La gestión de Pedro Sánchez refleja un proyecto ideológico que, bajo el manto del progresismo, impone una agenda que sacrifica el bienestar, la seguridad y la libertad en nombre de un relato políticamente correcto. El cambio climático es un desafío real, pero Sánchez lo instrumentaliza para imponer restricciones económicas que frenan el crecimiento, dificultan la competitividad y encarecen la vida de los ciudadanos. Mientras se rechaza el fracking o la energía nuclear por motivos ideológicos, se recurre al gas ruso, alimentando la dependencia energética de autócratas como Putin.
En política exterior, su retórica sobre Gaza pretende agradar a ciertos sectores del electorado progresista, mientras guarda silencio frente a regímenes brutales como el de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta dictadura, responsable de la represión, el exilio forzado y el colapso humanitario, no solo es tolerada, sino también legitimada por Sánchez a través de su política exterior ambigua y complaciente. El alineamiento con China, país con el que España mantiene un abrumador déficit comercial, es otro síntoma de una estrategia internacional incoherente y subordinada a intereses ideológicos, no estratégicos.
En materia migratoria, Sánchez elude los riesgos de una inmigración masiva y desregulada, ignorando la tensión que genera sobre los servicios públicos y la cohesión social. Mientras países como Reino Unido endurecen su enfoque, Sánchez se niega a aplicar medidas efectivas de control fronterizo, oponiéndose incluso a infraestructuras necesarias como los muros en Ceuta y Melilla.
Las políticas de identidad que promueve —como la ideología de género en las aulas o las cuotas de paridad en el sector público— siembran división, fomentan la discriminación inversa y socavan la meritocracia. La cultura de la cancelación, alentada por sectores afines a su gobierno, amenaza la libertad de expresión y transforma el debate público en una trinchera de censura moral.
En el ámbito económico, su política fiscal punitiva castiga a empresas y emprendedores, mientras se promueve una renta básica universal que, lejos de combatir la pobreza estructural, desincentiva el trabajo y convierte al Estado en un repartidor de subsidios para afianzar clientelas políticas. En educación y sanidad, se rechaza la colaboración con el sector privado y se limita la libertad de elección, apostando por un modelo monolítico que prioriza el control estatal sobre la calidad y la eficiencia.
Pero la deriva más alarmante de su mandato es su pacto con fuerzas abiertamente contrarias al orden constitucional. La entrega política a EH Bildu, una formación con vínculos históricos con el entorno de ETA, y la humillante sumisión ante Carles Puigdemont, un prófugo de la justicia por intentar un golpe separatista, constituyen un grave retroceso institucional. La amnistía a los golpistas catalanes, promovida a cambio de apoyo parlamentario, debilita el Estado de derecho y convierte la ley en moneda de cambio partidista.
La cesión diplomática frente a Marruecos, incluyendo el giro unilateral sobre el Sáhara Occidental, traiciona tanto al pueblo saharaui como al consenso histórico de la diplomacia española. Finalmente, la manipulación de los medios públicos —convertidos en herramientas de propaganda— termina por cerrar el círculo de una democracia que cada día se ve más empobrecida por el sectarismo ideológico, la desinstitucionalización y el desprecio por el pluralismo.