La desidia moral de nuestra política

La vida política española ha entrado en tal estado de desidia y de molicie moral que es imposible que, ocurra lo que ocurra, haya alguien que asuma alguna responsabilidad. Ni el susodicho o susodicha, ni su jefe o jefa. Nadie. Tenemos una casta política completamente rebozada en una silicona vergonzante. Todo les resbala a estos elegidos. 

Ante cualquier crisis o escándalo, el protocolo que ya ha adaptado nuestra clase dirigente es la de negar siempre los hechos, solo segundos antes de acusar a los medios de que todas sus informaciones sobre corrupción son meros bulos. Luego llega el escuadrón de opinión sincronizada con Moncloa que añadirá a la condición de bulos la de meros recortes de prensa como si eso las despreciara y con ello intentaran justificar que no confirman nada.

Cuando la investigación policial o judicial sí lo confirma con sus actuaciones o documentaciones empieza la fase de mancharlo todo con la etiqueta de “fachosfera” como si, con ese infantil y devaluado insulto, bastara para justificar y defender la inocencia de los protagonistas del hecho. 

Todo el maremoto de casos de corrupción que rodean al presidente en su entorno familiar y político han provocado una respuesta gubernamental que está suponiendo el mayor desprestigio que puedan sufrir los poderes del estado. El acoso del Gobierno y sus socios al poder judicial es paralelo a la degradación de un Congreso de los Diputados que han convertido en un casino de pueblo lleno de gritos e insultos pero sin apenas actividad legislativa.

Estamos ante un Gobierno bloqueado por su incapacidad para sacar mayorías, que ya ha perdido más de cien votaciones y que tiene pánico a toda votación que pueda perder. Un miedo que le hace incumplir la Constitución por segundo año consecutivo al no presentar proyecto de Presupuestos Generales. Sin capacidad de maniobra más allá de los chantajes que pague, apenas puede sacar proyectos legislativos.

Este presidente de Gobierno decidió hace tiempo que tampoco iba a cumplir con la obligación de responder a la básica tarea de control al Gobierno por parte de la oposición. Son indignantes esas sesiones que se siguen llamando “de control al Gobierno” y en las que da igual lo que se pregunte porque la respuesta será sobre otro tema y siempre con insulto añadido a la oposición.

Da envidia contemplar cualquier sesión parlamentaria en cualquier democracia normal europea. Siguen sujetas a unos mínimos éticos y políticos, donde los parlamentarios discuten, se enfadan, pero hablan de lo que se les pregunta. Sánchez ahora cuenta en la Moncloa con tuiteros que le escriben chascarrillos que no tienen que ver con la pregunta y que son supuestamente graciosos para sus fieles y siempre insultantes para sus opositores. Ya solo contesta así en el Congreso. Al Senado ya ni va.

Todo da igual en esta España en la que casi un mes después del apagón el Gobierno sigue sin dar explicaciones sobre las causas. Pronto veremos que al que pregunte le contestarán acusándoles con que son cosas del pasado.  Se acerca el momento en que lo den por cerrado sin que se expliquen las causas reales, más allá de alguna ideologizada acusación de que la electricidad de las centrales nucleares es mala para los españoles si viene de centrales españolas y un alivio si viene de centrales nucleares francesas. 

Con este episodio del apagón han creado, sin embargo, una nueva doctrina, hasta ahora no trabajada en ningún lugar del mundo, sobre el concepto de responsabilidad política de lo que ocurra. Esta nueva doctrina emanada de la Moncloa tiene dos puntos fundamentales y un anexo obligado. El primer punto consiste en acusar a cualquiera que pase por allí, aunque no tenga responsabilidades, del hecho grave que haya ocurrido. A ser posible se buscará que la acusación vaya siempre contra alguien de “la derecha”.

El segundo punto consiste en vender que lo importante no es que haya ocurrido un desastre, sino que lo fundamental es que se ha arreglado. Y que ha sido gracias al interés, preocupación o actuación de alguien del Gobierno. Aquí da igual que se tarde más de diez horas en arreglar el apagón, o más de 24 horas en desatascar el caos ferroviario, o medio día en levantar la telefonía fija de varias comunidades. Es mayor el éxito de la recuperación que el fracaso de un país supuestamente moderno.

El anexo obliga a que el mérito del arreglo sea siempre vendido por el propio presidente o por uno de sus dos óscares. Tanto Óscar Puente como Óscar López, esos dos vendedores agresivos, alabarán lo bien que lo han arreglado. En paralelo, a todo el que critique o solo pregunte por las causas se les calificará de facha y antiespañol. Da igual la magnitud del caos que haya provocado el sufrimiento de millones de ciudadanos. Nadie dimite, se dice que se está investigando y se sacude al PP. Preferiblemente al presidente valenciano Carlos Mazón. 

Y es que Mazón se ha convertido en la mejor defensa y ataque del gobierno socialista. El que salga su nombre provoca siempre efectos paralizantes en el PP. Carlos Mazón ha demostrado grandes habilidades en estas tareas de evasión de responsabilidades políticas y éticas. No seré yo quien olvide las tardanzas y falsas excusas del gobierno central en las ayudas y decisiones tomadas el día después de la dana. Pero tampoco debemos olvidar a este presidente chantajista que desde el primer día de su mandato ha impuesto su supervivencia política por encima de cualquier cuestión ética y moral. Mazón es el mejor aliado del gobierno porque sigue siendo el mejor argumento socialista para contrarrestar cualquier ataque. 

Anuncia Sánchez, siete meses después de la dana, que va a reunirse con los afectados de la dana. Siete meses. Y será en Valencia. No se atreve a acudir a la zona de las riadas tras su famosa huida de Paiporta. Siete meses es mucho, pero peor es lo de Mazón que todavía no lo ha hecho, más allá de algún gesto con algunos. Sánchez sabe que está en sus peores momentos políticos y necesita desviar la atención de la caravana diaria de procedimientos judiciales y exclusivas informativas de escándalos de todo tipo. El problema de nuestros políticos, de no afrontar de cara sus responsabilidades éticas, políticas y judiciales, lejos de disminuir, crece. La confianza de los ciudadanos sufre con cada caso. 

Y pocos hechos están haciendo tanto daño a la reputación de la clase política como la huida del líder socialista extremeño, Miguel Ángel Gallardo. Incluso ha provocado el harakiri de cinco compañeros para entrar a pisotones en la Asamblea de Extremadura. Ha buscado convertirse en aforado y evitar así que sea la Audiencia Provincial la que juzgue el caso del hermano de Pedro Sánchez. Ahora se paraliza todo y tiene que ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia y no por una Audiencia que había manifestado en varias ocasiones su apoyo al trabajo de la jueza de instrucción.

Gallardo que siempre negó que fuera a hacer lo que ha acabado haciendo, dice ahora que en realidad se trata de un éxito de la democracia porque ahora podrá estar presente en la Asamblea. ¿Y la culpa? Por supuesto, de los jueces y de la prensa. Faltaría más. No olviden que los proyectos más urgentes y necesarios en esta legislatura, según este gobierno, son el de crear nuevos accesos maleables a la carrera judicial y fiscal y la de controlar la libertad de medios.