¿Normalidad en Cataluña?

El ministro Félix Bolaños afirmaba el domingo pasado en declaraciones a La Vanguardia: “Ya es un hecho la normalización política, social e institucional de Cataluña». Los hechos no son discutibles, lo que puede ser objeto de controversia son las opiniones. Pues bien, lo que dice Bolaños, a mi parecer, no es un hecho, sino una opinión, respetable, pero opinión. Por otra parte, una opinión que se generaliza peligrosamente cada vez más, pero de la que discrepo. Veamos.

El término normalización contiene cierta indeterminación, pero, en este caso, sobre todo si lo examinamos desde las facetas política e institucional, podemos interpretar que un país está normalizado cuando las leyes se cumplen en general, tanto por parte de las autoridades como de los ciudadanos. Pues bien, en la Cataluña de hoy -y no sólo en la de 2014 hasta 2019- un cierto tipo de leyes, las que afectan a cuestiones que interesan a los nacionalistas, sistemáticamente no se cumplen, tampoco ciertas sentencias. La mayor parte de las veces por las autoridades, en algunos casos por los ciudadanos sin que las autoridades, como es su deber, lo impidan. 

Tomemos el ejemplo de la universidad. 

El profesor Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad  Autónoma de Barcelona desde hace muchos años, con prestigio académico en toda España, es vicepresidente de la asociación Impulso Ciudadano que desde hace varios años denuncia ante los jueces y ante la opinión pública los desafueros que se cometen sin que las autoridades catalanas los impidan. 

Pues bien, por todo ello, también desde hace años e, incluso, muy recientemente (véase la crónica de Laura Fábregas el 17 de este mes en TO), Rafael Arenas ha recibido amenazas de un grupo que se autodenomina “Estudiantes Antifascistas” (aunque sean lo contrario) y que introdujeron un escrito por debajo de la puerta de su despacho acusándolo de xenófobo y españolista. El hecho es que estaba programado en su Facultad un acto sobre “España y Europa ante el nuevo escenario” organizado por la asociación de estudiantes S’ha Acabat (“Basta ya”). La reacción de la autoridad académica no fue la de tomar las medidas oportunas para que se pudiera celebrar tal acto, sino la de suspenderlo.  Los antifascistas/fascistas ganaron la partida con el apoyo de la autoridad académica, las libertades de reunión y de expresión fueron derrotadas. ¿Esta es la normalidad política e institucional, señor Bolaños?

También hay que denunciar el caso de Félix Ovejero, profesor de filosofía política de la Universidad de Barcelona, muy conocido y reconocido por sus numerosas publicaciones, tanto en forma de libro como de artículos, académicos o periodísticos. Recientemente, bajo el título de La razón en marcha, el escritor Julio Valdeón publicó en Alianza Editorial una larga entrevista con Ovejero en la que explicaba su trayectoria personal, académica y política. Ahí puede verse su talante intelectual y su fecunda obra. 

Pues bien, Ovejero es profesor titular desde 1987 (hace 38 años), está habilitado como catedrático desde 2012 y se le han reconocido seis tramos de investigación, los máximos posibles.  Sin embargo, su departamento de sociología no ha sacado la única plaza de catedrático vacante desde hace años y la fundamentada sospecha es que se quiere impedir que la obtenga, pues su currículum es de largo el mejor del departamento. Pero Ovejero ha dedicado buena parte de su obra a ser crítico con el nacionalismo, con todo nacionalismo, y esto en Cataluña está mal visto. Para ello se ha establecido en las universidades catalanas el filtro de conocer el catalán a fondo, requisito que se pide sólo cuando conviene. Mejor un ignorante en catalán que un sabio sin dominar esta lengua. Así va la universidad catalana. ¿Esta es la normalidad política e institucional, señor Bolaños?

Muchos más hechos -hechos, no opiniones- podríamos sacar a colación. Vean las webs de Impulso Ciudadano, de Sociedad Civil Catalana o de la Asociación por la Tolerancia, tres asociaciones constitucionalistas que luchan casi en solitario -y desde luego sin el apoyo del Govern de la Generalitat, aunque sea socialista- por la libertad y la igualdad entre catalanes que sólo puede asegurarse por el cumplimiento de las leyes, es decir, el respeto al Estado de derecho. Allí encontrarán estos hechos.

Porque en la falta de respeto al Estado de derecho está el meollo de la cuestión. El eje central que explica este período que denominamos procés es el desprecio por el Derecho, por la Constitución y el resto del ordenamiento, así como por las sentencias judiciales. Cuando se produjo la ruptura con el Estado de derecho, a fines de 2012, empezó el procés que no ha terminado y todavía sigue.

Hemos hablado de algunos casos sucedidos en las universidades catalanas, pero también podríamos mencionar muchas otras instituciones que desafían constantemente la legalidad, en cuestiones de fondo o en aspectos simbólicos: sólo banderas catalanas en los ayuntamientos y otras instituciones públicas, el catalán como lengua única sin respetar el bilingüismo y la cooficialidad, la propaganda política incesante de los medios de comunicación públicos y también los privados que sobreviven por las subvenciones de la Generalitat. ¿Esta es la normalidad política e institucional, señor Bolaños?

«Que no nos engañen y, sobre todo, que no nos engañemos. Cataluña vive en estado de anormalidad desde hace años»

Que no nos engañen y, sobre todo, que no nos engañemos. Cataluña vive en estado de anormalidad desde hace años. Y así seguirá mientras desde el gobierno central -y su sucursal partidista, el gobierno de la Generalitat- se vaya premiando su constante estado de insurrección mediante indultos, amnistías, financiaciones singulares, cesión de competencias en vigilancia en las fronteras, retiradas de la guardia civil y de la policía nacional, entre tantas otras concesiones de nuestro débil y chantajeado Gobierno central. También mientras se dialogue en Ginebra o en Waterloo con un líder político fugado de la justicia en lugar de hacerlo en el Congreso de los Diputados.

Y, además, no lo olvidemos, mientras la llamada sociedad civil catalana, también denominada burguesía catalana, es decir, los Círculos de Economía, Fomento del Trabajo, Círculo Ecuestre, grandes colegios profesionales y tantas grandes empresas, entre ellas las del grupo La Caixa, alienten y apoyen el topo nacionalista que corroe el Estado de derecho en Cataluña y en España hasta que logre destruirlo. 

Cataluña es el problema, la España constitucional es la solución.